Una jueza guatemalteca resolvió hoy dejar sin efecto las audiencias en el juicio por genocidio contra el ex gobernante de facto Efraín Ríos Montt (1982-1983), por lo que regresó el proceso a una etapa previa, cuando fue recusada.
La suspensión del juicio había sido solicitada por la defensa con base en una acción legal concedida por la Corte de Constitucionalidad (CC).
La jueza Carol Patricia Flores, quien preside el tribunal que en primera instancia llevó el proceso por genocidio y deberes contra la humanidad en contra de Ríos Montt y el también general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, declaró sin validez las audiencias celebradas desde el 19 de marzo.
La resolución significa que Flores debe presidir de nuevo el caso por delitos de genocidio contra el pueblo Ixil justo en el momento en que fue recusada por un abogado de uno de los acusados, Héctor Mario López Fuentes.
Tras la recusación, Flores quedó fuera del proceso por una resolución de la Sala Primera de Apelaciones del ramo penal, por lo que asumió el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Galvez.
Con Gálvez el proceso continuó durante la primera instancia penal, que incorporó a los militares Ríos Montt y Rodríguez Sánchez y promovió el juicio en su contra, el cual se celebraba en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por Jazmín Barrios.
Horas antes del fallo de este jueves, la jueza Barrios había asegurado que no se podía “retrotraer el proceso a periodos ya recluidos”.
La magistrada Flores reiteró que con la anulación de las audiencias cumplía un mandato de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal en material constitucional, y que no correspondía a una decisión propia.
De esta manera el juicio, considerado histórico por ser el primero en Guatemala por crímenes de lesa humanidad, retorna hasta su etapa del 23 de noviembre de 2011, cuando la defensa interpuso acciones legales contra un fallo para procesar a los dos militares.
En el juicio que se abrió el 19 de marzo, la fiscalía intentaba probar que Ríos Montt y Rodríguez Sánchez eran responsables de la ejecución de mil 771 personas de la etnia Ixil, en el departamento de Quiché, una de las regiones más afectadas durante el conflicto armado interno.
El gobierno y la guerrilla de Guatemala suscribieron el 29 de diciembre de 1996 un acuerdo de paz, avalado por Naciones Unidas, que puso fin a más de tres décadas de un conflicto armado que dejó unas 200 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.
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