Una investigación coordinada por Lighthouse Reports y realizada en colaboración con medios de Brasil, Colombia, México y otros países documentó una operación sistemática de la industria alimentaria para frenar leyes y bloquear regulaciones contra los alimentos ultraprocesados.
Hallazgos principales
El estudio identificó 239 demandas judiciales en los últimos 15 años en seis mercados (Estados Unidos, Reino Unido, India, Brasil, México y Colombia) dirigidas a revocar o modificar normas sobre etiquetado frontal, publicidad y transparencia nutrimental. De esas 239 demandas, 193 se presentaron en México, 18 en Colombia y 17 en Brasil, lo que equivale al 95 por ciento de los litigios documentados a escala mundial.
Estrategias y actores
De los casos en los que el demandante era identificable, más de un tercio fue impulsado por nueve compañías, entre ellas empresas vinculadas con Coca-Cola, PepsiCo, Kellogg’s y Mars. En México, la mayoría de las demandas documentadas fueron promovidas directamente por compañías como FEMSA, Ferrero, Mondelez, Danone y fabricantes de productos de Pepsi.
En Brasil, en cambio, los litigios contra regulaciones no fueron presentados mayoritariamente por empresas, sino por asociaciones empresariales. De 17 casos ante el Supremo Tribunal Federal, 16 fueron promovidos por grupos empresariales interesados en las reglas sobre publicidad.
El caso de Brasil y la RDC 24
La norma RDC 24, aprobada en 2010 por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para exigir advertencias sanitarias en anuncios de alimentos con alto contenido de azúcar, grasa y sodio, nunca llegó a entrar en vigor. La resolución lleva años paralizada en tribunales: la investigación señala que Brasil registra disputas legales prolongadas, con una espera promedio de nueve años para una decisión de la Suprema Corte, y menciona que algunas impugnaciones duran más de 16 años.
Medidas en México y Colombia
El texto documenta que en México han entrado en vigor medidas como la restricción al marketing dirigido a la infancia, un sistema de etiquetado frontal de advertencia, la prohibición de venta de estos productos en escuelas y gravámenes especiales a bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico. En 2021, en México entró en vigor la prohibición de utilizar caricaturas en los empaques.
En Colombia, la sociedad civil y algunos congresistas impulsaron propuestas para restringir la publicidad dirigida a niñas y niños, retirar ultraprocesados de colegios, imponer etiquetado frontal y crear impuestos saludables; las dos últimas medidas se convirtieron en leyes en 2021 y 2022. Entre enero de 2023 y agosto de 2025 se presentaron 17 demandas de inconstitucionalidad contra esas normas, y la investigación encontró trazas de la industria en el 53 por ciento de los litigios interpuestos en Colombia.
Publicidad dirigida a la infancia
La investigación documenta diferencias en la presencia de personajes en empaques según el país: el personaje animado de las Zucaritas, conocido como “Tigre Toño”, fue retirado de los empaques en México tras la prohibición de 2021, mientras que en Brasil y Colombia sigue apareciendo en distintas presentaciones y usos publicitarios.
Contexto global
El informe Feeding Profit, citado en la investigación, proyecta que a partir de 2025 el número de niños con sobrepeso y obesidad en el mundo superará al de aquellos con desnutrición. La investigación también recuerda advertencias de la OCDE y la FAO sobre el aumento de la obesidad en América Latina y el Caribe.
“América Latina ha sido un líder mundial en la adopción de algunas de las primeras y más sólidas políticas para regular los alimentos ultraprocesados, lo que la convierte en un campo propicio tanto para innovar en políticas de salud pública como para la resistencia por parte de la industria”, dijo Katherine Shats, especialista legal de la Sección de Nutrición y Desarrollo Infantil de UNICEF, citada en la investigación.
“Esto genera un gran estrés familiar, pues el niño termina pidiendo con vehemencia un determinado producto, y los padres y las madres, después de una agotadora jornada laboral, a menudo terminan cediendo”, concluye Renato Godoy, gerente de relaciones gubernamentales del Instituto Alana en Brasil, según el texto.
La investigación fue realizada por Agência Pública, O Joio e O Trigo, Cuestión Pública, Quinto Elemento Lab y otros socios bajo la coordinación de Lighthouse Reports.
