Desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de México se han dado, por lo menos, tres episodios graves en cárceles mexicanas que evidencian la corrupción, los privilegios y el descontrol que, de acuerdo con diversas instituciones nacionales y extranjeras, está al borde del “colapso”.
El 17 de diciembre pasado, a plena luz del día, se registró un motín por un intento frustrado de fuga en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Número 2 de Gómez Palacio, Durango. El saldo fue de 24 muertos: 15 reos y nueve custodios.
El 2 de febrero de este año, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó sobre un motín en el penal de las Islas marías, en Nayarit, donde unos 650 reos realizaron un intento de motín para manifestar diversas inconformidades con los servicios que se brindan dentro del complejo. Durante las protestas, cuatro custodios del Complejo Penitenciario Islas Marías resultaron con lesiones.
Hace apenas unos días, el 27 de abril, un motín en el penal de San Luis Potosí dejó 10 reos muertos y al menos 50 heridos. La Secretaría de Seguridad Pública estatal afirmó que el origen fue una riña entre los prisioneros.
Sin embargo, las advertencias sobre el endeble estado que guardan los centros penitenciarios mexicanos, debilitado aún más en los seis años de la guerra desatada porFelipe Calderón Hinojosa, han sido ignorados por los gobiernos federal y estatal.
Un diagnóstico Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alerto que en México 60% de las cárceles son autogobernadas; es decir, seis de cada 10 son controladas por miembros del crimen organizado y no por las autoridades correspondientes.
En esos centros de reclusión, los representantes de la CNDH encontraron armas, sustancias prohibidas y hasta prostitución, obtenidas por ciertos grupos gracias a la corrupción de los directivos y custodios.
Y claro hay cárceles campeonas en esas irregularidades. Las peores calificaciones de la comisión –que además las ubica por su grado de “ingobernabilidad”– las lideran los centros de reclusión del Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit.
El gobierno anterior, el de Felipe Calderón, se dedicó a negar estas condiciones y a minimizar las advertencias lanzadas por la CNDH y también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, comandada por Genaro García Luna, se limitó a repartir culpas: lo que ocurre en las prisiones municipales o estatales, donde se han generado fugas y homicidios, sucede “por ausencia de gobierno, de inversión y de capacitación de su personal, cualquiera de esas tres cosas”, argumentó.
Lo que no reconoció es que, derivado de la guerra, las prisiones estatales fueron rebasadas por los más de 50 mil 637 acusados hasta 2012 de cometer delitos del fuero federal, pues 51% de ellos siguen sujetos a proceso penal, y por estar a disposición de los jueces, no pueden ser transferidos a las prisiones de seis niveles de peligrosidad, que tanto presumió Calderón.
En este contexto, las cárceles mexicanas tienen ahora un fuerte problema de sobrepoblación, autogobierno y de centenas de autoridades corruptas. Han sido las causas centrales de evasiones, crímenes e inseguridad para las comunidades en las que están ubicadas.
Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto no ha dicho ni hecho nada al respecto. Por tanto no hay certeza de que quienes están cumpliendo una pena lo harán en condiciones como las que prevé la ley y mucho menos frenar el hecho de que, desde ahí adentro, sigan cometiendo delitos.
Las condiciones de abandono y vigilancia en las que han permanecido esos centros penitenciarios están haciendo crisis hace tiempo y sí, aunque los gobiernos federal y estatales se resistan, es verdad que son una bomba de tiempo a punto de estallar.
Apenas ayer, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, volvió a advertir sobre esos riesgos y urgió a una intervención inmediata de las autoridades para evitar que la impunidad y las masacres continúen.
