El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) afirmó que, aunque la postura del Ayuntamiento de Tanlajás ante las solicitudes de Pemex relacionadas con la operación de fracking es un paso significativo, no se puede pasar por alto la criminalización de defensores del territorio y del medio ambiente que, según el organismo, realizó el alcalde Humberto Lucero Magaña en un medio informativo.
Críticas del OIM
Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del OIM, señaló que las declaraciones del alcalde relativizan el riesgo técnico y el impacto ambiental que implican las solicitudes de Pemex para el establecimiento de depósitos de explosivos, y señaló que la decisión del municipio respondió a presión social y a un cálculo político.
“Ante la inviabilidad de sostener su discurso paternalista y evasivo, y frente al riesgo inminente de ser rebasado por sus propios regidores, el munícipe prefirió subirse de última hora al autobús de la oposición al fracking antes de ser ‘planchado’ y políticamente sepultado por los dirigentes y autoridades comunitarias que sostienen un No Consentimiento rotundo en toda la Huasteca”, dijo Cisneros Sánchez.
Voto del Cabildo y señalamientos
El OIM indicó que el voto por unanimidad del Cabildo para rechazar permisos a Pemex no debe interpretarse como una concesión del alcalde, sino como resultado directo de la presión social y de un cálculo político.
Asimismo, el integrante del OIM expresó que el alcalde estigmatizó a defensores comunitarios y líderes indígenas al relacionar su labor con intereses de grupos políticos contrarios, y afirmó que ello vulnera obligaciones constitucionales y tratados internacionales.
“La obligada pirueta discursiva del alcalde, que al término de la sesión corrió a colgarse la medalla declarando que ‘defienden el territorio, el agua y la vida’, no borra las graves omisiones en que incurrió”, sostuvo Cisneros Sánchez.
Memoria histórica y herramientas legales
El OIM recordó que la memoria histórica de la región permanece vigente y aludió a los 11 Puntos de Tancanhuitz emitidos el 7 de junio, descritos por el organismo como un mandato popular nacido de movilizaciones regionales.
También destacó la existencia de la reserva ecológica comunitaria Ko’bixtalab K’al an Labidh Xe’tsintalab – Protección de la Vida Sagrada, que, según el OIM, fue inscrita formalmente en julio de 2018 ante el Registro Público de la Propiedad con una vigencia mínima de 30 años, y la consideró como un escudo jurídico contra el fracking.
Convocatoria y vigilancia comunitaria
El OIM informó que se llevará a cabo una reunión el próximo domingo 12 de julio a las 10:00 horas con autoridades indígenas del municipio, cuyo objetivo, según el organismo, será tomar acuerdos definitivos y vinculantes con autoridades institucionales y tradicionales de las comunidades.
El OIM añadió que las comunidades tének, como sujetos de derecho público, vigilarán que el Ayuntamiento cumpla y no negocie a espaldas del pueblo, y reiteró que la soberanía reside en las asambleas y el territorio es ancestral.
