A pesar de una disminución en las denuncias de violencia política de género, que pasaron de 35 en las elecciones anteriores a 21 en el proceso actual, aún persisten desafíos significativos que requieren atención urgente.
Durante una reunión de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, se presentó el informe “Atención a Violencia Política en Razón de Género, durante el proceso electoral 2024”, según informó la presidenta de la Comisión, diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero.
El evento contó con la participación de la doctora Paloma Blanco López, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), la maestra Zelandia Borquez Estrada, presidenta de la Comisión de Género, la maestra Carmen Fabiola Rivera Rojas, coordinadora de Género e Inclusión, y Graciela Díaz Vázquez, consejera electoral.
La legisladora Saldaña Guerrero subrayó la importancia de evaluar y avanzar en la legislación necesaria para garantizar la protección y la igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito político.
Se identificaron agresiones físicas, amenazas y violencia psicológica como los principales problemas enfrentados por las candidatas y mujeres políticas durante las elecciones recientes. La diputada enfatizó que estas formas de violencia no solo afectan la integridad física y emocional de las mujeres, sino que también obstaculizan su participación activa y segura en la vida política del estado.
Saldaña Guerrero afirmó que, si bien se han logrado avances significativos, aún persisten barreras que limitan el acceso equitativo de las mujeres a roles de liderazgo y representación. Resaltó la necesidad continua de apoyo legislativo y social para empoderar a las mujeres y asegurar un entorno político inclusivo y justo.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género mencionó que el siguiente paso será la organización de mesas de trabajo adicionales con consejeras electorales y legisladores interesados para desarrollar iniciativas legislativas que fortalezcan las protecciones contra la violencia política de género antes de la conclusión del periodo legislativo.
