Cada mes, el Banco de México (Banxico) destina 14 millones 854 mil 315 pesos para sufragar las pensiones de 97 exfuncionarios, entre quienes destaca el expresidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León. En los 6 meses que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ese gasto asciende a 891 millones 124 mil pesos.
De los 97 exfuncionarios, 78 ganan más que el presidente de la República: sus pensiones superan los 108 mil pesos que el mandatario impuso como monto máximo para sueldos, e incluso en un caso asciende a casi 300 mil pesos.
En un país con 90 millones de pobres es vergonzoso que existan este tipo de pensiones, considera el doctor en economía y especialista en gasto público Óscar Enrique Díaz Santos. El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que las pensiones del Banco de México son al menos siete veces más altas que las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y nueve veces mayores que las del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Quizás por eso Ernesto Zedillo no renunció a esa remuneración. Y es que a diferencia de los otros expresidentes de México, él mantiene su paga vitalicia con cargo al presupuesto del Banxico: 107 mil 122 pesos al mes. El político expriísta fue miembro de la Junta de Gobierno del Banco de 1987 a 1990 y presidente del país de 1994 a 2000.
El sistema del banco central es de prebendas, porque otorga pensiones del ciento por ciento del último salario de los funcionarios, y a veces un poco más, señala el investigador Gabriel Badillo González. Adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explica en muchos casos los beneficiarios ni siquiera son de la tercera edad: si han cumplido 25 o 30 años de servicio ya pueden pensionarse.
En la lista de los privilegiados figuran el actual gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens Carstens; el exsecretario de Hacienda José Francisco Gil Díaz; y los exgobernadores y exsubgobernadores Miguel Mancera Aguayo, Guillermo Ortiz Martínez, Ariel Buira Seira, Jesús Marcos Yacamán, José Julián Sidaoui Dib y Roberto del Cueto Legaspi, entre otros.
Todos ellos se embolsan entre 100 mil y poco menos de 300 mil pesos mensuales del erario. La pensión más alta –por 297 mil 433 pesos– la cobra Mancera Aguayo, quien fuera gobernador de la institución de 1994 a 1997.
Para el doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz, estas pensiones son “un enorme privilegio”, pues a diferencia de los exfuncionarios del Banxico, “a la absoluta mayoría de los trabajadores jubilados se les está pagando el equivalente a un salario mínimo mensual: unos 3 mil 80 pesos, aproximadamente”.
La política de austeridad, sin embargo, está muy lejos de evitar estas canonjías. El especialista en gasto público Díaz Santos explica que éstas y la Ley Federal de Remuneraciones no afectarán el monto de las pensiones que paga el Banxico, puesto que la única forma de que se reduzcan sería con la creación de un sistema de pensiones unitario y equitativo, que incorpore los diversos regímenes existentes, incluidos los de Nacional Financiera, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y el propio Banco.
Otros favorecidos de esa última institución son: Enrique Trueba Méndez de Vigo, exdirector de Trámite Operativo de 1983 a 1993, que recibe 266 mil 521 pesos mensuales; y Francisco Gerardo Rueda Rábago, director de Contraloría de 1988 a 1996, quien percibe 252 mil 201 pesos cada mes.
De acuerdo con información del propio Banco, por esas 97 onerosas pensiones se gastaron 44 millones 562 mil pesos tan sólo en el primer trimestre de 2019. El monto representó el 20.6 por ciento del gasto total por concepto de pensiones y jubilaciones, que en ese mismo periodo sumó 216 millones de pesos destinados a la cobertura de 3 mil 431 beneficiarios.
Para conocer los criterios que posibilitan la disparidad en las pensiones y por qué no se aplica una política de austeridad en el Banco, Contralínea solicitó entrevista con el gobernador Alejandro Díaz de León Carrillo, pero la vocera de la institución, Gina Castillo Casanova, indicó que no tenían nada que decir al respecto.
La encargada del área de Comunicación Social también dijo que ni el Banxico ni sus funcionarios harían declaración u opinión alguna respecto a la controversia constitucional –sobre la Ley Federal de Remuneraciones– que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no les fueran recortados sus sueldos y puedan seguir ganando más que el presidente López Obrador.
Pensiones millonarias
El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz considera que si bien las jubilaciones y pensiones del Banxico responden a disposiciones legales y son acordes a su autonomía y normatividad interna, son contrarias a la política de austeridad que plantea el gobierno.
El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana explica a Contralínea que los pensionados y jubilados de Banxico pueden aducir que son derechos adquiridos y que no se les pueden quitar. Pero, considera, si una ley es desproporcionada tiene que haber una definición del Congreso de la Unión o una declaración de la propia institución que permita revocar este tipo de canonjías. Para que el gobierno pueda transformar esta realidad se requiere de una legislación especial que corte o disminuya estos montos, advierte.
Mientras eso no suceda, decenas de exservidores públicos del Banxico seguirán viviendo del erario, como Fernando Liceaga Rodríguez, quien fuera director de Administración de 1982 a 1996 y que actualmente sigue cobrando una jubilación mensual de 251 mil 188 pesos. O Guillermo Ortiz Martínez, gobernador de 1998 a 2009, a quien se le pagan 237 mil 971 pesos mensuales.
Así, tan sólo en 2018, cada uno de esos 97 exfuncionarios recibió entre 2 millones 717 mil y 3 millones 400 mil pesos, sufragados con los recursos del pueblo. Uno de esos 97 es el anterior gobernador del Banco (2010-2017), Agustín Carstens Carstens, quien se embolsó 1 millón 415 mil pesos el año pasado, a razón de 117 mil 927 pesos mensuales.
Pero los exfuncionarios no son los únicos que reciben pensiones millonarias: también hay beneficiarios por viudez u orfandad, cuyas percepciones oscilan entre 120 mil y casi 200 mil pesos. En esa condición se encuentran Verónica Ruiz Torres, con 193 mil 156 pesos mensuales; María de la Luz Mujica y Acereto, 147 mil; Paz María José de la Mora García Sainz, 135 mil, y María Benita Gil Solís, 119 mil.
En entrevista con Contralínea, el maestro Gabriel Badillo González señala que, previo a la llegada al poder de López Obrador, muchos servidores del Banco de México se jubilaron de manera anticipada para retirarse con una pensión igual a su sueldo.
El anuncio que hizo el morenista en su campaña electoral respecto de la reducción de sueldos en el servicio púbico causó pánico entre los servidores públicos de más alto nivel, explica el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. “No creo que la Ley de Remuneraciones o de Austeridad tengan posibilidades de cambiar esta situación”.
En 1994, año en el que se dio la transición entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, el Banco de México modificó su plan de pensiones y adoptó el sistema de capitalización individual o contribución definida. Los trabajadores contratados antes de dicho año permanecieron con el régimen anterior, razón por la cual hoy existen diferencias de más de 100 mil pesos en las jubilaciones de altos funcionarios.
De acuerdo con el maestro Gabriel Badillo, la normativa estableció que para los servidores que ingresaron a trabajar después de esa reforma ya no existirían prestaciones tan onerosas y, en dado caso, “no habría tanto problema porque serían financiadas por las propias aportaciones de los trabajadores y ya no con recursos públicos”.
El investigador agrega que “las nuevas generaciones de servidores públicos del Banxico no van a recibir estos beneficios. Ahora tienen un nuevo esquema que es financieramente más viable, pero a quienes actualmente reciben estas pensiones no se las pueden quitar. Es casi imposible modificar esta situación porque hay un andamiaje jurídico que no lo permite”.
No obstante, la doctora Berenice Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, opina que el Banxico mantiene, aún después de la reforma de 1994, un régimen de jubilación de privilegio, pues sus servidores tienen mayor certidumbre que el resto de los trabajadores mexicanos afiliados, por ejemplo, a las Afores.
La especialista en políticas públicas agrega que las pensiones de los exgobernadores del Banco son reflejo de la corrupción en el país, porque muchos de estos funcionarios llegaron a esos puestos a través de recomendaciones de conocidos y no por sus propios méritos.
La doctora en estudios latinoamericanos considera que las políticas de austeridad tienen un objetivo correcto y por eso se encuentran con tanta resistencia. “Incluso el gobierno se ha quedado corto en hacer una evaluación más profunda sobre cómo, ante una economía deprimida, con bajos salarios, el empleo público se transformó en un espacio de desarrollo para sectores de clase media alta que fueron ubicados fundamentalmente por las relaciones políticas que tenían con los directivos”.
CONTRALINEA
