Los trabajadores indocumentados en Estados Unidos juegan un papel crucial en la financiación del Seguro Social, aportando significativamente a través de impuestos, pese a no ser elegibles para recibir beneficios. Tan solo en 2022, este grupo contribuyó con 25 mil 700 millones de dólares en impuestos al programa, según un análisis del Institute on Taxation and Economic Policy.
Los pagos que realizan estos trabajadores operan, en la práctica, como un subsidio para quienes sí pueden acceder a las prestaciones, ya que solo podrían beneficiarse si regularizan su situación migratoria. Sin embargo, la administración del expresidente Donald Trump prometió masivas deportaciones y restricciones a la inmigración, lo que podría impactar gravemente las finanzas del programa. Se calcula que una reducción drástica en la mano de obra migrante podría costar al Seguro Social unos 20 mil millones de dólares anuales.
El déficit de financiamiento del Seguro Social es un problema a largo plazo. Cambios demográficos, como la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, han reducido el número de cotizantes mientras aumenta la cantidad de jubilados. En este contexto, la inmigración ha servido como un factor que mitiga el impacto de estos retos, según explicó Shai Akabas, del Bipartisan Policy Center. Una menor presencia de trabajadores migrantes agravaría la crisis financiera del programa.
De acuerdo con las previsiones, el fondo fiduciario del Seguro Social se agotará en 2033 si no se toman medidas, lo que obligaría a recortar un 21 % de las prestaciones actuales. Además, estudios del Congreso proyectan que, a partir de 2040, el crecimiento poblacional dependerá exclusivamente de la inmigración debido a las bajas tasas de fertilidad en el país.
Las políticas migratorias tienen un impacto directo en el déficit de financiación del Seguro Social. Según el último informe de los administradores del fondo fiduciario, por cada 100 mil inmigrantes netos anuales, el déficit mejora en 0.09 % de la nómina imponible. Por el contrario, una disminución de la inmigración incrementaría el déficit de manera proporcional.
A pesar de las contribuciones de los trabajadores indocumentados, muchos no pueden acceder a los beneficios del sistema. Aunque están obligados a pagar impuestos, suelen hacerlo utilizando números de Seguro Social inventados o pertenecientes a otras personas. Sin embargo, el Instituto de Impuestos y Política Económica estima que este grupo pagó un total de 96 mil 700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022, contribuyendo significativamente a programas como Medicare y Seguro Social.
