El Radar por Jesús Aguilar
La democracia no se va a romper con un robot entrando a una casilla.
Se puede romper antes.
En el teléfono.
En el rumor.
En el audio falso que parece verdadero.
En la encuesta sembrada como si fuera termómetro.
En la indignación fabricada para parecer pueblo.
The Economist lo puso en una fórmula inquietante: “Bots meet voters”. Los bots se encuentran con los votantes. No como ciencia ficción, sino como una nueva zona de choque político. La inteligencia artificial ya no es solamente una herramienta de productividad; empieza a ser una fuerza de presión electoral, cultural y emocional. El propio semanario advierte que el rechazo político contra la IA apenas está comenzando, particularmente cuando la gente la asocia con pérdida de empleos, centros de datos, concentración de poder y amenaza democrática.
Ese es el doble filo.
La IA puede ordenar datos, detectar patrones, mejorar comunicación pública, traducir mensajes, hacer más accesible la información, auditar discursos, vigilar incongruencias y ayudar a que una campaña explique mejor lo que propone.
Pero también puede hacer lo contrario: falsificar realidad.
Puede producir un video de un candidato diciendo lo que nunca dijo.
Puede inflar artificialmente una tendencia.
Puede simular apoyo popular donde sólo existe una granja de cuentas.
Puede acosar a una candidata, destruir reputaciones, sembrar duda sobre una elección cerrada y convertir la mentira en una experiencia emocionalmente convincente.
El problema ya no es que alguien mienta. Eso ha pasado siempre.
El problema es que ahora la mentira puede hablar con nuestra voz, usar nuestro rostro, conocer nuestros miedos, repetirse miles de veces y llegar justo al votante más vulnerable en el momento más sensible.
Por eso el riesgo democrático no está sólo en la tecnología. Está en la asimetría.
Quien tenga dinero, datos, operadores digitales y poca vergüenza podrá fabricar clima público. Quien no los tenga, competirá contra fantasmas. La vieja guerra sucia era artesanal; la nueva puede ser industrial, segmentada, barata y emocionalmente quirúrgica.
El dato duro ayuda a entender la dimensión del miedo. Stanford HAI reporta que 64% de los estadounidenses espera que la IA genere menos empleos en los próximos 20 años, mientras sólo 5% cree que generará más. Esa percepción importa porque el ciudadano no vota únicamente con datos: vota con expectativas, agravios y sensación de amenaza.
Pew también muestra la contradicción: la IA ya entró a la vida cotidiana de millones de personas, pero su adopción no equivale a confianza. Muchos la usan, muchos la temen y muchos no saben distinguir todavía entre una herramienta útil y una maquinaria de manipulación.
En México, el INE ya prendió la alerta. Su campaña institucional de junio de 2026 habla de uso ético, responsable y seguro de la inteligencia artificial, advierte sobre contenidos falsos, desinformación automatizada y manipulación digital, y subraya principios como supervisión humana, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.
Eso significa una cosa: la autoridad electoral ya sabe que viene el golpe.
La pregunta es si tendrá dientes.
En 2024, especialistas advirtieron que el INE no contaba con recursos técnicos ni económicos suficientes para enfrentar fake news generadas con IA y campañas amplificadas por bots. También señalaron la urgencia de tipificar deepfakes y contenidos sintéticos usados para hacer creer que una persona dijo o hizo algo que nunca ocurrió.
San Luis Potosí no está fuera de ese mapa.
Al contrario: está en una posición especialmente vulnerable.
El 6 de junio de 2027 habrá elección en el estado. Se renovará la gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos, según el propio CEEPAC. Además, el organismo electoral local ya se prepara con 59 Comités Municipales Electorales y 15 Comisiones Distritales para organizar y vigilar el proceso.
Ese es el tamaño de la cancha.
Y en una elección así, la IA puede ser una herramienta democrática o un arma de distorsión.
Puede ayudar a explicar plataformas en lenguas indígenas.
Puede facilitar información electoral a ciudadanos alejados de la capital.
Puede ordenar debates públicos, comparar propuestas, desmontar falsedades y hacer más transparente el gasto de campaña.
Pero también puede operar en sentido contrario.
Puede fabricar un audio contra un aspirante a la gubernatura la noche previa a un debate.
Puede simular enojo ciudadano contra un alcalde.
Puede convertir una encuesta sin metodología en “tendencia irreversible”.
Puede montar una conversación falsa entre adversarios.
Puede atacar a mujeres candidatas con violencia digital sexualizada o degradante.
Puede usar bots para instalar la idea de que una elección ya está decidida antes de que la gente vote.
Ese es el punto más delicado: la IA no necesita cambiar todos los votos; le basta con cambiar el ánimo suficiente en el lugar preciso.
En San Luis Potosí, donde la política se mueve por cercanías, rumores, grupos de WhatsApp, portales locales, cabinas de radio, liderazgos regionales y estructuras territoriales, el daño puede ser más rápido que la corrección.
Un deepfake tarda segundos en circular.
Una aclaración tarda horas.
Una denuncia tarda días.
Una sanción puede llegar cuando el daño ya votó.
La democracia potosina debe prepararse para una pregunta incómoda: ¿qué se hará cuando aparezca el primer audio falso que parezca verdadero?, ¿quién lo verificará?, ¿en cuánto tiempo?, ¿con qué autoridad?, ¿con qué sanción?, ¿con qué obligación de plataformas, partidos y campañas?
Porque el problema no será únicamente legal. Será narrativo.
La IA puede matar la confianza sin necesidad de probar nada. Basta sembrar la duda. Basta lograr que el ciudadano diga: “quién sabe si sea cierto, pero algo debe haber”. Esa frase, en campaña, puede valer miles de votos.
Por eso regular no significa censurar.
Regular significa exigir trazabilidad.
Regular significa etiquetar contenido sintético.
Regular significa sancionar deepfakes usados para engañar al elector.
Regular significa transparentar pauta, segmentación, automatización y uso de datos.
Regular significa impedir que una campaña se esconda detrás de cuentas falsas mientras presume respaldo ciudadano.
La libertad de expresión protege opiniones, críticas, sátira y debate duro.
No protege la falsificación deliberada de la realidad.
La IA será inevitable en las campañas. Negarlo sería ingenuo. Prohibirla toda sería absurdo. Usarla bien puede elevar el nivel de la política. Usarla mal puede pudrir la conversación pública antes de que empiece formalmente el proceso electoral.
San Luis Potosí tiene tiempo, pero no demasiado.
El CEEPAC, los partidos, los medios, las universidades, las plataformas y la sociedad civil deben construir desde ahora un protocolo mínimo: verificación urgente, etiquetado de contenido generado por IA, monitoreo de redes coordinadas, respuesta rápida ante deepfakes, alfabetización digital para ciudadanos y compromiso público de campañas para no usar automatización engañosa.
La elección de 2027 no sólo se disputará en colonias, ejidos, mítines y debates.
También se disputará en pantallas pequeñas, con emociones grandes.
El viejo mapache electoral buscaba urnas.
El nuevo buscará percepciones.
Y si la democracia potosina no aprende a distinguir entre una ciudadanía indignada y una indignación fabricada, no estaremos frente a una campaña moderna.
Estaremos frente a una simulación con credencial de elector.
La inteligencia artificial puede ayudar a que la gente entienda mejor la política. O puede ayudar a que la política entienda mejor cómo manipular a la gente.
Ese es el doble filo.
Y en 2027, San Luis Potosí no sólo tendrá que contar votos.
Tendrá que defender la realidad.
