Aún lidian con la de 1986 Mientras en el Congreso estadunidense se estudian dos propuestas migratorias, la última, aprobada hace casi 30 años, sigue vigente y con casos abiertos. La llamada amnistía de 1986 generó un nivel de litigación tan alto que aún arrastra casos casi tres décadas después de su aprobación y sirve para que expertos y abogados pidan al gobierno una reforma escrita de forma simple y con pocas restricciones para evitar batallas en las cortes que han costado millones de dólares y dejado a cientos de inmigrantes en el limbo durante años. En 2012, el gobierno aún recibió 21 solicitudes de inmigrantes interesados en ajustar su estatus migratorio a través de la vieja reforma firmada por el presidente Ronald Reagan. Quince de ellas fueron aprobadas, según datos de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas. Las cifras son de solicitantes que se unieron a la última demanda colectiva en contra del gobierno para pedir que se les incluyera como beneficiarios de lo que ahora se conoce como “amnistía tardía”. El motivo de las demandas fue la confusión que generó el complejo lenguaje legal de la reforma y, entre otras cosas, el hecho de que declaraba que los inmigrantes sin papeles sólo podían regularizar su estatus si se encontraban en el país desde antes de enero de 1982 y residían de forma continua desde entonces. Muchos habían salido de Estados Unidos una temporada en ese periodo, de forma que sus solicitudes no eran aceptadas. Las demandas fueron muchas, pero las colectivas que interpusieron grupos como La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y los Servicios Católicos Sociales en 2004, además del Northwest Immigrant Rights Project con sede en Seattle años después, alargaron los plazos para poder beneficiarse del plan. “La lección a aprender ahora es que es mucho mejor y más productivo diseñar un sistema que sea lo más simple e inclusivo posible”, dijo Muzaffar Chishti, director de la oficina de Nueva York del Instituto de Política Migratoria. El proyecto de ley, al 90%: Schumer Un grupo bipartidista de senadores está cerca de lograr un acuerdo sobre un proyecto de reforma migratoria que daría a los indocumentados la posibilidad de obtener la ciudadanía estadunidense. La propuesta contempla una espera de diez años para que los inmigrantes ilegales puedan obtener una tarjeta verde. Con ella, tendrán que esperar otros tres años para aspirar a la ciudadanía. El proyecto de ley también instalaría nuevos criterios para la seguridad en la frontera con México y permitiría a los trabajadores de más alta y baja cualificación viajar a Estados Unidos y mantendría estrictas normas para que las empresas verifiquen la situación legal de sus trabajadores. En conjunto, las medidas representan los cambios más radicales en las leyes de inmigración en las últimas décadas, según legisladores involucrados en las discusiones. Los senadores del grupo “La Banda de los Ocho” se reunieron durante horas todos los días de esta semana para tratar de completar el proyecto. Aún había grandes desacuerdos en algunos temas, pero tenían la esperanza de resolver la mayoría de ellos antes de que el Congreso iniciara un receso de 15 días. Eso les permitiría cumplir con un plazo autoimpuesto para presentar su legislación en abril. “Alrededor de 90 por ciento de los temas, incluyendo la ruta de acceso a la ciudadanía, están resueltos”, dijo el senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, a manifestantes hispanos ayer. Agregó que “estoy dedicando más tiempo a esto que a cualquier otro tema”. El grupo se encuentra bajo presión para acelerar su trabajo. Los manifestantes acusaron a Schumer de romper su promesa inicial de que el proyecto de ley estaría listo en marzo. El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, cuyo panel discutirá el proyecto de ley, se quejó el miércoles de que “La Banda de Ocho” estaba tomándose demasiado tiempo. Leahy dijo en un comunicado eso porque todavía no hay una iniciativa y el Comité Judicial no podrá aprobar una reforma migratoria para finales de abril, como es su plan. “Sin lenguaje legislativo, no hay nada que el Comité Judicial pueda considerar esta semana”, indicó. El periodo de receso que viene hubiera permitido a los integrantes del comité y a los estadunidenses revisar la legislación. “Ahora ese proceso y nuestro trabajo se retrasará al menos un mes”, agregó. El grupo, que incluye al senador republicano John McCain, inicialmente planeaba presentar una propuesta en marzo, pero hace poco señalaron que será hasta abril. Brian Fallon, vocero de Schumer, dijo que el grupo está muy cerca de lograr un acuerdo y espera que el Comité Judicial reciba la iniciativa en abril. Republicanos en el Comité Judicial que no están en el grupo de los ocho también se quejaron por el ritmo de las negociaciones, pero ellos están preocupados porque creen que avanza muy rápido. Duplicará el número de visas El plan de migración que prepara el Senado de Estados Unidos podría duplicar el número de visas H1B a trabajadores altamente calificados, que en la actualidad tiene un límite de 65 mil por año, informó ayer el diario The Washington Post. La iniciativa también otorgaría la residencia permanente a un número ilimitado de estudiantes que se gradúan en universidades de Estados Unidos en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, indicó el periódico que citó fuentes cercanas a las negociaciones. Agregó que el acuerdo representaría una victoria para la industria de la tecnología, que en su cabildeo en el Congreso argumentó que firmas como Google, Facebook y Microsoft enfrentan dificultades en conseguir trabajadores calificados por los límites en las visas. The Washington Post puntualizó que ese programa de visas se considera como un modelo para atraer a ingenieros altamente calificados. Sin embargo, sus detractores señalaron que esas visas se usan para contratar mano de obra calificada de India para trabajar en EU por hasta tres años, y luego los liquidan para ser recontratados por empresas que pagan hasta cuatro veces menos. Quitarán los drones a CIA El gobierno del presidente estadunidense Barack Obama transferirá el control de los aviones militares no tripulados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) al Pentágono, indicó ayer The Wall Street Journal. El diario, que cita como fuente de su información a funcionarios del gobierno no identificados, añadió que la idea es pasar el programa, actualmente clandestino, a uno “que esté sujeto a las leyes internacionales de la guerra”. El uso de aviones no tripulados (drones) para la observación, seguimiento y ataque contra enemigos es motivo de una creciente controversia en Estados Unidos, en particular desde que al menos dos ciudadanos estadunidenses fueron asesinados mediante esos aparatos. Los aviones no tripulados también han causado discusión dentro del país, donde varios senadores han alertado que el uso civil de dronespara tareas de vigilancia y recolección de información amenaza la privacidad de los ciudadanos. Senadores conservadores y demócratas demoraron este mes la confirmación de John Brennan como nuevo director de la CIA exigiendo que el gobierno garantice que no usará aviones no tripulados para atacar a estadunidenses dentro del país. El plan que estudia el gobierno de Obama, según The Wall Street Journal, “refleja un consenso creciente de que el futuro a largo plazo del programa está en el ámbito militar, donde tendrá un sustento legal más firme y será más transparente”. “Un funcionario de Defensa, de alto rango, advirtió que el poner el programa bajo control militar impondría limitaciones operacionales”, añadió el diario. Por su parte, “los grupos de derechos humanos consideran que un cambio en la autoridad será inadecuado y quieren que el programa cumpla con las exigencias de la ley internacional”, continuó el artículo. En una audiencia ayer, el presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, explicó que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) estima que a finales de esta década unos 30 mil drones estarán operando en el espacio aéreo nacional para la vigilancia, búsqueda de personas y otras muchas aplicaciones. Leahy recordó que el Departamento de Seguridad Nacional ya está utilizando drones desarmados para patrullar las zonas rurales de las fronteras y que muchas oficinas policiales locales han comenzado a explorar su uso para labores de vigilancia. Además, los drones se usarán en un futuro próximo para experimentos científicos, investigación agrícola, estudios geológicos y misiones de búsqueda y rescate. http://www.excelsior.com.mx/global/2013/03/22/890267]]>
