La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que reforma el Código Penal Federal para imponer penas de prisión a diversos delitos ambientales y establecer una protección reforzada para Áreas Naturales Protegidas, entre ellas la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. La iniciativa obtuvo 452 votos a favor y fue calificada como un avance histórico en la defensa del patrimonio ecológico del país.
El dictamen eleva varias conductas que antes eran consideradas infracciones administrativas a la categoría de delitos penales, con sanciones que pueden alcanzar hasta 15 años de cárcel. Entre los cambios más relevantes destaca la modificación al artículo 187, que establece penas de 2 a 7 años de prisión por quebrantar sellos de clausura, incluso cuando estos no hayan sido retirados físicamente. También se incorpora como delito el fraude mediante información ambiental falsa o prácticas de greenwashing utilizadas para obtener beneficios económicos.
Otro de los puntos clave es el endurecimiento de las penas por tráfico de especies endémicas. En el caso de la totoaba y otras especies en riesgo, los responsables podrán enfrentar entre 5 y 15 años de reclusión, además de la obligación de repatriar los ejemplares a sus hábitats originales. Las reformas también contemplan castigos más severos para quienes descarguen aguas residuales o sustancias químicas que contaminen cuerpos de agua, priorizando la protección de recursos hídricos frente a la contaminación industrial.
En lo referente a las Áreas Naturales Protegidas, la modificación al artículo 418 aumenta las sanciones cuando los delitos afecten zonas como la Sierra de San Miguelito o la Cañada del Lobo, donde la presión inmobiliaria ha generado conflictos y denuncias por intentos de urbanización irregular. El diputado federal potosino José Luis Fernández, del Partido Verde, impulsor de la propuesta, celebró la aprobación y afirmó que se trata de “una medida necesaria para frenar la depredación y la urbanización ilegal en áreas protegidas”.
La iniciativa llega en un momento crítico para San Luis Potosí y la región Huasteca, donde diversos desarrolladores han recurrido a la estrategia de “hechos consumados” para invadir territorios ambientalmente sensibles, afectando ríos, lagunas y ecosistemas vitales. Con estas reformas, se cierran brechas legales que, durante años, permitieron la evasión de responsabilidades y dificultaron la persecución penal por daños ambientales.
Tras su aprobación en San Lázaro, el dictamen pasará al Senado para su análisis y eventual ratificación. Especialistas ambientales consideran que la medida envía un mensaje contundente en favor de la protección ecológica en un país que enfrenta crecientes desafíos climáticos, sociales y de sustentabilidad. Señalan que, además de su carácter punitivo, la reforma representa un compromiso legislativo para proteger ecosistemas irremplazables y garantizar el derecho de las comunidades a un ambiente sano.
