El Congreso de la Unión busca declarar la validez constitucional del llamado Plan B de la reforma electoral el próximo 18 de abril, como parte de un proceso acelerado que involucra tanto a legisladores federales como a congresos estatales.
Para lograrlo, se prevé que al menos 17 legislaturas locales aprueben la iniciativa en un corto periodo, con votaciones programadas entre el miércoles y el fin de semana en distintas entidades del país.
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales fue citada para analizar el dictamen, con la intención de que el pleno lo avale de inmediato y lo turne a los estados para su validación.
Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es la modificación al artículo 115 constitucional, que establece un límite de hasta 15 regidores por ayuntamiento, lo que implicará una reducción significativa en varios municipios a partir de 2027.
Esta medida impactará directamente a ciudades importantes en estados como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero e Hidalgo, donde se ajustará la integración de los cabildos.
Además, el Plan B contempla la eliminación de 190 regidores en 59 municipios, así como la desaparición de 182 síndicos en 40 ayuntamientos en todo el país.
Otro de los cambios relevantes es el ajuste al presupuesto de los congresos estatales, ya que se propone que no exceda el 0.70% del gasto total de cada entidad, lo que generará recortes importantes.
Se estima que esta medida permitirá un ahorro superior a los 4 mil millones de pesos, recursos que deberán ser destinados a obras públicas.
Entre las entidades más afectadas por estos recortes se encuentran Morelos y Tlaxcala, seguidas por estados como Nayarit, Michoacán y Quintana Roo, que también enfrentarán reducciones considerables en sus presupuestos legislativos.
El impulso de esta reforma responde a la necesidad de concretar cambios antes de los próximos procesos electorales locales, buscando dar claridad en la organización de los ayuntamientos y el uso de recursos públicos.
