Profesores acusados de violencia de género en contra de alumnas han recurrido a amparos, lo que retrasa los procedimientos y por consiguiente las sanciones a los imputados, expuso Urenda Queletzú Navarro Sánchez, defensora de derechos universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Detalló un caso en particular cuya investigación inició porque se tenían antecedentes de señalamiento a través de los tendederos de denuncia, además de quejas recibidas en la defensoría (una externa y otra interna).
“Se le notifica a la contraparte que están siendo señaladas o señalados se van o recurren al amparo buscando que la justicia federal detenga la investigación o detenga la resolución (…) el problema de que se vayan a amparo es que nos enfrasca en meses los procedimientos”.
Indicó que el imputado recurrió al amparo en contra de una medida cautelar que consiste en separarlo del grupo para evitar revictimización de la víctima e incluso que haya nuevas víctimas.
Abundó que tan solo el año pasado de los 38 casos de violencia de género que se atendieron hay dos amparos activos, pese a eso, aclaró que la mitad de los casos se habían cerrado para diciembre, “los restantes están en el tiempo procesal. Tenemos hasta 8 meses para sustanciar la investigación”.
Hasta mayo de este año se habían abierto 90 nuevos casos, de los cuales 24 concluyeron; de los casos totales 54 corresponden a quejas, de estas 25 han concluido el procedimiento de la Defensoría en sanciones como amonestación o apercibimiento y el resto sin responsabilidad
También explicó que estos procedimientos son largos “en cada una de las etapas la parte imputada se puede ir a amparo cada que se le pegue la gana, perdón por la expresión, pero es así”, dijo.
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