Se da certeza y transparencia a la administración de los bienes asegurados.
La LX Legislatura aprobó expedir la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados, Embargados o Abandonados para el Estado de San Luis Potosí, la cual ofrecerá el debido soporte jurídico a procedimiento para la administración y disposición de bienes asegurados, decomisados o abandonados en virtud de un procedimiento penal, o sujetos a un procedimiento de extinción de dominio.
El diputado Jorge Alejandro Vera Noyola, explicó que la expedición de esta Ley, forma parte de los trabajos que ha estado realizando el Poder Legislativo para efecto de del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Acusatorio que se aplica en San Luis Potosí.
Con esta Ley se ofrecen soluciones acertadas para atender la problemática existente en torno a la enajenación de los bienes, y responde a la necesidad de establecer mecanismos que faciliten su administración y disposición, atendiendo primordialmente a la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales y a la necesidad de establecer figuras jurídicas que den certeza y transparencia a las administración de los bienes asegurados, decomisados, embargados o abandonados por parte de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, así como la correlación de estas disposiciones con el procedimiento de extinción de dominio; y ante tal panorama, esta Ley hace más eficiente el procedimiento.
En esta Ley se establece un Sistema Estatal de Administración de Bienes que llevará a cabo la administración de los bienes de manera directa o mediante terceros, con lo que se conforma un ente que asumirá la responsabilidad de los bienes hasta en tanto sean objeto de venta, permuta, donación, comodato, o asignación y destino.
Se instituye un mecanismo de disposición de los aprovechamientos y productos, destinándose como lo prevén el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Victimas para el Estado, y la Ley de Extinción de Dominio para el Estado, siendo la vigilancia y control de dicha administración por la Contraloría General del Estado.
Fuente: Plano Informativo
