El Radar
Por Jesús Aguilar
La Huasteca Potosina se encuentra bajo los reflectores tras el asesinato del alcalde de Tancanhuitz, Jesús Eduardo Franco Lárraga, y tres de sus acompañantes la tarde-noche del pasado domingo 15 de diciembre. Este trágico hecho ha desatado una serie de eventos que ponen en tela de juicio la eficacia del gobierno estatal y la transparencia en el manejo de la seguridad pública.
El asesinato, ocurrido hace cuatro días, marcó el inicio de una historia con más preguntas que respuestas.
Apenas ocho horas después del crimen, fue detenido Manuel Aguilar Acuña, exalcalde y exdiputado, en lo que parecía una acción rápida para mostrar resultados. Sin embargo, la prisa resultó contraproducente. Aguilar Acuña ya se encuentra en libertad, según el Registro Nacional de Detenciones, al parecer por falta de pruebas. Esto pone en entredicho el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó sobre la detención mediante un mensaje en redes sociales, donde afirmó que “Nadie está por encima de la ley” y calificó al detenido como “el implicado”.
Menos de 72 horas después tuvieron que liberar al famoso Kippya, su ex carcelación se vuelve un tremendo llamado de atención: ni la flagrancia ni el caso urgente, previstos en los artículos 149 y 150 del CNPP, fueron acreditados, lo que podría derivar en sanciones para las autoridades responsables de la detención.
La situación se agrava con las denuncias de persecución por parte de la familia Aguilar Acuña. Alejandro Aguilar Martell, regidor e hijo de uno de los detenidos, aseguró en redes sociales ser inocente y no estar evadiendo a la justicia.
Por su parte, Limbania Martell Espinosa, regidora en la capital, expresó su temor por la seguridad de su familia en una transmisión en vivo. Estas declaraciones alimentan la percepción de que las acciones gubernamentales están contaminadas por intereses políticos y no por la búsqueda genuina de justicia.
Mientras tanto, el Cabildo de Tancanhuitz enfrenta su propia crisis. En una sesión tensa, interrumpida por el desvanecimiento del secretario del Ayuntamiento, no se logró nombrar a un alcalde sustituto.
La votación para elegir entre las regidoras Gloria Guadalupe Felipe Avitud (Morena) y Olga Karina Luna Flores (Movimiento Ciudadano) terminó en empate. Este escenario refleja una división política que exacerba la incertidumbre en el municipio.
El gobernador Gallardo Cardona ha descrito el conflicto como una “riña entre particulares”, pero la realidad apunta a un problema más profundo que involucra la seguridad, la gobernabilidad y la transparencia. Tancanhuitz se ha convertido en un escenario donde el rigor en la investigación y la información clara son esenciales para evitar que la política y el control de daños perjudiquen el proceso de justicia.
La Huasteca Potosina necesita respuestas contundentes, no solo para esclarecer este crimen, sino para recuperar la confianza de sus ciudadanos. La justicia no puede ser una víctima más de la crisis de seguridad en la región.
El efecto “favorable” para “aprovechar” de forma mezquina el tema como motivo de erupción política, la ausencia de un verdadero argumento de MORENA en el estado, (el alcalde asesinado fue electo como candidato vino tinto), ya pasó y se sintió insuficiente y mezquino, el vacío que dejó en el asunto la propia Rita Ozalia contribuyó en el asunto, pero al querer aludir el asunto seguro ya generó una carpeta de investigación alternativa en Bucareli que hace que la Fiscalía estatal y a su titular como dos factores intrascendentes e inoperantes.
