La organización Amnistía Internacional (AI) documentó que hay 152 casos de personas que fueron presuntamente privadas de su libertad por bandas delictivas o detenidas por funcionarios públicos en los últimos seis años y cuyo paradero aún se desconoce.
Para AI, en al menos 85 de esos casos (55%) hay indicios concluyentes de la participación directa o indirecta de funcionarios públicos, según arroja el informe “Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México”, presentado esta mañana por la organización.
En el informe se expone que las autoridades se involucran o participan en las desapariciones debido a que policías y fuerzas de seguridad están infiltradas por bandas criminales.
En el documento, la organización también señala que en dicho periodo (2006-2012) sólo ha habido dos sentencias condenatorias por desaparición forzada a nivel federal, pero no estatal.
El delito de desaparición forzada existe en el código penal federal y en 13 jurisdicciones estatales.
La organización internacional destaca además que al estar involucradas en la mayoría de los casos investigados, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de las desapariciones.
AI asegura que a menudo se culpa a las bandas delictivas de las desapariciones, pero dicha presunción casi nunca se basa en una investigación exhaustiva: “De hecho, la policía y las fuerzas de seguridad están infiltradas por bandas criminales y, en consecuencia, muchos funcionarios públicos han colaborado en las desapariciones perpetradas por estás bandas”
“Debido a la connivencia de funcionarios públicos con redes criminales, en la práctica hay familiares de víctimas que han tenido que denunciar las desapariciones precisamente ante las personas de quienes sospechan que están implicados en la desaparición“, apunta AI en su informe.
En 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenía 2 mil 126 casos de desaparición forzada en fase de investigación y había recibido información sobre 15 mil 921 cuerpos no identificados de procuradurías de todo el país. Se desconoce a cuántos de estos restos podrían pertenecer a personas desaparecidas debido a la falta de investigaciones forenses exhaustivas.
En 2011, después de una visita a México, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias formuló 34 recomendaciones para abordar la crisis, pero pocas de ellas han sido implementadas, como garantizar que el delito de desaparición forzada se establece tanto en la legislación federal como en las leyes estatales de conformidad con el derecho y las normas internacionales.
Aquí el testimonio de un familiar de un desaparecido:
2410242013 (Enfrentarse a Una Pesadilla_Desapariciones Mexico) Web
http://www.animalpolitico.com/2013/06/autoridades-involucradas-en-el-55-de-las-desapariciones-ai/#axzz2VG35VKOQ
