Pedro García, un joven mexicano de 19 años, fue asesinado por policías de Fullerton, California, después de que su hermano menor llamara al 911 para pedir ayuda. La tragedia ocurrió la noche del 15 de marzo cuando Pedro se encontraba alterado dentro de su casa y amenazaba a sus padres con un cuchillo, según la llamada de emergencia realizada por su hermano de 12 años.
Los policías llegaron y desde que bajaron de las patrullas apuntaron sus armas. El niño los recibió, repitió que Pedro tenía un cuchillo, pero les pidió que no dispararan. En ese momento, las cámaras corporales de los agentes ya estaban grabando todo. En los videos, se ve a Pedro caminando desorientado y gritando, con movimientos inestables. Aunque los policías le ordenaban levantar las manos y tirarse al suelo, él no obedecía de forma clara.
Pedro levantó los brazos pero de forma lateral, sin representar una amenaza clara. Una voz dijo que ya no tenía nada, en referencia al cuchillo, y aún así se escucharon decenas de balazos. Según Luis Carrillo, abogado de la familia, los disparos fueron tan rápidos que parecía que los agentes se contagiaban entre sí, fenómeno conocido como “contagious gunfire”.
El caso ha despertado un fuerte debate sobre el uso excesivo de la fuerza contra latinos en Estados Unidos. Pedro fue el hispano número 34 asesinado por la policía en lo que va de 2025, según cifras de Mapping Police Violence. Hasta finales de abril, ya eran 57 los hispanos muertos a manos de policías en 21 estados del país.
La familia García pidió a las autoridades que hicieran públicas las imágenes del operativo, lo cual fue posible porque la policía de Fullerton sigue utilizando cámaras corporales, a diferencia de otras agencias federales que dejaron de hacerlo por orden del expresidente Donald Trump en febrero pasado. El video, sin embargo, fue editado antes de ser entregado.
Gabriela Ordóñez, madre de Pedro, dijo en entrevista que uno de los policías “remató” a su hijo cuando ya estaba tirado. Según su versión, los vecinos también vieron que Pedro no representaba un peligro en ese momento. Una persona incluso gritó: “¿Para qué disparan si el muchacho ya está tirado?”. Ella lamenta que en lugar de recibir ayuda, la policía mató a su hijo, a pesar de que el niño pidió apoyo.
Después del tiroteo, un agente grita en el video: “¡Está bien, paren! Vigilen a la familia”, pero la secuencia fue cortada justo ahí. Más tarde, la policía dijo que trataron de asistir a Pedro con desfibriladores. También mostraron una pistola de perdigones que supuestamente tenía Pedro, pero el abogado Carrillo asegura que no la usó contra los agentes.
Carrillo ha ganado varios casos contra la policía en California y denuncia que si Pedro hubiera sido blanco, el trato hubiera sido diferente. “Estamos en un país racista”, dijo. El abogado también resaltó que la policía tenía otras opciones como usar descargas eléctricas o perros entrenados, pero optaron por las balas.
En Estados Unidos, cada dos días muere un hispano a manos de la policía. Las estadísticas muestran que California es el estado con más casos, seguido de Texas y Florida. La mayoría de estas muertes no terminan en juicios penales contra los oficiales.
El jefe de la policía de Fullerton, Jon Radus, dijo que se llevará a cabo una investigación “exhaustiva”, pero advirtió que podría tardar hasta un año. Pidió a la población no sacar conclusiones antes de tiempo.
Las cámaras corporales, aunque no eliminan los abusos, ayudan a transparentar lo que ocurre en los operativos. Un estudio del Centro RAND para la Calidad Policial demostró que el uso de cámaras reduce la violencia de los agentes y también protege a los policías de acusaciones falsas. En algunos condados, como Miami-Dade, se registró una baja del 74% en demandas por abuso de fuerza gracias al uso constante de cámaras.
Tras la muerte de Michael Brown en 2014, el expresidente Barack Obama promovió el uso de cámaras corporales en todo el país. En 2022, Joe Biden también firmó una orden ejecutiva para hacerlas obligatorias en agencias federales, incluyendo las relacionadas con inmigración.
Sin embargo, las leyes actuales aún protegen ampliamente a los policías. Joanna Schwartz, profesora de Derecho en UCLA, explica que los oficiales tienen “inmunidad calificada”, lo que dificulta que enfrenten consecuencias penales aunque violen derechos constitucionales. Por eso, los casos como el de Pedro rara vez llegan a juicio penal.
La única vía que queda es la demanda civil, como la que prepara el abogado Carrillo para la madre y hermanos de Pedro. Él asegura que lo más justo sería arrestar a los oficiales responsables, pero sabe que eso difícilmente ocurrirá.
El uso de cámaras también ha ayudado a cerrar algunos vacíos legales. Hoy en día, más de la mitad de los estados exigen cámaras en los uniformes de sus policías. Algunas corporaciones incluso usan fundas inteligentes que activan la cámara cuando se desenfunda el arma.
Gabriela Ordóñez recuerda que antes confiaba en la intervención de las autoridades. Participaba en programas escolares donde enseñaba a los niños a confiar en la policía si sufrían violencia doméstica. Ahora, tras la muerte de su hijo, siente que esa confianza fue traicionada. “Si llamas a la policía para que te ayude… ¡te matan a tu hijo!”, lamenta.
