Fernanda Durán
El Congreso del Estado aprobó este domingo 14 de diciembre la reforma electoral que establece que en 2027 solo podrán postularse mujeres a la gubernatura de San Luis Potosí, así como el adelanto del inicio del proceso electoral al mes de noviembre del año previo a la elección. El dictamen fue aprobado con 19 votos a favor y ocho en contra, tras un trámite acelerado que lo convirtió en el primer asunto votado durante la sesión plenaria.
La reforma, impulsada originalmente por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), fue avalada pese a los anuncios previos del Partido Acción Nacional (PAN) de fijar una postura crítica en tribuna. Finalmente, el dictamen transitó del cuarto turno legislativo al primero en ser discutido y aprobado en el Pleno, sin modificaciones de fondo en el eje de paridad para la gubernatura.
Más allá de las posturas partidistas, el fondo del debate quedó desplazado: cómo garantizar igualdad sustantiva sin que las acciones afirmativas se traduzcan en ventajas políticas preconfiguradas; la reforma no incorpora, por ejemplo, candados claros contra el nepotismo ni mecanismos que eviten la concentración del poder.
Los votos en contra provinieron de la totalidad de la bancada de Morena y de dos legisladores del PAN, mientras que el resto de las fuerzas parlamentarias respaldaron la reforma.
Los diputados de oposición que votaron a favor de la reforma electoral fueron Marco Gama Basarte de Movimiento ciudadano; Sara Rocha Medina y Frinne Azuara del PRI; Mireya Vancini Villanueva y Aranzazu Puente del PAN.
En el caso del PAN, el coordinador parlamentario Rubén Guajardo Barrera confirmó que la votación reflejó un empate interno que derivó en libertad de conciencia para sus integrantes.
Guajardo explicó que la postura de su grupo parlamentario parte de una visión federal del sistema electoral, al considerar que las decisiones sobre la distribución de género en las 17 gubernaturas que se renovarán en el país deben tomarse a nivel nacional.
“Quien debe tomar la decisión de los géneros son los partidos nacionales, en acuerdo con el INE, porque todavía estamos en una federación”.
El legislador detalló que al interior del PAN hubo una discusión dividida: “Las mujeres estuvieron a favor, nosotros los hombres estuvimos en contra”, lo que derivó en una votación empatada y en la definición de no imponer una línea obligatoria.
Aclaró que la decisión fue consultada tanto con la dirigencia estatal como con la nacional, encabezada por Verónica Rodríguez y Jorge Romero, respectivamente.
Aunque reconoció que la reforma beneficia directamente a las mujeres, Guajardo sostuvo que imponer esta regla a nivel local podría desarticular la estrategia nacional de los partidos. “Meter una camisa de fuerza a San Luis Potosí saca de la estrategia nacional a los partidos políticos”, afirmó, reiterando que el PAN se asume a favor de la paridad, pero no de que esta se defina desde congresos locales.
Sobre una posible impugnación, el coordinador panista dejó abierta la puerta a una acción de inconstitucionalidad, aunque precisó que esa decisión no corresponde al Congreso local ni a las dirigencias estatales. “La decisión la tiene la dirigencia nacional”, explicó, al recordar que solo los partidos con registro nacional pueden promover este tipo de recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Desde Morena, su coordinador parlamentario Roberto García Castillo justificó el voto en contra de su bancada señalando que el partido confía en sus propios mecanismos internos para garantizar la paridad.
Recordó que su método de selección se basa en encuestas y que cuentan con perfiles tanto de mujeres como de hombres en las entidades federativas. “Al final de cuentas el pueblo es el que toma la decisión final”, expresó.
García Castillo sostuvo que Morena se considera pionero en materia de paridad y destacó que el país cuenta con una presidenta de la República, lo que, dijo, demuestra el avance en igualdad política. Aun así, defendió que las reglas electorales deben permitir que sea el electorado quien defina, sin restricciones adicionales, a quienes competirán en las elecciones.
Además del eje de paridad en la gubernatura, la reforma aprobada incluye el adelanto del inicio del proceso electoral local al 15 de noviembre del año previo a la elección, en lugar de enero, con el argumento de dar mayor margen de organización al órgano electoral.
El dictamen aprobado también contempla ajustes en materia de administración electoral, fiscalización y funcionamiento de órganos desconcentrados, aunque uno de los cambios relevantes respecto a la propuesta original del Ceepac fue la eliminación del artículo 85, fracción IV, que planteaba solicitar la colaboración de notarios públicos para auxiliar la función electoral durante la jornada comicial.
Con esta votación, el Congreso local avaló una de las reformas electorales más relevantes de los últimos años, al introducir de manera expresa en la Constitución local la alternancia de género para la titularidad del Poder Ejecutivo.
En los artículos transitorios, el decreto establece que la reforma entrará en vigor un día después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, una vez cumplido el procedimiento constitucional que incluye la validación de los ayuntamientos.
De manera específica, se fija que para el proceso electoral local ordinario de 2027 únicamente podrán registrarse candidaturas de mujeres para la gubernatura, mientras que en los procesos subsecuentes se aplicará el principio de alternancia de género, permitiendo nuevamente la postulación de hombres sin excluir a las mujeres.
Al término de la sesión, un grupo de entre 10 y 15 personas se manifestó a las afueras del Congreso del Estado en rechazo a la reforma recién aprobada, al considerar que abre la puerta al nepotismo.
Durante la protesta, Carla Rodríguez señaló que su inconformidad no es contra la participación de las mujeres, sino contra lo que calificó como una imposición: “estamos en contra de la ley Ruth, porque no queremos que siga el nepotismo”, dijo al acusar que la reforma busca favorecer políticamente a la esposa del gobernador.
Mientras sus defensores la presentan como un avance histórico en materia de igualdad sustantiva, sus críticos advierten que la reforma abre la puerta a una judicialización inevitable y a un nuevo ciclo de correcciones legislativas, en un escenario donde la definición local de las reglas electorales se adelanta a la discusión de una reforma federal aún en curso, lo que refuerza la percepción de una medida políticamente apresurada y jurídicamente vulnerable.
