El sector restaurantero de San Luis Potosí está en alerta por la posible implementación de la Ley Seca el próximo 1 de junio, debido al impacto económico que tendría en sus ingresos. Alejandro Espinosa Abaroa, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), advirtió que esa medida afectaría de forma directa la economía de los negocios que dependen en buena parte de la venta de bebidas alcohólicas.
Espinosa explicó que gran parte de las ganancias semanales de los restaurantes proviene de los fines de semana, específicamente los días viernes, sábado y domingo. De ahí que aplicar esta restricción en pleno fin de semana electoral podría eliminar hasta una cuarta parte del ingreso mensual para muchos negocios. “El 80 por ciento de la venta semanal se obtiene en esos días, y con esta ley se da en la torre a la cuarta parte del ingreso del mes”, señaló.
La propuesta del gobierno estatal de prohibir la venta de alcohol los días 31 de mayo y 1 de junio busca garantizar una jornada electoral segura. No obstante, el representante de Canirac aseguró que en estados donde se omitió la Ley Seca en elecciones pasadas no se registraron incidentes, por lo que considera que su implementación no es indispensable.
Por esta razón, Canirac envió una carta a la Secretaría General de Gobierno, con copia al gobernador del estado y a la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), solicitando que se reconsidere la medida y se vete su aplicación para estas elecciones.
El líder empresarial insistió en que muchos restaurantes todavía no se recuperan de los efectos de la pandemia por COVID-19. El inicio de 2025 ha sido complicado, con pérdidas de entre el 10 y 20 por ciento. Aunque el Día de la Madre ayudó a mejorar el panorama económico en mayo, el temor es que esas ganancias se esfumen si se mantiene la prohibición.
Además, Espinosa recordó que, ante una posible baja participación ciudadana y la ausencia de conflictos políticos o sociales en el estado, no habría motivos contundentes para aplicar una medida que, además de injustificada, sería económicamente perjudicial.
Canirac espera una respuesta del gobierno estatal a más tardar en los primeros días de la semana entrante. En caso de que se confirme la ley a última hora, se podría causar un daño mayor, incluyendo el riesgo de despidos o cierre de negocios, advirtió Espinosa Abaroa.
