La tercera entrega de informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pone de nuevo los reflectores sobre Rosario Robles Berlanga: el organismo fiscalizador detectó irregularidades de por lo menos 2 mil 377 millones de pesos en su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2017.
A este monto se deben añadir 340 millones 983 mil pesos, que fueron desviados por la Sedatu en 2017 a través de esquemas de triangulación de recursos, que involucraron entes estatales –la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Instituto Tecnológico Superior de Centla, la Universidad de Campeche y Televisora de Hermosillo– y redes de empresas fantasmas; un modus operandi fraudulento también conocido como Estafa Maestra.
En dos informes, la ASF detalló que la dependencia gastó “indebidamente” mil 173 millones de pesos del Programa de Infraestructura a través de 26 delegaciones “sin que fueran debidamente registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como pasivo circulante (ADEFAS), por lo que no se puede conocer el destino que se le dio a dichos recursos”.
La delegación de la Sedatu en el Estado de México, que en 2017 vivió un proceso electoral –el priista Alfredo del Mazo Maza ganó la gobernatura–, gastó 142 millones 304 mil pesos sin rendir cuentas.
La ASF encontró que algunos de los montos desviados se hicieron en “Un Cuarto Más”, el programa estrella de Robles en la Sedatu también conocido como “Cuarto Rosa”, así como en la construcción de “Ciudades de las Mujeres” en varias entidades.
Las áreas responsables –la Unidad de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS) y la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP)– fueron incapaces de informar en qué se ejercieron dichos recursos.
Más grave: de acuerdo con un reportaje que publicó hoy Reforma, cinco exfuncionarios de la Sedatu denunciaron que alguien falsificó sus firmas para celebrar convenios que fueron usados para desviar cientos de millones de pesos en 2016. Según el rotativo, “uno de los centros de operación para las falsificaciones está ubicado en Tennyson 125”.
Emilio Zebadúa González, quien fue Oficial Mayor de Robles a lo largo de la administración pasada, compró esta casa el 31 de agosto de 2000, por 6 millones 400 mil pesos, de acuerdo con los antecedentes registrales del inmueble en posesión de Apro.
La ASF también determinó que la Sedatu gastó 596 millones de pesos en 2017 a “diversos proveedores” con recursos federales de la partida “Subsidios a la producción del Programa de Infraestructura”, sin justificarlos.
Pagó además 602 millones de pesos a 14 proveedores –empresas, organizaciones de la sociedad civil e incluso la constructora del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur)– a pesar de que dichas empresas le habían facturado solamente 441 millones de pesos. De nuevo, la ASF detectó un sinfín de irregularidades en la documentación de las labores, y consideró estos 602 millones de pesos como perdidos.
En otro rubro, la Sedatu erogó 81 millones de pesos para baratijas: 40 millones de pesos para comprar 110 mil kits que incluían un chaleco, una mochila, un sombrero y un impermeable, y soltó otros 41 millones de pesos para comprar 321 mil llaveros, 205 mil vasos cilíndricos y 321 mil “morrales ecológicos”.
La empresa a la que la Sedatu compró estos insumos, llamada Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (Comisa), no tenía nada que ver con ese negocio, y a su vez subcontrató a cuatro empresas –por 77 millones de pesos–, pero estas empresas resultaron fantasmas. Y no solo esto: Comisa subcontrató a las cuatro empresas seis días antes de que la Sedatu le otorgara el contrato para comprar los llaveros.
Estos formaron parte de los más de 350 millones de pesos que la Sedatu recuperó de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que gastó en “recepción y distribución de materiales de difusión”, en contratos de “prestadores de servicios profesionales” entre otros a amigos suyos –
como lo documentó Proceso en julio de 2017— pero también con 57 millones de pesos en “asesorías” y otros 39 millones de pesos en “otros servicios”.
“Existe una recurrencia por parte de Sedatu en utilizar recursos presupuestales asignados a programas que se encuentran sujetos a reglas de operación, para destinarlos a capítulos y conceptos de gasto en fines distintos a los que estaban presupuestados”, deploró la ASF.
Un sexenio de desvíos
El paso de Robles por el gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo marcado por sonados casos de corrupción y de desvíos multimillonarios, que la ASF detectó desde febrero de 2015, cuando revisó la cuenta pública 2013, durante la cual Robles era titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En aquel entonces, el organismo fiscalizador detectó un megafraude en la Cruzada Nacional Contra el Hambre a través de esquemas de “simulación de servicios” y de triangulación de recursos con empresas fantasmas, por más de 975 millones de pesos.
Año tras año desde ese entonces, la ASF documentó los desvíos operados por el equipo de Robles en la Sedesol y luego en la Sedatu. A pesar de estos señalamientos, Peña Nieto mantuvo a la funcionaria en su gabinete, y ella guardó al mismo equipo de colaboradores cercanos, encabezado por Emilio Zebadúa González, su oficial mayor.
La ASF incluso interpuso más de 27 denuncias ante la Procuraduría –ahora Fiscalía– General de la República, derivadas de sus observaciones. Robles siempre se defendió de haber incurrido en actos ilegales o de haberse enriquecido de manera ilegal, y para ello mintió de manera reiterada, como lo documentó Apro.
