Con el cambio de gobierno la aplicación del arraigo se redujo alrededor de 60% en México, de acuerdo con información que la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer vía solicitud de transparencia.
Las estadísticas de la dependencia federal indican que tan sólo en los últimos 11 meses del sexenio de Felipe Calderón se concedió la aplicación de 145 casos de esa medida cautelar por mes, en promedio, con el fin de que la autoridad reuniera más evidencias contra los detenidos.
En cambio, durante diciembre de 2012 y enero de 2013, ya en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se registraron 48 y 64 casos, respectivamente, en las diferentes unidades especializadas para la atención de delitos federales; es decir, hubo 56 al mes en promedio.
La PGR dio cuenta que de enero de 2012 a enero de 2013 se concedieron en el país mil 705 arraigos; de ésos, 164 fueron contra mujeres por su presunta relación con algún ilícito. La Procuraduría calculó que cada persona detenida significa una erogación de mil 102.39 pesos al día.
En el sexenio pasado se concedieron a la SEIDO más de siete mil arraigos; de ellos, 458 terminaron con liberaciones por falta de pruebas y seis mil 902 recibieron consignación, de acuerdo con la solicitud de transparencia.
Bajan arraigos tras cambio de gobierno
La PGR calcula que mantener a cada persona en el inmueble de la colonia Doctores cuesta mil 102.39 pesos al día.
Los arraigos se redujeron 61% después del cambio de poder en el gobierno federal.
Las estadísticas oficiales indican que en los últimos 11 meses de la administración de Felipe Calderón se registraron 145 arraigos en promedio cada mes y, una vez que Enrique Peña Nieto tomó las riendas del Poder Ejecutivo, el promedio de los dos primeros meses fue de 56.
En el documento dado a conocer por la Procuraduría General de la República (PGR) vía solicitud de transparencia refiere que en 13 meses se otorgaron mil 705 arraigos; de ellos, sólo 112 procesos (6.5 por ciento) en diciembre de 2012 y enero de 2013, ya con Enrique Peña Nieto en Los Pinos.
La PGR calcula que cada día de arraigo le cuesta al Estado mil 102.39 pesos.
El recuento está tomado de las entidades de la PGR, entre ellas la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos (UEIDCS), la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS), la Unidad Especializada en Investigación, Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos (UETMIO).
Además, la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículo (UEIARV) y la Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM). Además, el reporte de la PGR contempla el rubro “otros” (otros delitos, que no se detallan) en el desglose de su información.
El rubro que más arraigos presenta es el de “otros”, con 787 medidas cautelares otorgadas en 2012 y el primer mes de 2013; le sigue el rubro de los delitos cometidos por servidores públicos, en los que se libraron en ese mismo lapso 347 arraigos.
De los mil 705 procedimientos, se desprende en la estadística que 164 fueron contra mujeres, es decir, 9.6 por ciento del total. De ellas, sólo 12 recibieron la medida cautelar en los primeros dos meses de esta administración.
De los arraigos contra mujeres, la mayoría se encuentran en el rubro de “otros” delitos, donde hay 81 casos en los 13 meses que presenta el reporte; le siguen 22 arraigos por delitos de secuestro concedidos a mujeres, así como una veintena de medidas cautelares contra servidoras públicas.
En el sexenio de Felipe Calderón, donde hubo más de siete mil arraigos, de manera oficial 458 personas fueron liberadas porque las pruebas que los inculpaban no pudieron sostenerse, y seis mil 902 fueron consignadas ante la autoridad correspondiente.
Lo anterior, con base en información sólo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada.
En México, la Constitución contempla que se puede otorgar un plazo de 40 días de arraigo, que se puede extender por otro lapso igual “siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”.
Esta semana se prevé que sea avalada en el Congreso de la Unión la acotación del arraigo a dos periodos, de 20 y 15 días –en vez de dos de hasta 40 cada uno–, lo que implicaría reducir el tiempo legal de la medida en más de 50%.
Precio del arraigo
La manutención, aseo, pagos a personal para vigilancia y seguridad, entre otros, por cada persona arraigada, cuestan al Estado mil 102 pesos diarios, calcula la PGR en la respuesta.
Esta cantidad “puede variar de acuerdo al número de personas arraigadas que ingresen y permanezcan en dicho Centro (Nacional de Arraigo)”.
La manutención del centro cuesta alrededor de 30 millones cada año.
De marzo a diciembre de 2010, la Procuraduría gastó 23 millones 181 mil pesos. En 2011, fueron 31 millones 606 mil pesos y, de enero a noviembre de 2012, 27 millones 847 mil pesos.
A discusión
Diferentes casos de aplicación del arraigo han dado pie a que la medida cautelar sea criticada:
En el llamado Michoacanazo, 38 funcionarios estatales (presidentes municipales, jefes policiales y un juez) fueron detenidos el 26 de mayo de 2009 y fueron acusados de colaborar con la delincuencia organizada. Fueron liberados por falta de pruebas.
El ex titular de la entonces SIEDO, hoy SEIDO, Noé Ramírez Mandujano, fue detenido el 19 de noviembre de 2008 en el marco de la Operación Limpieza.
El ex subsecretario de la Sedena, Tomás Ángeles Dauahare, recluido desde mayo de 2012 por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva, fue declarado en libertad la tarde del 17 de abril.
ONG llaman a eliminar figura jurídica
Los representantes de las organizaciones internacionales de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, y el director de Amnistía Internacional México, Daniel Zapico, pidieron a México eliminar la figura jurídica del arraigo y el fuero militar.
Ambos participaron en un foro organizado por el Senado para revisar temas como derechos humanos, migración y tráfico de armas y droga, en el marco de la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
José Miguel Vivanco, de HRW, consideró que el arraigo “lo que permite es garantizar y promover la negligencia, la falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad que no van a estar en condiciones y no van a tener los incentivos para investigar adecuadamente.
“Garantizar un ambiente de impunidad para el ejercicio de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, por tanto creemos que la mejor opción para evitar detenciones arbitrarias con el pretexto de la figura del arraigo sería su eliminación completa del texto constitucional”, destacó.
Daniel Zapico, de Amnistía Internacional, en tanto, comentó que “el arraigo sigue siendo violatorio de los derechos humanos, y lo va a seguir siendo, y México se va a seguir ganando la condena de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Si el Legislativo mexicano no asume realmente su obligación lo único que vamos a estar haciendo es que continúen las violaciones de derechos humanos.
“El arraigo se aplica en México en un contexto de falta de control jurisdiccional, de falta de acceso a abogados, de falta de acceso a las mínimas garantías para proteger los derechos humanos. Si el legislador mexicano considera que se debe de seguir aplicando el arraigo lo hace a sabiendas de que se va a seguir torturando, de que se va a seguir coaccionando, de que se van a seguir fabricando pruebas”, añadió.
En materia de fuero militar, José Miguel Vivanco comentó que “la justicia penal militar en México es una justicia que no cuenta con inamovilidad en el cargo. Los jueces militares están vinculados al mando y responden al mando, no hay independencia, no hay transparencia, no hay garantías del debido proceso”.
Daniel Zapico añadió que se debe ir por una reforma real “y no con algunas de las propuestas existentes, con trampas como crear tribunales civiles compuestos por antiguos militares o con algún tipo de conexión con el fuero militar, lo cual al final nos serviría para crear una nueva jurisdicción diferente que seguiría siendo violatoria de derechos humanos”.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/04/30/896631
