A LO QUE TE TRUJE
Por Chencha.
El cambio de forma es un alivio bienvenido. Atrás quedaron los días de insultos desde Palacio Nacional, sustituidos por una cordial invitación de la presidenta electa Claudia Sheinbaum para dialogar sobre la reforma judicial.
Hasta hace poco era impensable que jueces, trabajadores del Poder Judicial, colegios de abogados, académicos y especialistas fueran invitados a opinar sobre la reforma. Antes se tachaba a estas personas de delincuentes y mafiosos. El cambio de tono es realmente notable.
Sin embargo, es poco probable que esta nueva cortesía de Sheinbaum altere el núcleo de la propuesta de López Obrador: socavar la independencia judicial a favor de la “justicia popular”. Este es el tema central que marcará nuestro futuro inmediato. Sheinbaum comparte la perspectiva de López Obrador. Aunque sin duda añadirá sus propios toques, no es realista esperar un progreso continuo en la democracia o el Estado de derecho en México. Esa era ha terminado. No hay vuelta atrás.
Un verdadero estadista reconocería las graves consecuencias de una reforma judicial defectuosa, especialmente a la luz de las oportunidades que presenta la deslocalización.
La geopolítica ha colocado a México en un momento potencialmente irrepetible para el desarrollo, impulsado por la deslocalización de empresas (nearshoring). Cualquier presidente, independientemente de su filiación política, se basaría en las reformas anteriores en materia de energía, educación, fiscalía independiente y el Sistema Nacional Anticorrupción. Con menos ideología y más pragmatismo, la reforma judicial debería apuntar a depurar y no a someter al Poder Judicial.
Si Sheinbaum impulsara estas reformas, México podría emerger como un nuevo “jaguar” económico. Pero esto es poco probable. Estamos a punto de desaprovechar la oportunidad del nearshoring, cosechando beneficios mínimos en comparación con lo que es posible. El interés de AMLO, Sheinbaum y Delgado en el nearshoring es insignificante. El éxito de la atracción de inversión extranjera sustancial depende de dos factores clave: el Estado de derecho y un suministro fiable de energía limpia y asequible.
Los inversores son reacios a invertir miles de millones en un país donde el poder judicial carece de autonomía. Las reformas constitucionales propuestas implican que la lealtad de los jueces pasará de la ley al “interés del pueblo”, según la definición del Tribunal Disciplinario Judicial, de próxima creación. Los jueces que pueden ser destituidos fácilmente, supervisados por un organismo que garantiza que sus resoluciones se alinean con el interés “del pueblo”, significan el fin de la independencia judicial. Sin cambios significativos en la propuesta de AMLO, los beneficios del nearshoring se perderán.
Para capitalizar plenamente el nearshoring, la reforma educativa debe ser revivida, tal vez con un nombre diferente. Los maestros deben centrarse en el pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades lingüísticas para equipar a los estudiantes con mejores ingresos y mayor libertad. ¿Defenderá Sheinbaum esta causa o continuará con gestos simbólicos?
La necesidad de un suministro eléctrico fiable es fundamental para la deslocalización. El sector privado debe volver a implicarse para garantizar una producción suficiente y la estabilidad. El enfoque actual del gobierno es inadecuado, con importantes fondos malgastados en proyectos como la planta fotovoltaica de 1.600 millones de dólares en Puerto Peñasco, que sólo beneficia a una empresa, y la compra por 6.000 millones de dólares de 13 plantas a Iberdrola, que no añade nueva capacidad e incurre en costes de mantenimiento adicionales.
La prensa nacional ha puesto el acento en claros ejemplos de la urgencia de atención al tema:
José Buganza, director general de Energence, advirtió que México está perdiendo oportunidades de nearshoring debido a la falta de fiabilidad del suministro eléctrico: “Hoy, seis de cada siete proyectos están dejando de lado a México por Brasil u otros países latinoamericanos”.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ha declarado el estado de alerta y emergencia, lo que ha provocado apagones en al menos 24 estados y ha afectado a diversas industrias, en particular la manufacturera, el comercio y los servicios.
Los indicios apuntan a que la destrucción continuará a menos que se produzcan cambios importantes en las políticas.
