La trayectoria de vida en servicios de primera línea de carácter militar, de salud, de riesgos de protección civil y atención a víctimas tienen algo en común, el costo en la salud física y mental que conllevan estas vocaciones profesionales en mujeres y hombres al enfrentar situaciones de violencia armada, crisis y catástrofes, así como ser primer respondiente en contextos de asistencia, enfermedad y violencia donde los países responden en forma diversa.
El extremo del desgaste profesional que hace décadas conocimos como burnout, se aborda de manera heterogénea, sin embargo tanto los conflictos de las fuerzas armadas como por ejemplo, el contexto de atención que produjo la pandemia de COVID 19 en el mundo, develó las escasas estrategias al respecto, por consiguiente ignoramos aún hasta dónde cada personal especializado tendrá calidad de vida en los años por venir y de qué manera enfrentarán los gobiernos el sostenimiento de este personal así como la formación de nuevos perfiles que continúen con la labor que en cada faceta enfrenta nuevas complejidades.
Estados Unidos por ejemplo, dedica una parte de su labor política al cuidado de los veteranos de guerra, siendo parte de su toma de decisiones la elaboración de políticas para la asistencia de resocialización de sus soldados, los casos de urgencia por trastorno de estrés postraumático, el trauma sexual militar, la depresión, el duelo y la ansiedad, porque adaptarse a la vida cotidiana es una trayectoria que deben elaborar 1,7 millones de ex militares para quienes construye atención de primer contacto, terapia, medicación y vías de llamado por situaciones de ideación suicida.
Desafortunadamente, México carece aún de líneas nacionales en torno a los trabajos de riesgo como los descritos, recientemente el caso de la enfermera del IMSS Saraí Martínez y de su hija, en Oaxaca, es la cara más cruel de la indiferencia institucional, el razonamiento para denominar a esto un feminicidio acude a la raíz que Lagarde aborda desde un constructo donde el Estado se deslinda de su responsabilidad para evitar la muerte cuando esta se produce por la negligencia o el abandono de la mujer respecto de sus necesidades más inminentes.
Al caso concreto, la conciencia de una omisión para atender la salud mental de esta víctima, a sabiendas de la detección de ansiedad, depresión y desgaste por haber estado en primera línea durante la pandemia y el subsecuente despido que conllevó a la pérdida de su vida, su hermana ha manifestado:
“Cuando una institución conoce padecimientos graves de salud mental y advertencias clínicas de riesgo, no puede tratar a la persona como empleada problemática, carga administrativa o trabajadora simplemente apta para seguir hasta quebrarse”
Aquí los medios indican apenas a Saraí como mera cuidadora de su hija y no es así. Estamos ante la característica de miles de trabajadoras de estas categorías en el país dedicadas a la atención a pacientes o a víctimas, con doble jornada de cuidados en casa, con la responsabilidad de ser jefas de familia, sin el reconocimiento de su fuente de trabajo de sus necesidades de salud mental entre otros padecimientos vinculados, indica la Organización Mundial de la Salud:
“Si bien los riesgos psicosociales se presentan en todos los sectores, algunos trabajadores tienen mayor probabilidad de estar expuestos a ellos que otros, debido a sus funciones, lugar y modalidad de trabajo. El personal sanitario, humanitario o de emergencias suele desempeñar trabajos con un riesgo elevado de exposición a eventos adversos, lo que puede afectar negativamente su salud mental. La exposición a la violencia puede aumentar el riesgo de fumar, consumir alcohol o uso de drogas; de sufrir enfermedades mentales o tendencia al suicidio; así como enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, diabetes o cáncer; enfermedades infecciosas y problemas sociales”.
Hagamos algunas preguntas pragmáticas: ¿En cuánto les sale a las instituciones deslindarse o generar actuaciones de atención simbólica?
De acuerdo a la OMS se estima que cada año se pierden 12 mil millones de días laborales debido a la depresión y la ansiedad, con un coste de 1 billón de dólares estadounidenses anuales en pérdida de productividad.
¿Cuáles son los riesgos para salud mental en el trabajo?
La subutilización o falta de cualificación, cargas excesivas, falta de personal, horarios largos e inflexibles, poco control en el diseño de distribución, condiciones inseguras o deficientes, discriminación o exclusión, promoción insuficiente o excesiva, inseguridad, salario inadecuado o exigencias contradictorias entre el hogar y el trabajo.
¿Qué medidas deberían tomarse?
Prevenir los problemas de salud evitando los riesgos en el entorno laboral, apoyar sus trabajadores y trabajadoras para reconocer y responder a la experimentación de angustia, crear habilidades interpersonales de escucha, gestionar factores estresantes, ejecutar el control de estrés con intervenciones, proveer de adaptaciones razonables para la discapacidad psicosocial, dar atención clínica continúa y medir la eficacia de estas medidas.
Fuera del contexto sanitario o militar yo le traigo el ejemplo de San Luis Potosí y de las áreas de atención a víctimas de violencia. Por ejemplo, en 2008, el Instituto de la Mujer contrató a una organización de la sociedad civil para “diagnosticar” el burnout, allí acudió gente sin experiencia ni conocimiento en la matera adquirieron el recurso. Su “metodología” consistió en invitarnos a participar y ante las dudas legítimas de dejarse examinar la vida, el operador hizo mención de la donación de mobiliario hecha por el IMES como una deuda a pagar por parte nuestra. Aquello no salió.
Años después se fueron dando cursos de diversa índole inclusive algunos siendo eficaces, no podían sostenerse a largo plazo por falta de inversión. Cuando arribaron al Estado las capacitaciones de organizaciones de USAID, nos recomendaban “momentos de atención plena”, comprar ropa de cama para evitar los trastornos del sueño, además de hacer dinámicas de grupo para mujeres adultas que tendían a infantilizar nuestros propios procesos de interacción, a minimizar la complejidad individual y las consecuencias de la naturaleza de la vocación.
Propias en generaciones distintas, aun a quienes hemos podido solventar terapia, ejercicio y actividades de corte con el trabajo cotidiano, la llegada de la pandemia y sus casos de violencia consiguió el derribe, sume los mandatos de género por el hecho de ser mujeres y una aglomeración de duelos que compartimos con el resto de la población. Tengo la hipótesis de que si los gobiernos hubiesen solventado herramientas serias para el nivel de agresión que hemos atestiguado, se habría ahorrado lo que más les importaba, el dinero.
Así que eso de ser experta, formar a otras, conduce a la enorme responsabilidad ética de advertir de estas afectaciones profundas que nos horadan, si nadie nunca nos devolverá la salud, debemos hablar abiertamente al respecto, de poco sirven los grados si no somos capaces de compartir la posición que nos ha tocado experimentar y la necesidad inminente de que las áreas dedicadas a observar desde la salud pública, eviten la derrota o la pérdida de la vida de quienes la hemos dado para servir a la comunidad.
Claudia Espinosa Almaguer
