Bandas originarias de China se han colado entre la población de Simojovel, en Chiapas, donde hace dos semanas murieron dos niños poco después de que fueran inyectados con una vacuna del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los chinos, dice un amplio reportaje de El Mundo, compran ámbar a adultos y niños.
El año pasado, el Gobierno federal encontró que otras bandas de chinos tenían bajo su control el tráfico ilegal de acero proveniente de minas mexicanas en Michoacán. Ahora, parece, están en Chiapas por el ámbar.
El periodista Javier Brandoli narra en la edición de hoy de El Mundo: “El trabajo en la mina en Simojovel es junto a los escondidos y protegidos por los narcos cultivos de amapola y marihuana la fuente de riqueza de la comarca. ‘Pedro y Manuel trabajan en la peor parte de la cadena, son los mineros de segunda. Picamos las rocas de los terrones que tiran de la mina’, cuentan mientras no detienen sus brazos y martillos bajo un duro sol con sus pies sujetos en una colina de escombros. Ellos ganan 200 pesos al día por currar [trabajar] de lunes a viernes”.
Brandoli dice que lo que hacen es buscar entre los restos de “basura” de la piedra ya desechada por los mineros de primera, que en los casos muy afortunados pueden cobrar hasta 500 pesos diarios. “‘Hay todo tipo de arreglos económicos. Las minas en ocasiones las explota el dueño, otras la renta por meses y otras contrata a trabajadores a los que pueden pagar 150 pesos al día’, explica Claudia”.
“En las minas hay también trabajo infantil –agrega el periodista–, como el que le costó la vida al primo de Elías, de 14 años y estudiante de secundaria: ‘Había encontrado una pieza de 900 gramos que llevaba en las manos y salía sonriente cuando una piedra le aplastó’, nos relata su familiar. ‘Hay niños que con siete años ya trabajan en la mina en sus vacaciones. Yo empecé con nueve años’, dice. ‘Los niños hacen trabajos menos duros generalmente y son de familias muy desestructuradas. Las mujeres sólo trabajan en las minas cuando no consiguen casarse’, puntualiza Claudia”.
De acuerdo con el diario español, Antonio, un minero, explica: “Llegaron los chinos hace tres años y comenzaron a comprar el ámbar puro, el que no tiene manchas. Subieron los precios y empezó a haber más gente dispuesta a trabajar en las minas. Generalmente se trabaja cuatro horas pero ahora lo hacen hasta nueve porque consumen cocaína que en muchas ocasiones la pagan con el mismo ámbar que encuentran”.
Elías, un lugareño, explica: “[Los chinos] viven todos encerrados en el único hotel de Simojovel. No salen nunca, tienen sus intermediarios que son los que compran las mejores piezas y salen sólo a cenar a un restaurante chino que se acaba de abrir”.
El padre Marcelo, perseguido por las mafias establecidas en Chiapas, abunda: “El problema no lo han generado los chinos. Existía ya de antes”.
Agrega que ha rechazado la protección que le ha ofrecido la Policía Federal por tres razones: “Yo gozaría de una protección que el pueblo no tiene, no confío en la Policía, todas están compradas aquí por los narcos, y somos pacifistas, no quiero que nadie muera por mi culpa, prefiero morir yo”.
“Hemos hecho denuncias a nivel internacional para que alguien intervenga antes de que ocurra una gran desgracia. El Estado no hará nada hasta que no haya muertos. Todos saben lo que ocurre y nadie interviene. Estamos a tiempo de parar esto”.
Se desconoce si el Gobierno federal realiza alguna investigación sobre estas denuncias.
SIMOJOVEL, NIÑOS Y ABANDONO
La semana pasada, habitantes del ejido La Pimienta en Simojovel, Chiapas, rechazaron las versiones que ha dado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre la muerte de dos menores y los daños ocasionados a otros 29 tras la aplicación de vacunas contra la hepatitis B y responsabilizaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno por la falta de atención médica en sus comunidades.
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya, pidió a los padres de familia tener confianza en vacunar a sus hijos, y aseguró que lo ocurrido en Chiapas fue un hecho aislado.
“Me gustaría decir que no hay riesgo, que ya los expertos determinaron qué es lo que tenemos que hacer y que esto fue un problema muy focalizado en una comunidad rural, aislada. Está aislado el problema”, dijo el funcionario en entrevista para Primero Noticias.
En respuesta, los pobladores de Simojovel dijeron que la muerte de dos bebés recién nacidos “no es un caso aislado” y detallaron que en la misma localidad se han presentado muerte de menores por falta de atención médica oportuna, de mujeres en labor de parto, de personas enfermas por tuberculosis, cáncer
“La muerte de dos bebés recién nacidos no es un caso aislado”, denunciaron.
“El año pasado un niño de cinco años de edad enfermo no llegó al hospital, se murió en el camino. Además a las mujeres embarazadas las envían a Simojovel o a Bochil y algunas han tenido el parto antes de llegar. Se han muerto siete mujeres durante el parto en la comunidad de La Pimienta en cuatro años. Además en la comunidad se han muerto 16 personas de tuberculosis y de 16 de cáncer (entre ellos niños)”, precisaron.
Los pobladores de Simojovel dijeron en un comunicado de prensa que la asistencia de las personas que llevaron a sus hijos para la aplicación de vacunas no es opcional ya que “si no llegan las mujeres les ponen falta y les quitan el programa Prospera”.
“Con esta forma de proceder queda al descubierto que los proyectos del gobierno son para controlar a la población y así imponer sus proyectos en contra del pueblo indígena”, denunciaron los habitantes en el documento dirigido a los medios de comunicación y a la opinión pública.
Dijeron que todo esto deja al descubierto “las pésimas condiciones de servicio de salud en La Pimienta y todo el municipio de Simojovel y no sólo en Simojovel, en las comunidades y ejidos de todos los municipios de Chiapas”.
Denunciaron que las autoridades municipales no se han preocupado para gestionar estos servicios básicos como buen hospital, agua potable, mejoramiento del camino, solamente terminan en sus puestos con mucho dinero para ellos mismos.
Asimismo rechazaron las versiones dadas por el IMSS y dijeron que el gobierno “sólo manipula la información a través de los grandes medios de comunicación como Televisa. Manifestaron que hasta el momento a las familias no les han dado información directa de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General del Estado, ni de los análisis de los medicamentos suministrados.
“Responsabilizamos a las autoridades de los tres niveles por la falta de atención médica en nuestras comunidades. Recordamos que es obligación del Estado mexicano proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de los padres y madres de familias y privilegiar el interés superior de los niñas y niñas”, manifestaron.
LA MUERTE DE LOS MENORES
Los pobladores de Simojovel refirieron que el pasado 8 de mayo el Doctor Roberto Calvo León invitó a las mujeres del grupo 3 del programa Prospera, del IMSS a la unidad médica 186 de la comunidad La Pimienta para vacunarse.
El reporte indica que se presentaron 31 bebés de San José Anexo La Pimienta, poblado San Antonio del Monte y La Pimienta quienes fueron vacunados entre las 12 y las 14 horas de la tarde. Las personas permanecieron en espera desde las 8 sin poder irse a casa hasta que les tomaron los datos al final.
“La asistencia no es completamente voluntaria, hay condición: Si no llegan las mujeres les ponen falta y les quitan el programa Prospera. Con esta forma de proceder queda al descubierto que los proyectos del gobierno son para controlar a la población y así imponer sus proyectos en contra del pueblo indígena”, denunciaron los habitantes.
Dijeron que esa misma tarde, a las 18 horras se registraron los efectos de la vacuna: “los niños y niñas, lloraban y comenzaron a convulsionarse, se desmayaron, les dieron ataques, temperatura alta, se entumieron los dedos, los pies, se pusieron de color morado y tuvieron diarrea”.
El reporte indica que los padres y madres se trasladaron a la cabecera municipal con los infantes enfermos para recibir atención médica pero una recién nacida de 30 días de nombre Yadira murió en el camino y un recién nacido de 28 días de nombre Emanuel murió en el centro de salud de Simojovel.
“En la cabecera municipal no hay la capacidad médica y los envían a Bochil al hospital del IMSS pero no había ambulancia tuvimos que transportarlos en camionetas particulares pagadas por los padres. Ahí llegaron a la 1 de la mañana del sábado 9 de mayo, no les dieron atención buena, los formaron como si fuera una cola para las tortillas, los recibieron y atendieron hasta que nosotros hicimos presión en Simojovel”, dijeron.
La noche del lunes 11 de mayo el IMSS informó que cinco menores, 3 niñas y 2 niños, fueron dados de alta tras las reacciones adversas que presentaron cuando se les aplicaron sus vacunas en la comunidad de La Pimienta, en el municipio de Simojovel, Chiapas.
“Con la muerte de dos bebés en Pimienta queda evidenciada la miseria en la atención a salud aquí en Simojovel”, dijo Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, según informó la comunidad en Facebook.
La tarde del domingo, el Gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello y el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, visitaron a los 29 niños hospitalizados y posteriormente se reunieron con sus familiares. El lunes también se informó de una reunión con los deudos.
MÁS CASOS
Éste no ha sido un caso único donde se acusa de negligencia a representantes del sector salud. La integridad de los menores y de las mujeres durante la maternidad se ve minada cuando se carece de acceso a servicios de salud de calidad, o se vive en condiciones de pobreza y desigualdad, de acuerdo con el informe “La muerte materna acciones y estrategias hacia una maternidad segura”, publicado en 2009 y realizado por el Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos. Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, A.C. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
“Las mujeres pobres, tanto urbanas como rurales, son las que más riesgo corren y mayores obstáculos enfrentan para acceder a servicios de salud calificados. Las mujeres indígenas presentan tres veces más riesgo de morir que las mujeres del país en su conjunto; estados que concentran a la población indígena como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, son precisamente los que año tras año aparecen con las más altas razones de muerte materna”, detalló el informe.
Por su parte el Comité Promotor por una Maternindad Voluntaria y Segura en Chiapas en un informe sustentó que en ese estado por cada 100 mil nacidos vivos fallecieron 75 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el periodo postparto.
En 2008 el número de muertes de mujeres por esas razones se elevaba a 96.8 por cada 100 mil nacidos vivos. Es decir, que las mujeres embarazadas, en las condiciones que fueran, corrían el riesgo de morir en Chiapas.
En 20011 el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretería de Salud informó que en Chiapas hubo 56.4 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos.
Los indígenas de Chiapas cuando acuden a clínicas, hospitales u otros servicios de salud también se enfrentan malos tratos, discriminación, así lo ha de venido denunciando la Alianza de Productores Independientes (APROI).
Por eso, muchos de los partos en las comunidades indígenas son realizado por parteras. Autoridades de salud detallaron que en la entidad cerca del 70 por ciento de los partos eran atendidos por mujeres de las comunidades. En 2012, según cifras oficiales, existían casi 800 mujeres que asistían cerca de 250 al mes.
ORGANIZACIONES CLAMAN JUSTICIA
Organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron por la muerte de dos bebés y la hospitalización de más menores como resultado de la aplicación de vacunas del IMSS y demandaron que se realice una investigación “profunda e imparcial”, para evitar que se repita. Asimismo expresaron sus condolencias y solidaridad con las familias.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim); Melel Xojobal A.C.; Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas (REDIAS); Save the Children, Chiapas; Desarrollo Educativo Sueniños A.C.; Chantiik Taj Tajinkutik A.C. y Skolta´el Yu´un Jlumaltic A.C. (SYJAC) emitieron un comunicado en que llamaron a las “autoridades correspondientes a determinar la cadena de omisiones y a sancionar a las personas responsables, así como brindar el apoyo necesario y el acceso a la justicia para las familias”.
Ante los hechos destacaron su “preocupación por la situación de la primera infancia en el Estado, particularmente quienes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema”
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que para el 2012 el 74.7 por ciento de la población chiapaneca, se hallaba en situación de pobreza y un 24.9 por ciento reportaba carencia por acceso a los servicios de salud.
Las organizaciones sociales firmantes expresaron en el documento que les llama “la atención que este hecho –relacionado con las vacunas – ocurra en uno de los estados con mayores carencias del país, donde el porcentaje de niñas y niños sin derechohabiencia es de un 18 por ciento y la tasa de mortalidad de menores de 1 año en se encuentra en 13.5 muertes en 2012 por encima del promedio nacional (13.2) de acuerdo con datos oficiales presentados en La Infancia Cuenta en México”.
Por lo cual consideraron indispensable que las autoridades tomen las medidas adecuadas de emergencia, no sólo en los sistemas del Seguro Social sino en “todo el Sistema Nacional de Vacunación a fin de garantizar la no repetición”.
Ante estos hechos, alertaron sobre “la importancia de que la ciudadanía informada de manera puntual y oportuna sobre los avances de las investigaciones ya que de lo contrario se corre el riesgo de crear desconfianza en el Sistema Nacional de Vacunación, lo que impactaría en la salud de las niñas y niños en México”.
Recordaron la Declaración de Lima “Por el Derecho a las inmunizaciones” que señala que las inmunizaciones representan la intervención costo-oportunidad más efectiva y segura de proteger a las niñas, niños y adolescentes de enfermedades prevenibles a través de la vacunación, lo cual debe ser una responsabilidad ética, política, social de los estados.
La misma Declaración menciona que los estados tienen la obligación de garantizar la coordinación entre instituciones, el suministro de vacunas con calidad y seguridad mejorando los mecanismos de vigilancia epidemiológica y de administración de todo tipo de recursos, así como la atención, rehabilitación, e inserción integral de por vida a las personas afectadas por algún evento adverso asociado a la vacunación y su reparación.
Entre las demandas que exigen al estado de Chiapas y a las autoridades responsables destaca:
• Brindar apoyo institucional a los familiares víctimas y aquellos cuyos bebés aún se encuentran internados a fin de que puedan dar seguimiento sin que ello afecte su ingreso familiar.
• Determinar la cadena de omisiones y a sancionar a las personas responsables, así como brindar el apoyo necesario y el acceso a la justicia a los familiares.
• Invitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dar seguimiento oportuno y a realizar las recomendaciones en el marco del enfoque de derechos de infancia.
Finalmente pidieron mantener informada a la población sobre los hallazgos en la investigación en el caso IMSS- Chiapas y en materia de prevención de todo el Sistema Nacional de Vacunación para evitar la repetición.
SUSANA
El 4 de octubre DE 2014, Susana Hernández Gómez ingresó en trabajo de parto al Hospital de la Mujer, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A las 4 de la mañana del día siguiente el personal médico informó a su familia que ya había sido sometida a una cesárea con éxito.
Y siete horas después, Susana fue declarada muerta.
“Jamás se nos informó si estaba delicada de salud, si había complicaciones; como a las 11 de la mañana nos informan que falleció mi hija. Luego hablé con el subdirector del Hospital, que se llama Francisco Lara. Sólo nos dijeron que ellos no tenían la responsabilidad, pero vemos que hay incapacidad de los doctores. Nosotros confiamos llevar a nuestras señoras y mira lo qué pasó”, dijo Manuel Hernández Gómez, padre de la fallecida, a la prensa local.
El esposo de Susana, Romeo Pérez López inició un movimiento clamando justicia y responsabilizando al Gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello a atender su demanda.
En abril de este año, gracias a la presión social y las recomendaciones de instancias locales y nacionales la administración de Chiapas y la Secretaría de Gobernación (Segob) reconocieron que se trató de un caso de negligencia e indemnizaron a la familia de Susana Hernández Gómez.
Las organizaciones Observatorio de Mortalidad
Con información de: Sin Embargo
