Expertos explican por qué debe importarnos la regulación de la IA

Paulina Gutiérrez, directora ejecutiva de R3D, explica los principales puntos de la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial en México: impactos en derechos, riesgos de censura, negociación del TMEC y la necesidad de una participación amplia.
Expertos explican por qué debe importarnos la regulación de la IA

La regulación de la inteligencia artificial (IA) en México abrió una discusión pública tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de poner el tema en las “mañaneras” a finales de junio de 2026. En diálogo con Sopitas.com, Paulina Gutiérrez, directora ejecutiva de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), detalló por qué este debate importa y señaló los principales ejes en torno a los que debería formularse la normativa.

Impactos sobre derechos y usos diversos

Gutiérrez subraya que antes de hablar de regulación es necesario definir qué se regula: determinadas aplicaciones, proveedores nacionales o extranjeros, y los fines concretos de uso de la IA. Explicó que la tecnología opera en distintos campos y que cada uno implica impactos en una “gama muy amplia” de derechos humanos.

El material técnico que sostiene a la IA también tiene efectos concretos. Por ejemplo, la infraestructura de centros de datos requiere refrigeración y consumo de agua dulce, lo que puede relacionarse con riesgos de estrés hídrico en regiones. Además, la difusión de deepfakes y el posible cambio en el campo laboral son usos que ya se observan en la vida cotidiana. Paulina Gutiérrez señaló: “Antes de hablar específicamente de derechos, creo que es importante saber de qué estamos hablando: Si estamos hablando de ciertas aplicaciones, si estamos hablando de proveedores de esta tecnología, si son proveedores nacionales o extranjeros y, específicamente, para qué queremos usar la inteligencia artificial”.

Riesgo de censura y la Ley IA en San Luis Potosí

Gutiérrez advirtió sobre el riesgo de que una regulación genérica pueda derivar en censura. “El impacto más severo que se puede llegar a ver es si se restringe el uso de la inteligencia artificial para generar contenidos”, afirmó. Como ejemplo local citó la llamada Ley IA o Ley Serrano, promovida por el diputado Héctor Serrano en San Luis Potosí, cuya definición de “uso indebido” podría ser muy amplia.

La directora de R3D precisó que, si bien hay contenidos que legítimamente podrían prohibirse —como difusión de abuso sexual infantil o contenidos que pongan en riesgo la integridad de las mujeres—, los conceptos amplios y vagos en la legislación representan un riesgo para periodistas y participantes del debate público: “…cuando hablamos en general de conceptos tan amplios y vagos, ahí sí hay un riesgo de censura muy peligroso para periodistas y personas que participan en el debate público”.

Regulaciones diferenciadas por tipo de uso

Gutiérrez planteó que la regulación no debe ser generalizada, porque la IA no opera en un único campo. Recomendó pensar las normas según tipos de uso y contextos de aplicación, para abordar de manera específica los distintos impactos sobre derechos.

TMEC y la posición de México

La negociación del TMEC se incorporó a la discusión sobre la IA porque incluye capítulos de economía digital y reglas sobre localización y flujo transfronterizo de datos. Gutiérrez explicó que durante las nuevas negociaciones participan gobiernos y empresas desarrolladoras de tecnología de Estados Unidos, y que en documentos de instituciones y asociaciones que asesoran al gobierno estadounidense se ha solicitado integrar protocolos específicos en materia de IA.

Sobre el rol que México puede asumir, Paulina Gutiérrez señaló que el país debe decidir qué papel quiere jugar en la cadena: desarrollar la tecnología o asumir roles de manufactura, y qué derechos se protegerán en ese marco. “México está en una buena posición para pensar en un modelo de innovación dirigido tanto en el bienestar común de tener una inteligencia artificial regulada y con una estrategia nacional”, dijo.

Llamado a una discusión participativa

Gutiérrez concluyó con un llamado a que la discusión sobre la regulación de la IA sea amplia y participativa, e incluya a organizaciones civiles especializadas en derechos humanos digitales. “Es bien importante que integren las perspectivas de estas organizaciones que tenemos una agenda de promover los derechos humanos frente a estas tecnologías y de la mano con las mismas”, expresó.

En el intercambio también se citó un dato técnico: National Geographic indicó que generar un texto de 100 palabras consume, en promedio, 519 mililitros de agua, lo que ilustra los costos ambientales asociados a cierto uso de la IA.