La declaratoria de Wirikuta, en San Luis Potosí, como “Reserva de la Biósfera”, y por ende área natural protegida, hecha en el último tramo de la administración del ex Presidente Felipe Calderón, no prosperó debido a que compañías mineras e incluso ejidatarios promovieron amparos, lo que convierte a la zona, en un punto aún más vulnerable, advirtieron representantes del Gobierno de San Luis Potosí y académicos.
En declaraciones al diario Pulso de San Luis, el 4 de junio, el titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Manuel Barrera Guillén, aseguró que la declaratoria de Calderón “fue algo muy aventurado del gobierno federal de la administración anterior, que intentó sacarlo un mes antes de dejar la Presidencia de la República”.
Wirikuta es, dentro de la cosmogonía de los indígenas wixárica (huicholes) ya que según sus creencias la creación del mundo ocurrió en este lugar, uno de los sitios más sagrados de su cultura. Se ubica en un espacio de aproximadamente 14 mil hectáreas en los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz y Villa de Ramos. Desde 1998 es parte de la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En esta zona, el Gobierno había entregado al menos 22 concesiones mineras a la empresa canadiense First Majestic Silver Corp en el área de Real de Catorce, a través de la mexicana Real Bonanza SA de CV. El 70 % de las 6 mil 326 hectáreas de la superficie concesionada está dentro de la reserva.
En diciembre del 2011, se anunció el lanzamiento del Proyecto Universo, de la también canadiense Revolution Resources, que pretendía explotar recursos minerales en 59 mil 678 hectáreas en esta área, lo que representa el 42.56 por ciento de la superficie total de la zona. Hasta febrero de este año, el proyecto aún tenía cuatro concesiones mineras activas.
OTRA MÁS DE CALDERÓN
El 24 de mayo del 2012, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, anunció la creación de la Reserva Minera Nacional en 45 mil hectáreas de Wirikuta.
Así también, la First Majestic Silver Corp entregó a la Federación 761 hectáreas de un lote minero para la Reserva Minera Nacional, dando la impresión de que con estas medidas el área estaría libre de explotación.
Un día después, el 25 de mayo, el Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta advirtió que ninguna concesión minera había sido cancelada, que los trabajos de la First Majestic, Revolution Resources y jitomateras seguían su curso, lo que mostraba que la supuesta protección era más un acto mediático que una auténtica voluntad política de resguardar una región única por su valor ecológico, cultural y espiritual, así como el respeto a una cultura milenaria.
Cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la Reserva Minera Nacional (fines de julio del 2012), el Consejo, a través del Frente en Defensa de Wirikuta, emitió un comunicado en el que declara que “la creación de la Reserva Minera Nacional no resuelve el problema de las concesiones mineras y agroindustriales en Wirikuta” y que seguían vigentes las 79 concesiones mineras que existían antes, ocupando las mismas 98 mil hectáreas, que constituyen el 70 por ciento del Área Natural Protegida.
En diciembre del 2012, antes que terminara el periodo de Calderón, el Decreto para que Wirikuta fuera Reserva de la Biosfera no procedió, ya que dos ejidatarios del Municipio de Catorce interpusieron un amparo para que no tuviera efecto, quedando como tarea pendiente para la nueva administración dar seguimiento al caso.
Ante esta situación el Frente en Defensa de Wirikuta presentó su posición ante la suspensión del decreto poniendo énfasis en que “los amparos interpuestos en contra del citado procedimiento están basados en una serie de argumentaciones falsas promovidas por el gobierno municipal de Catorce, junto con la empresa minera First Majestic Silver a través de una deshonesta campaña de desinformación, basada en mentiras deliberadas y sin ningún sustento.”
Reiteraron que la Reserva de la Biosfera deberá “respetar completamente tanto los derechos culturales de nuestro pueblo wixárika, como los de los habitantes de la región a mejores niveles de vida que los tan destructivos que ofrecen los intereses de la megaindustria.”
La protección de Wirikuta ha motivado movilizaciones a favor de su preservación. Foto: Cuartoscuro.
LAS POSICIONES
Según Barrera Guillén, la declaratoria fracasó porque “lo aventaron, generó un conflicto, los amparos procedieron y ese tema está parado (…) Se lleva mucho tiempo en ir a consultar a la gente a las comunidades, lo que no se hizo antes de la declaratoria de Wirikuta”.
Aseguró que el gobierno de Calderón “nunca supo que ya había una declaratoria estatal y nunca preguntaron ni al estado ni a las comunidades ni se puso a consulta”.
Por su parte, el investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), José Antonio Ávalos Lozano, advirtió que el fracaso de la declaración como reserva natural protegida aumentará la vulnerabilidad de esa región, principalmente por el saqueo de sus propiedades como el peyote.
La delegada estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ivette Salazar Torres, aseguró que no hay ningún trámite del cambio de uso de suelo que solicite alguna empresa minera para instalarse en el área natural protegida de Wirikuta, y “no hay nada tampoco en oficinas centrales”.
Indicó que para la intervención de esta dependencia, tiene que existir una solitud de trámite para cambio de uso de suelo o Manifestación de Impacto Ambiental, lo cual reiteró, hasta el momento no existe, “y en el momento que sea así va a ser un tema público y en cualquier momento se puede consultar a través de transparencia si se tiene algún procedimiento al respecto”.
Sobre la petición de autoridades del pueblo Wirrárica, en el sentido que sean canceladas las concesiones mineras, dijo que la Semarnat no cuenta con un procedimiento al respecto y aclaró que esta dependencia federal es normativa, “nos apegamos obviamente a la legislación y en este caso lo que se hace en Semarnat son trámites antes de que empiece alguna actividad que pueda perjudicar o dañar al medio ambiente, como el caso del uso de suelo en la Manifestación de Impacto Ambiental, nosotros no tendríamos atribuciones para emitir ninguna recomendación a la autoridad, sino más bien tenemos la obligación de apegarnos a la normatividad y si en algún momento hubiera una modificación apegarnos a ella y tenerla por entendida”.
