Así fue el secuestro de los hijos de “Chuy” Labra, ex operador del Cártel Arellano Félix

Tijuana, 26 de marzo (Zeta/SinEmbargo).- Jesús Manuel y Marcos Liborio Labra Félix fueron privados de la libertad el miércoles 21 de marzo, luego de atender una comida-reunión en el restaurante La Querencia en el distrito gastronómico de Tijuana. Pasaban las cinco de la tarde cuando fueron interceptados en plena Zona Río por varios hombres obesos, con camisas de uniformes falsos de la Policía Estatal Preventiva (PEP). Doce horas después, alrededor de las seis de la mañana del jueves 22, fueron liberados en la colonia 20 de Noviembre.

Jesús y Liborio fueron identificados como hijos de Jesús “Chuy” Labra Avilés, ex operador financiero del Cártel Arellano Félix (CAF) detenido el 11 de marzo del año 2000; la información la proporcionó un primo, de apellidos Labra Gómez, quien al momento del crimen, circulaba junto a sus familiares, pero en otro auto.

Relató cómo varios hombres encapuchados que vestían chalecos balísticos algunos y otros camisas con la leyenda PEP, los emboscaron, explicó cómo en el crucero sobre el Paseo de los Héroes, en la inmediaciones de la Preparatoria Federal “Lázaro Cárdenas”, un pick-up Ford Ranger de color gris, en el que iban sus primos, fue rodeado por una Chevrolet Suburban, un Chevrolet Impala y un Toyota Camry, todos blancos con vidrios polarizados.

Los agresores bajaron a la fuerza a los Labra y se los llevaron en la camioneta, huyendo rumbo a la Vía Rápida Poniente. La Policía Municipal inició un operativo, pero no hubo detenidos. La noche del miércoles 20 de marzo, el primo Labra Gómez cruzó a Estados Unidos.

En la junta de seguridad de las Mesas de Pacificación, realizada a las ocho de la mañana del jueves 21, las autoridades presentes ya habían sido enteradas -por vías extraoficiales- de la liberación de Jesús y Liborio Labra.

Para corroborar, llamaron al primo que denunció la desaparición, pero éste no mostró interés en mantener contacto con el gobierno, sin embargo, confirmó “están bien los morros, ya se solucionó todo”.

Información extraoficial indica que después de haber sido privados de la libertad, los Labra fueron llevados a un domicilio donde los mantuvieron vendados, pero sin agredirlos. Toda la noche estuvieron escuchando lo que parecían conversaciones por radio, entre miembros de corporaciones a través de claves policiacas.

A la mañana siguiente, de acuerdo a las mismas versiones de personas cercanas a los afectados, les dijeron que había sido una equivocación y los dejarían ir, lo que sucedió muy temprano el jueves, ya con luz de día. Los bajaron de un auto en una calle de la colonia 20 de Noviembre, no muy lejos de dónde los habían privado de la libertad.

“Hablar de equivocación en un caso como éste resulta poco verosímil, porque los vigilaron, tuvieron una reunión en un restaurante, se ignora con quién, los delincuentes los esperaron, los siguieron y cuando estuvieron seguros los emboscaron. No se los toparon” expuso un investigador.

Alrededor de las seis de la mañana del jueves 21 de marzo, los Labra notificaron a su familia que ya estaban sanos y en la calle, después se dirigieron a la Garita de San Ysidro en un taxi. Una vez en la franja fronteriza, Jesús Manuel cruzó a Estados Unidos alrededor de las ocho de la mañana. El destino de Marcos Liborio se desconoce, pero los primeros informes indican que no tiene pasaporte.

Consultadas las autoridades, informaron que ninguno de los hermanos Labra Félix registra antecedentes delictivos ni en México, ni en la Unión Americana.

Conforme a los reportes no oficiales de las áreas de inteligencia de las corporaciones policiacas en Tijuana, el operativo contra los Labra fue “extraño” porque la información recabada en las primeras doce horas indica que pudo haber sido realizado por gente del mismo grupo delictivo en el que operó su padre. Por José Roque García y Gilberto Camacho Valle “El Chayanne”, ambos identificados como integrantes del CAF, y, presumen, tuvieron apoyo de efectivos policiacos, pero no definen de cuál.

Roque García tuvo mayor actividad dentro del CAF bajo el liderazgo criminal de Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo” y Eduardo Sánchez Arellano “El Ingeniero”, ha sido detenido dos veces, dedicado al cobro de piso y extorsión. En 2004 fue capturado por elementos del Ejército Mexicano y la PEP lo reaprehendió en 2010.

En abril de 2017 pretendía realizar una serie de delitos de alto impacto para “marcar territorio” en Tijuana, pero fue frenado por una investigación de Estados Unidos. En noviembre de 2018, después que facilitara a las autoridades información respecto a algunos homicidios, fue visto acompañando a policías municipales y estatales. El reporte fue que era informante del General Gabriel García Rincón, Comandante de la II Región Militar con sede en Mexicali, y de elementos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Gilberto Camacho Valle fue liberado en Estados Unidos luego de purgar una condena de doce años por tráfico y asociación delictuosa desde 2005, al ser detenido estaba identificado como operador financiero del CAF, cargo que en las décadas de los 80 y 90 desempeñó Jesús Labra Avilés, el padre de los secuestrados el 20 de marzo. Fue detenido en Tijuana en el año 2000 y extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de 40 años de cárcel.

Oficialmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició carpeta por el delito de privación de la libertad, con el Informe Policiaco Homologado (IPH) de la Policía Municipal. Con las declaraciones de un testigo y en las siguientes doce horas, realizaron actos de investigación, procesaron la escena, remolcaron el vehículo, tomaron la fijación de cámaras en la ruta de las víctimas y los victimarios; la mañana de hoy viernes 22 de marzo trabajaban en la redacción de los oficios para solicitar las grabaciones.

Sin embargo, al confirmar la liberación de los hombres, la PGJE aún no informa si dará continuidad o suspenderá la investigación.

FAMILIA SECUESTRADA Y TORTURADA

La señora Soledad Anabel estaba acompañada de sus hijos Samuel y Ángel, de 14 y 8 años de edad, respectivamente, cuando un grupo de secuestradores la privó de la libertad la tarde del 9 de marzo. Su camioneta Ford Expedition quedó abierta y abandonada en el estacionamiento de Walmart sucursal Jauja en Tijuana.

Inmediatamente, la familia de las víctimas solicitó apoyo para localizarlos a través de las redes sociales, y tres días después dejó de hacerlo. El 12 de marzo los delincuentes llamaron a la madre y abuela de las víctimas para exigir un millón de dólares, con la advertencia de que si no pagaban, los matarían.

Entre el 12 y el 15 de marzo, los criminales se tornaron más violentos, desnudaron a dos de las víctimas y las golpearon con cinchos plásticos, en espalda, glúteos y piernas, durante esos tres días los torturaron continuamente hasta dejarlos marcados. Los episodios de castigo fueron grabados.

La familia de las víctimas recibió fotos de sus seres queridos golpeados, marcados, mientras eran amenazados con armas en la cabeza. Y audios en los que se escuchaban los latigazos, gritos de dolor y las súplicas

El 15 de marzo, los criminales redujeron el importe del secuestro a 700 mil dólares, la familia tiene tiendas de ropa y artículos diversos en varias plazas de Tijuana, pero no disponían del dinero.

Tras una serie de acciones de investigación e inteligencia, la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, a través de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro (UEDS), notificó que alrededor de las 7:00 pm del 16 de marzo localizaron la casa en que los criminales “probablemente” tenían secuestradas a las víctimas. Ordenaron el operativo de rescate en el domicilio ubicado en Calle Monte Casino número 4, Colonia Lomas Conjunto Residencial La Mesa en Tijuana.

Los agentes ingresaron por el frente y en el estacionamiento se encontraron con uno de los secuestradores, estaba a bordo de un auto que de acuerdo al IPH, intentó echarles encima sin lastimarlos; cuando lo rodearon se resistió al arresto, pero lo capturaron. Fue identificado como Javier Adrián King, de 20 años de edad.

Luego, el grupo de la UEDS entró a la casa y encontró una recámara en la que sólo se veía una cocina integral y un hombre moreno, joven alto y armado, con una pistola apuntando al oficial del Grupo Antisecuestros que ingresó punteando al equipo.

El agente ministerial, que también apuntaba con su arma, ordenó al delincuente tirar la pistola, pero no hizo caso y disparó, dándole en la cabeza al uniformado, pero como el policía vestía equipo táctico, la bala le pegó en el casco, le hizo perder el equilibrio pero no lo derribó.

Entonces sus compañeros respondieron el ataque y el secuestrador cayó, pero desde el suelo continuó disparando y de nuevo hirió al uniformado puntero en la mano; después de eso, el malhechor fue abatido.

Este hombre aún está como “no identificado” más allá de sus características físicas, masculino de entre 25 y 28 años que portaba un arma Glock 9 milímetros.

Un tercer secuestrador estaba en el interior de la casa, los integrantes de la UEDS le ordenaron salir con las manos en alto y se negó, argumentando que temía por su vida, finalmente se rindió y se identificó como Brayan Mora Carranza, de 19 años.

Al revisar los cuartos de la casa, en uno de ellos encontraron a una mujer tirada en el piso, con las manos atadas, los ojos vendados con plástico y una soga en el cuello que había sido utilizada para torturarla. Estaba viva, pero presentaba golpes en todo el cuerpo, una mano se la habían dejado prácticamente inservible y la cara lucía hinchada y moreteada. La identificaron como Guadalupe Reyes Pérez alias “Lili”. Fue llevada al Hospital General, donde permanece en estado de coma.

Inicialmente las autoridades creyeron que era otra víctima de secuestro, pero tras las primeras declaraciones descubrieron que era socia de los plagiarios, ella fue quien les dijo a los criminales que la familia tenía dinero y citó a la víctima en el centro comercial donde fue secuestrada. La conocía porque era su cliente en la tiendas de ropa, y quedaron de verse para que Soledad le entregara una mercancía.

Los cómplices de Guadalupe Reyes informaron que la mujer era “pollera” y debía pagar piso al líder de la organización criminal, pero le dijo que no había tenido mucho trabajo y no tenía dinero, pero a cambio le “pondría” un trabajo fácil. Le garantizó que en dos días les pagaban el secuestro, asegurando que en el pasado la familia de la víctima había incursionado en el tráfico de personas y que tenían dinero.

Como no lograron nada a los dos días, Reyes y “el jefe” pelearon, la golpeó en la cara y le derribó al piso, ordenó que los otros hombres la golpearan.

En la casa de seguridad de la colonia Lomas Conjunto Residencial La Mesa también aseguraron en calidad de víctima a Lizeth Torres Casales porque también tenía rastros de haber sido golpeada en el rostro. Pero después resultó que “cuidaba” a los plagiados y le pegaron cuando intentó defender a “Lili”.

Tras la captura de los secuestradores, Soledad, Anabel y sus dos hijos fueron rescatados y devueltos a su familia.

La carpeta de este secuestro continúa abierta, la UEDS sigue en las pesquisas para localizar al cabecilla del grupo criminal, del que saben, lidera tres células delictivas de entre nueve y doce delincuentes cada una, las cuales operan con grupos del CAF.

De hecho, Guadalupe Reyes alias “Lili” está identificada como pareja de Jonathan Tapia Rojas, cabecilla de la célula de traficantes de personas fichados como “Los Tapia”, quienes trafican con gente en la franja fronteriza en el tramo entre la colonia Alemán y El Mirador, en Tijuana.

Datos de inteligencia refieren que ellos pagaban piso al CAF en la persona de Luis Roberto Toscano Torres “El Monito” – asesinado en enero de 2019-. El encargado de cobrarles a él y al resto de los traficantes de esa zona, era Diego Abel Miranda Rodríguez “El Cateo”.

“Quien ordenó el secuestro de la familia sería quien se quedó en lugar de Toscano Torres”, concluyó un investigador.

SECUESTROS EN NÚMEROS

De acuerdo a cifras de la PGJE, en el transcurso de 2019, la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro ha desarticulado dos grupos de plagiarios y detenidos a 18 secuestradores. En 2018, con 15 secuestros denunciados, desarticularon once células de secuestradores y detuvieron a 69 plagiarios.

Entre 2012 y 2019, oficialmente se han denunciado 48 secuestros y las indagatorias han resultado en la captura de 448 secuestradores.

Con información de: Sin Embargo

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