Angélica Campillo
El vocero de la organización civil Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, consideró que, ante el desvío de más de 60 millones de pesos de la administración del exalcalde de la capital potosina, Ricardo Gallardo Juárez, lo importante es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presente las denuncias penales correspondientes.
Para el activista, con las denuncias penales se obligaría a Ricardo Gallardo Juárez a reparar el daño y devolver los 63 millones 659 mil 288.50 pesos desviados durante su administración mediante el mecanismo conocido como la “nómina maestra”, a través del cual “se generaron pagos a un trabajador, posteriores a la fecha de su baja definitiva”.
En este desfalco estuvieron involucrados cinco funcionarios, entre ellos el actual secretario de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Jesús Emmanuel Ramos Hernández.
De acuerdo con González Covarrubias, al concluirse los procesos de solventación, le notifican al Congreso del Estado, y este inicia las acciones respectivas contra los exfuncionarios municipales, contenidas en la Ley.
El activista manifestó que el problema del tiempo que tarda la ASF en emitir sus informes, es de fondo, porque la Ley a la que está sujeta siempre va rezagada, además de tener demasiadas opciones para poder solventar las diversas observaciones, “y lamentablemente lo que arrojen los resultados de la ASF están apegadas siempre a lo político y no apegadas a la ley”.
No obstante, comentó que ante casos como el desvío de más de 60 millones de pesos en el trienio de Gallardo Juárez debería de haber consecuencias.
“No puede manejarse de forma política, no puede haber acuerdos sobre la mesa, y si hubo un quebranto a los recursos públicos debe haber responsables, debe haber sanciones y no puede quedar impune”.
Si la ASF tiene resultados contundentes, que no se negocien “en lo oscurito” y que se proceda con las denuncias penales contra quienes la institución señala como los responsables del quebranto de los recursos, aseveró González Covarrubias.
Por separado, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, integrante de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, mencionó que dejarán que las autoridades hagan su investigación y en el momento en que requieran alguna acción del Poder Legislativo, tendrán que proceder conforme marca la Ley, apegados siempre al marco jurídico.
“Si alguien tendrá que pagar algo, vamos a analizarlo. Este Congreso no ha venido trabajando con sesgos, ni con amiguismos, nosotros del lado de la legalidad, siempre cuidando los intereses de las y los potosinos”.
Respecto a si el Congreso del Estado pugnará para que el desfalco de más de 60 millones de pesos a la administración municipal 2015-2018 no quede impune, Badillo Moreno sostuvo que esperarán a que las autoridades los instruyan.
“Ya cuando nos llegue algo que esté en nuestro campo, nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para poder darle salida a esta situación”, finalizó.
