La captura de Alejandro Mario “N”, hermano del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la exconductora Inés Gómez Mont, volvió a colocar en la agenda nacional —y local por el proceso sucesorio de 2027— uno de los expedientes financieros más relevantes de los últimos años, cuya investigación también tiene presuntas ramificaciones en San Luis Potosí, donde aparecen empresas señaladas como parte del entramado facturero investigado y donde, desde 2021, surgieron denuncias públicas relacionadas con los Pandora Papers que mencionaron a hijos del exgobernador panista Marcelo de los Santos Fraga, quien posteriormente aclaró la participación de sus hijos.
El caso ha generado un fuerte impacto político en el contexto de la sucesión gubernamental en San Luis Potosí, luego de que Marcelo de los Santos Anaya se registró formalmente como “aspirante ciudadano” ante el Partido Acción Nacional (PAN) para buscar la alcaldía de la capital en las elecciones de 2027.
Lo confirmado hasta ahora es la detención de Alejandro Mario “N” y las repercusiones públicas de un caso relacionado con el uso de sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas que habrían movido recursos hacia jurisdicciones con ventajas fiscales y altos niveles de anonimato, según diversas investigaciones periodísticas y fiscales.
Para San Luis Potosí, el asunto cobra especial relevancia porque investigaciones identificaron a Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, S.A. de C.V. y Gupea Construcciones, S.A. de C.V. como parte de la estructura empresarial investigada por presuntas operaciones simuladas y triangulación de recursos. De acuerdo con reportes sustentados en expedientes oficiales, por las cuentas de esas compañías circularon cientos de millones de pesos.
Hasta el momento, no existe información oficial que vincule directamente la detención de Alejandro Mario “N” con Marcelo de los Santos Fraga ni con algún otro personaje político potosino. Lo confirmado es que el hermano de uno de los principales protagonistas de este caso se encuentra bajo custodia federal y sujeto a un proceso judicial, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bajo reserva los delitos que le serán imputados.
Las próximas audiencias definirán el alcance jurídico de una detención que reabre un expediente de alto impacto nacional y que, por sus antecedentes empresariales y políticos, mantiene un interés particular para San Luis Potosí y el escenario rumbo a 2027. En ese contexto, durante el vigésimo aniversario de la Gallardía, realizado por el Partido Verde en el Teatro del Pueblo de la Fenapo, se proyectaron imágenes del exgobernador Juan Manuel Carreras López y del alcalde Enrique Galindo Ceballos, mientras en el video institucional se hacía referencia a la llamada “herencia maldita”, expresión utilizada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para referirse a administraciones anteriores.
También es un hecho público que, en distintos eventos partidistas y oficiales, Enrique Galindo Ceballos ha reconocido el legado de obras de Marcelo de los Santos Fraga y ha recibido expresiones de respaldo político de cara al panorama electoral de 2027. Por su parte, el propio Marcelo de los Santos Fraga ha señalado en diversas ocasiones que Galindo podría ser un buen perfil para competir por la gubernatura, al considerar que ha ganado la confianza ciudadana tras obtener la reelección como alcalde.
Documentos fiscales revisados por El País ubican a Gupea Construcciones en una vivienda particular de una colonia popular de San Luis Potosí. La empresa y un presunto prestanombres identificado como Ismael Infante Loredo reportaron pagos por aproximadamente 125 millones de pesos en nómina y honorarios durante 2016 y 2017. Entre los beneficiarios señalados en esa documentación aparecen Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, Alma Rosa Puga y Rosario Arnaud de la Torre. El uso de un domicilio modesto no implica por sí mismo la inexistencia de operaciones, aunque las investigaciones señalan que ese tipo de características suele ser analizado en casos relacionados con empresas fachada.
Asimismo, información atribuida a la FGR indica que una cuenta de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga recibió alrededor de 315.98 millones de pesos entre noviembre de 2016 y octubre de 2018, retirando prácticamente la misma cantidad, un comportamiento financiero que forma parte de las indagatorias sobre una posible triangulación financiera.
Las investigaciones también sostienen que recursos provenientes de contratos federales relacionados con el sistema penitenciario habrían sido transferidos primero a Seguridad Privada Inteligencia Cibernética y posteriormente dispersados hacia varias compañías, entre ellas Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones.
Finalmente, diversas publicaciones señalan que las dos empresas potosinas habrían realizado pagos por alrededor de 7.4 millones de pesos a Inés Gómez Mont y movimientos relacionados con Víctor Manuel Álvarez Puga. Hasta ahora, estos señalamientos forman parte de investigaciones en curso y no constituyen sentencias firmes.
Con información de: https://www.ajedrezpoliticoslp.com.mx/10-julio-26-2
