El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito revocó la determinación de un juzgado de distrito que había concedido un amparo al ejido El Terrero, y reconoció la validez constitucional del decreto que establece el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) de la Sierra de San Miguelito.
Qué resolvió el tribunal
En la sesión ordinaria virtual del miércoles 15 de julio se resolvió el amparo en revisión administrativa 544/2024, con lo que el colegiado dejó sin efecto la sentencia emitida en el juicio de amparo 89/2022 que favorecía al ejido El Terrero contra el decreto del 13 de diciembre de 2021.
El tribunal consideró que la declaratoria ambiental es acorde con la Constitución y que no priva al núcleo agrario de su derecho de propiedad, sino que únicamente lo limita para proteger un ecosistema cuya preservación fue considerada prioritaria por sus características ambientales.
Contexto y reacciones
El Colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito informó sobre la resolución y señaló que el criterio emitido por el tribunal representa un hito en la interpretación y alcance de las Áreas Naturales Protegidas en el estado, porque impactará en las controversias que ejidos controlados por fraccionadores mantienen contra el APFF Sierra de San Miguelito.
El material señala que el ejido El Terrero, mediante el juicio de amparo 89/2022, obtuvo inicialmente sentencia en contra del decreto del 13 de diciembre de 2021 bajo la injerencia de la empresa Valoran, propietaria de las compañías Carreteras Mexicana de Técnicos en Autopistas (META) e Infraestructura Potosina de Carreteras, las cuales pretenden realizar el proyecto carretero de cuota Entronque 75D Matehuala.
Guardianes de la Sierra explicó que, en la estrategia empresarial contra la Sierra, ejidos como Escalerillas, El Aguaje, San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito —tanto ejido como comunidad—, así como los ejidos Calderón, Emiliano Zapata y Jesús María en Villa de Reyes, presentaron amparos con argumentos similares sobre derechos de posesión y la supuesta omisión de consultas.
El colectivo agregó que el colegiado sigue un lineamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la supremacía de la protección del medio ambiente frente a decisiones que buscan desprenderse de las Áreas Naturales Protegidas o acciones tendientes a la privatización de la tierra.
Sobre el alcance jurídico, Guardianes de la Sierra afirmó: “Por tanto es de gran importancia este lineamiento porque ahí en ese tribunal colegiado están varios de los amparos que estaban ganando los grupos empresariales a través de los ejidos. El destino de esos amparos va a ser estas resoluciones, lo cual le va a cerrar el paso jurídico y judicial a todos los intentos por destruir el decreto, quedará firme y blindada, es una derrota de los grupos empresariales y sus aliados en el gobierno municipal y estatal”, concluyeron.
