La propuesta de una nueva ley general en materia de feminicidio será enviada en los próximos días a la Cámara de Senadores, como parte de un proyecto que busca unificar criterios en todo el país para investigar, sancionar y reparar este delito.
Durante su presentación en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la iniciativa pretende establecer en la Constitución un marco que obligue a todas las fiscalías a actuar bajo las mismas reglas, con el objetivo de evitar la impunidad y fortalecer la protección a las mujeres.
La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, detalló que la propuesta contempla penas que van de los 40 a los 70 años de prisión para quienes cometan feminicidio.
Además, se plantea que el delito sea perseguido de oficio y que tanto las sanciones como la reparación del daño no prescriban, lo que significa que no perderán vigencia con el paso del tiempo.
La iniciativa también establece que quienes sean responsables perderán derechos como la patria potestad, la custodia de menores y cualquier beneficio sucesorio, además de ser inhabilitados para ocupar cargos públicos si se trata de servidores.
Como parte de la definición legal, se considerará feminicidio cuando una mujer sea privada de la vida por razones de género, incluyendo casos donde existan antecedentes de violencia, signos de abuso sexual, relaciones de poder desiguales o motivaciones basadas en prejuicios.
En este sentido, se contemplan nueve elementos que permitirán identificar el delito, así como 21 agravantes que podrían aumentar la pena, como cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, esté embarazada, tenga alguna discapacidad o sea periodista, migrante o defensora de derechos humanos.
También se incluyen situaciones donde existan ataques con sustancias peligrosas o antecedentes claros de violencia contra la víctima.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, participó en la presentación de esta propuesta que forma parte de una estrategia más amplia para combatir la violencia de género en el país.
La presidenta señaló que esta reforma busca que cualquier muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio, bajo protocolos claros que permitan sancionar a los responsables y prevenir estos hechos.
Asimismo, se contempla la creación de un Protocolo Nacional Homologado para la investigación de este delito, con el fin de que todas las autoridades actúen de manera coordinada.
El proyecto incluye una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a emitir esta ley general, lo que representaría un cambio en la forma en que se aborda el feminicidio en México.
