A propósito de lo comentado en nuestra columna de la semana pasada, acerca de cómo numerosas denuncias por casos de corrupción duermen el sueño de los justos en el gobierno de Juan Manuel Carreras, un amigo nos recordó dos asuntos que aquí mismo publicamos en diciembre del 2015. Se trata de latrocinios perpetrados en el sector salud en el 2013, denunciados penalmente en 2014 y que dejó “en trámite” la administración torancista a su conclusión el 25 de septiembre del 2015. Su congelamiento lo dispuso la administración carrerista. Los recuperamos con unos ajustes mínimos para facilitar su comprensión.
“Ambas historias provienen de fuentes conocedoras y confiables. Como responsables de hechos delictivos y beneficiarios de los mismos aparecen el ex Secretario de Salud, doctor Francisco Javier Posadas Robledo y su entonces Director General de Administración, Francisco Carrera Martell. Ambos personajes están involucrados además en la denuncia penal presentada en julio del 2014 pasado por pagos multimillonarios indebidos.
“Paco Carrera llegó a la Secretaría de Salud en 2003 como Contralor Interno. Salió de ahí en 2009 para convertirse en Oficial Mayor de Gobierno de Fernando Toranzo, quien lo despidió en septiembre del 2012. No duró mucho desempleado, pues escasos dos meses después fue nombrado Director General de Administración de la misma Secretaría por Posadas Robledo, quien había llegado a ese cargo poco antes, en agosto. Carrera fue removido de esa Dirección en enero del 2015, sospechoso en un turbio asunto del que hablaremos párrafos abajo. Lo más sorprendente de todo es que en septiembre del 2015, al arranque del gobierno de Juan Manuel Carreras, Paco Carrera regresó al mismo cargo invitado por la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez.
“A principios del 2013, cuando tanto Posadas como Carrera llevaban pocos meses en sus nuevos cargos, un funcionario de nivel medio con responsabilidades de supervisión decidió verificar el cumplimiento del contrato firmado con la empresa Acualimpio para dar servicio de limpieza en las instalaciones de la Secretaría.
“La primera revisión se hizo en el Hospital General de Soledad, donde según el contrato deberían prestar su servicio 41 trabajadores de aquella empresa, encontrándose que solamente lo hacían 35, de acuerdo con los registros de asistencia, bitácoras y demás informes debidamente documentados. Semanas después se verificó el Hospital del Niño y la Mujer de esta capital, encontrándose exactamente la misma situación: se le pagaban 41 salarios individuales a la empresa pero solamente laboraban 35 personas.
“Esta situación fue informada a Carrera Martell, quien autorizaba los pagos correspondientes. Mostró poco interés en el asunto y optó por remitirlo al área Jurídica de la Secretaría.
“Más avanzado el año (2013), por ahí de mayo o junio, se realizaron las respectivas visitas de inspección a los hospitales de Valles y Rioverde. Se descubrió lo mismo: en Valles estaban cobrando por 41 operarios y acudían a laborar 35, mientras que en el de Rioverde, que es de menor capacidad, se pagaba a 38 y solamente trabajaban 34. Cuando estaba a punto de hacerse la tarea de verificación en el nosocomio de Matehuala, de características similares al de Rioverde, el aplicado funcionario que había descubierto el fraude fue destituido, y otros que tenían conocimiento del mismo fueron advertidos de que serían los siguientes en quedarse sin empleo si retomaban el tema.
“Así, en los cinco hospitales a cargo de la SS donde deberían laborar 199 elementos contratados y pagados, solamente acudían a trabajar y devengar sus sueldos 173. Con un tabulador promedio ligeramente superior a los 6 mil pesos cada uno, los 26 fantasmas dejaban sin cobrar 156 mil pesos mensuales, que invariablemente salían de las arcas de la dependencia y nunca regresaban. Es decir, alguien se embolsaba esa suma mes a mes.
“Esta parte, la que se refiere a los hospitales, es la que fue oportunamente detectada y reportada por lo menos a Martell y a su subdirector operativo René Olvera, sin que se tenga conocimiento de que hayan hecho algo para corregirla. Lo único que hicieron fue despedir al funcionario que hizo el hallazgo.
“Sucede que Acualimpio no presta o prestaba sus servicios de limpieza únicamente en los hospitales, lo hace o hacía en todas las instalaciones de la Secretaría de Salud. Su contrato para el 2013 contemplaba un total de aproximadamente 450 trabajadores. Si en el caso comprobado de los centros hospitalarios el personal fantasma representaba un 13 por ciento, haciendo la traspolación correspondiente, en la totalidad serían unos 60 los elementos inexistentes cuyos sueldos eran puntualmente pagados. A 6 mil pesos cada uno, estamos hablando de que alguien se embolsaba unos 360 mil pesos mensuales, equivalentes a 4 millones 320 mil pesos anuales.
Todo indica que esa dinero mal habido tuvo como destino final las cuentas de dos o tres funcionarios de primer nivel de la dependencia. Los principales sospechosos son Posadas Robledo y el incombustible Paco Carrera”.
EL OTRO ESCABROSO ASUNTO
“A la salida de Posadas Robledo de la Secretaría de Salud, el 15 de julio de 2014, el gobernador Toranzo nombró en su lugar al doctor Roberto Ávalos Carbajal, quien un año más tarde, junio de 2015, presentó una denuncia penal. Una excelente crónica de este asunto, autoría del excelente reportero Leonardo Vázquez, la publicó Pulso el 22 de ese mismo mes. No tiene desperdicio:
“Ese parece ser el entramado que creó un grupo de empresarios de la construcción con servidores públicos de la Secretaría de Salud estatal, en que se involucra a quien fuera su titular desde agosto del 2012 hasta julio del 2014, Francisco Javier Posadas Robledo y de cuya red da cuenta la denuncia hecha por quien ahora ocupa el cargo, Roberto Ávalos Carbajal, y que es materia de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“La denuncia relata que todo inició el 30 de abril del 2013, con la publicación de la convocatoria pública nacional EO 924016999-NR-2013 para construir 15 centros de salud en una decena de municipios. Como ocurre en las licitaciones, el contrato se otorga a quien ofrezca el mejor precio, siempre que se encuentre por debajo de la partida presupuestal previamente autorizada, aunque ese dato es confidencial, en teoría sólo deben conocerlo unos pocos servidores públicos.
“Otra condición es que la empresa postulante garantice la calidad de los trabajos y se le pide también demostrar el suficiente capital contable que dé la certeza de capacidad para hacerse cargo de la obra.
“A la referida convocatoria respondieron tres empresas; una cotizó la construcción de los 15 centros de salud en 204 millones de pesos, otra en 207 millones, y Meitex, en sociedad con TLM Constructora y Desarrollo de Infraestructura Integral, en 155 millones 253 mil 686 pesos. La partida autorizada era por 155 millones 603 mil 473 pesos, una diferencia de apenas 349 mil 787 pesos, que ya de por sí levanta sospechas, pero que tiene explicación. ´Esto, como ya se dijo, por haber contado con la información del techo presupuestal, proporcionada indebidamente por los CC Francisco Javier Posadas Robledo, CP José Francisco Carrera Martel, CP J. René Olvera Castillo, Ramón Álvarez Zamora, Ing. Alejandro Rodríguez Leyva´, según afirmó el actual secretario de Salud Roberto Ávalos Carbajal en su denuncia penal registrada como averiguación previa 4/III/2015, que integra la fiscalía de asuntos relevantes de la PGJE.
“Tan valiosa información habría permitido a la empresa Meitex apostar sobre seguro, pero todavía tenía que salvar otros requisitos, como demostrar un capital mínimo de 45 millones de pesos, de los cuales sólo contaba con 15.5.
“Ello lo superó al asociarse con TLM Constructora Mexicana, S.A. de C.V. y Desarrollo de Infraestructura Integral, S.A. de C.V, quienes reportaron capitales por 30.7 y 29.7 millones de pesos, respectivamente, para sumar entre las tres 76 millones de pesos.
“Entonces sí, a construir centros de salud: al menos eso se esperaría, pero no fue así, pues en algunos de los municipios ni siquiera removieron tierra para las supuestas obras. ´Adjudicados los quince centros a las constructoras, los funcionarios mencionados desplegaron una conducta invadida de dolo, pues al no supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos, a efecto de tomar las decisiones técnicas y legales correspondientes, pero dándose cuenta de todas las irregularidades y del incumplimiento del contrato, siguieron permitiéndolas´, dice la denuncia.
“Además, el entonces secretario de Salud (Posadas Robledo) y sus subordinados (Carrera Martell entre ellos) habrían autorizado y liberado 43 cheques, para hacer un total de 84 millones 796 mil pesos.
“Ello, ´mediante documentación maquillada o confeccionada para tales efectos´, afirma Roberto Ávalos. ´El último pago fue cobrado por Angélica María San Luis Carlos el día 29 de mayo de 2014, fecha en la cual las empresas contratistas ya habían abandonado los trabajos´, agrega.
“La fecha en que debieron concluir los 15 centros de salud era el 19 de abril de 2014, pero en una minuta del 2 de octubre del 2013 los constructores reconocen que ya tienen retrasos y proponen un programa de recuperación para ponerse al corriente. En diciembre de 2013 siguen los retrasos, lo mismo al finalizar enero del 2014 y todavía el 3 de marzo se ratificó que las obras simplemente estaban abandonadas.
“Pero los pagos siguieron fluyendo más de un mes después, hasta que poco faltó para que se pagaran los 155 millones de pesos acordados en un contrato que no se cumplió por parte de los constructores. Antes de eso, Francisco Javier Posadas Robledo fue destituido.
“Aunque ahora el presunto fraude es investigado por la PGJE, la receta para obtener recursos del erario y seguir libre sigue siendo efectiva, pues no hay un solo responsable detenido, mucho menos se ha recuperado un solo peso de los muchos millones desaparecidos”. Hasta aquí la espléndida narración de Leonardo, cuyo colofón hoy, 5 años después, sigue siendo válido: no hay detenidos ni avance conocido de las indagatorias.
COMPRIMIDOS
Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia de Jorge Ricardo Domínguez Casanova, Rikis, para sus amigos, quien hace una semana se nos adelantó en el viaje final. Buen amigo, buena persona y buen ciudadano. Más de lo que puede decirse de muchos.
La Comisión Jurisdiccional del Congreso del estado que decidirá si se somete o no a juicio político al Secretario de Seguridad Jaime Pineda, inició sus trabajos a principios de semana. Llevará algún tiempo conocer su determinación. Alguien enterado del tema nos comentó que muy probablemente “la libre”, pero “a un costo muy alto para el Ejecutivo”. Se prevé que las distintas fracciones legislativas, excepto quizá la del PRI, pasen facturas muy elevadas por dejar en su cargo al ineficaz y frívolo funcionario
Mala, muy mala noticia para el PRI la doble renuncia del Dr. Narro, a la candidatura a presidente del CEN y al Partido mismo. El otrora invencible se aproxima alegremente al abismo.
Por supuesto que Gabino Morales está muy en su derecho de rodearse de quienes él quiera para cumplir sus responsabilidades oficiales, pero si es cierto que tiene aspiraciones políticas de mayor alcance, convertir a Los Arreola en sus cerebros, operadores y personeros, sólo le traerá desgracias. Al tiempo.
Hasta el próximo jueves.
PULSO
Juan José Rodríguez
