Por Victoriano Martínez
Si como dice Alejandro Leal Tovías, secretario de Gobierno, todos los días tienen reuniones para atender temas de seguridad y todo está transparentado, en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) sería posible consultar cuando menos las 211 actas de las reuniones del 1 de enero al 31 de julio, además de las del resto de los demás órganos colegiados gubernamentales.
No aparece una sola acta sobre todas esas reuniones en la PET, ni siquiera la leyenda en la que justifiquen que no se publican porque existe alguna disposición legal que les dé el carácter de reservadas, o algún acuerdo de reserva para no publicarlas, mucho menos alguna versión pública de los documentos.
Peor aún. La Secretaría Técnica del Gabinete (STG) no ha publicado una sola acta en todo el año, a pesar de ser el área responsable de elaborar las actas de todas las reuniones de los distintos gabinetes. En 2010, los integrantes del Comité de Transparencia de la STG fueron multados por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública por ocultar las actas.
No sólo la STG no publica actas. La Secretaría Particular llega incluso a señalar en los formatos de la PET que no publica actas porque no cuenta con órganos colegiados.
La Fiscalía General del Estado se encuentra en el mismo nivel extremo de incumplimiento de la fracción XIII del artículo 84 de la Ley de Transparencia que la STG: no publica una sola acta de reuniones de sus órganos colegiados.
En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) publica 64 actas, aunque todas son del Comité de Transparencia y relacionadas con atención a solicitudes de información.
La Secretaría General de Gobierno (SGG), la del titular que asegura que todo está transparentado, sólo ha publicado siete actas este año: una del Comité de Transparencia, dos del Comité Institucional de Gobierno Abierto, tres del Comité de Control y Desempeño Institucional, y una del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
En la mayor parte de los formatos publicados por la SGG en realidad se simula la publicación de la información con vínculos a un documento cuyo contenido es: “Los asuntos tratados fueron asentados en el acta de sesión, sin embargo se está en la espera de recabar las firmas correspondientes de los participantes de la misma, y se reportará a la brevedad posible”.
Una “brevedad posible” que nunca llega. No es la primera vez que Leal Tovías toma tan a la ligera el tema. La ve como salida meramente discursiva para cualquier cuestionamiento, que no tuvo empacho de definirse como violador reincidente de la Ley de Transparencia, cuando se exhibió el ocultamiento de sus sueldos reales.
Esta vez se atrincheró en la transparencia para justificar la desatención a las denuncias de Raúl Alanis Beltrán, ex director de Seguridad Pública.
Si al gobierno de Juan Manuel Carreras López no le interesa clarificar plenamente las dudas arrojadas sobre la estrategia de seguridad calificada como “por demás fallida” por quien asistió a las 211 reuniones de este año y hacer los ajustes que requiera, a pesar de que casi 8 de cada 10 potosinos se siente inseguro, no es de extrañar que la delincuencia siente sus reales en el Estado.
