La organización Ciudadanos Observando lanzó un nuevo señalamiento contra Margarito Terán, líder del llamado pulpo camionero en San Luis Potosí, luego de que nuevamente planteara que la tarifa del transporte público debe subir hasta los 15 pesos para evitar la quiebra de los concesionarios. De acuerdo con la organización, se trata del mismo discurso que Terán ha repetido durante más de 30 años sin que exista una mejora real en el servicio.
Para Ciudadanos Observando, el estado actual del transporte público evidencia que los constantes aumentos no se reflejan en beneficio para los usuarios. Señalan que varias de las líneas controladas por Terán operan con unidades obsoletas, en malas condiciones y con un servicio deficiente, además de prácticas laborales cuestionables hacia los choferes y trabajadores del sistema.
El líder camionero volvió a argumentar que la tarifa actual de 12.50 pesos ya no permite una operación eficiente y que el incremento es indispensable. Sin embargo, la organización subrayó que se omite un dato clave: más de 350 unidades circulan de manera ilegal en San Luis Potosí al rebasar los diez años de antigüedad permitidos por la ley, una irregularidad que ha sido tolerada durante años por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal.
Ciudadanos Observando recordó que la Ley de Transporte del Estado establece que cada enero debe revisarse la tarifa con base en criterios técnicos y, sobre todo, en el cumplimiento de las obligaciones de los permisionarios. En la práctica, señalaron, dichas obligaciones se incumplen de forma reiterada, pero aun así los concesionarios suelen ser beneficiados con aumentos al pasaje.
Desde la organización también se retomó una postura que ya ha sido expresada en otras ocasiones: si el transporte público no es negocio, como insiste Terán, debería hacerse a un lado y permitir la entrada de nuevos permisionarios, tal como ocurrió en su momento con Transportes Tangamanga. Para Ciudadanos Observando, antes de exigir otro incremento al usuario, los concesionarios tendrían que explicar por qué incumplen la ley, por qué mantienen unidades irregulares y por qué el servicio sigue siendo caro y de mala calidad. El problema, concluyen, no es la tarifa, sino el modelo de transporte que se mantiene desde hace décadas.
