En cuatro meses, la anterior administración se apresuró a dar contratos para su cuestionada red de video vigilancia
Entre el 15 de abril y el 21 de julio la administración de Juan Manuel Carreras López pagó 238.7 millones de pesos a la empresa SYM Servicios Integrales SA de CV y así, a poco más de dos meses de terminar el sexenio, saldó la totalidad de la Red de Video Vigilancia Estatal (RVVE), que tuvo un costo total de 322.4 millones de pesos.
El proyecto a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública ahora es puesto bajo sospecha por la administración de Ricardo Gallardo Cardona, por sospecha de sobreprecio en alguno de sus componentes, entre ellos, las video cámaras.
Los ocho contratos del sistema, cuyas copias tiene este medio, señalan que SYM Servicios Integrales SA de CV, se llevó la mayor parte de la suma, 322.4 millones de pesos, al obtener cinco de ellos, mientras que en otro más, la representante legal de la empresa beneficiada, 5 Star System SA de CV, representó a SYM en varios litigios.
La compañía fue representada por Gadi Hugo Goliarmo Mokotov, un israelí que ha sido vinculado por grupos de defensa de la libertad digital, como distribuidor en México del software espía Galileo, de la empresa italiana The Hacking Team.
En tres de los cinco procesos, la empresa no tuvo competencia, pues uno lo obtuvo por la vía de la adjudicación directa en 2018; en otro, sus competidores fueron descalificados y en el restante, aunque fue licitación pública, fue la única proveedora que se presentó.
En el contrato de 5 Star System, la competencia también fue descalificada.
Caducidad
El primer contrato para SYM fue entregado, vía adjudicación directa, por el gobierno carrerista el 30 de noviembre de 2018, bajo la clave DGA-DCO-co99-AD-951-18, en el que por 37.1 millones de pesos, la empresa se comprometió a proporcionar servicios integrales de telecomunicaciones, exclusivo para videovigilancia.
Se trataba de un proyecto “llave en mano” que incluía la puesta en operación del sistema, la adquisición, capacitación y puesta a punto, que sería manejado por el Centro de Coordinación, Control, Comando Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2).
El 22 de diciembre de 2020 se firmó el contrato DGA-CAASPE-co90-LPE-36-20, por 19.9 millones de pesos por la adquisición de un sistema de fortalecimiento a la RVVE. En esa licitación, superó a la empresa Equipos Tácticos y Tecnológicos de Seguridad SA de CV (ETTSA).
Luego siguió la carrera de firmar tres contratos en cuatro meses. El 15 de abril se firmó el contrato más oneroso, el DGA-CAASPE-co07-LPE-05-21, mediante el cual, gobierno pagó 118.9 millones de pesos a SYM por servicios integrales de telecomunicación. La particularidad de este contrato, que daba servicio a la red de telecomunicaciones, a las cámaras con capacidad para girar en dos ejes y hacer zoom (PTZ), a postes, servidores y otro equipamiento, tenía un plazo de vigencia hasta el 22 de septiembre, cuatro días antes del fin del sexenio. Es decir, gobierno pagó 118.9 millones de pesos por servicios que duraron 5 meses y 7 días.
En igual situación se encuentran los últimos dos contratos a SYM.
El DGA-CAASPE-LPE-10-21, por 74.9 millones de pesos, firmado el 13 de mayo de 2021, y el DGA-CASPEE-LPE-12-2, del 21 de julio de 2021, por 44.9 millones de pesos.
En ambos casos, el objeto de los contratos es el mismo: equipamiento para fortalecer el sistema de la RVVE, sin que la documentación disponible permita precisar qué tipo de servicios y bienes se involucran.
También tienen como fecha de la terminación el 22 de septiembre de 2021.
Los contratos no especifican qué pasará con el servicio después de la fecha de vencimiento de los documentos.
Pantallas gigantes
Los contratos de la RVVE que no corresponden a SYM son el DGACAASPE-co-77-LPE-31-20, del 27 de noviembre de 2020, mediante el cual se adquirió a la empresa 5 Star System SA de CV los equipos de enlace de microondas e inalámbricos. Fue por 26.4 millones de pesos. Como representante legal de esta compañía aparece Adriana Almazán Juárez, que también ha fungido como abogada de SYM Servicios Integrales, por lo que está latente la posibilidad de una liga entre ambas empresas.
La Oficialía Mayor firmó con la empresa Promotora Kabat Seguridad SA de CV el contrato DGA-CAASPE-LPE-32-20 por dos enormes pantallas, una de 7 x 3 metros y otra de casi 12 metros por 4 metros, que servirían como “videowall” en el que aparecieran las imágenes de las cámaras. Por ambos aparatos, el gobierno estatal pagó 11.8 millones de pesos.
El último contrato se firmó el 24 de diciembre del año pasado. Fue el DGA-CAASPE-co91-LPE-34-20, mediante el cual se pagaron 2.4 millones de pesos por una antena RFID direccional a la empresa Telecomunicaciones VG del Centro SA de CV.
¿Cuántas compraron?
En los documentos consultados, no aparecen ni la cantidad ni las especificaciones de las videocámaras. Sin embargo, en otros documentos vinculados al proyecto se mencionan cifras contradictorias.
De acuerdo a esos documentos, al inicio de la administración, en septiembre de 2015, había 64 cámaras en todo el estado.
Al cierre de la administración, se contabilizaron 416, de las cuales, 162 son propiedad estatal.
Esto implicaría que el inventario aumentó en menos de cien aparatos: 98.
Las restantes 254, se explica, pertenecen a otras dependencias o a particulares y empresas que aceptaron conectarse a la red.
Luego se señala que la meta es llegar a 660 aparatos de propiedad estatal, lo que implicaría aumentar en 498 los aparatos.
Pero más adelante se señala que el C5i2 monitorea mil 076 cámaras, del estado, de otras instancias y de particulares y que se adquirieron 466 cámaras de video.
Proyecto cuestionado
Hace dos semanas, el gobernador Ricardo Gallardo aseveró que el proyecto era investigado debido a que se presumía que las cámaras y otros componentes habían sido pagados con un sobreprecio de 50%.
“Esperaremos a que el secretario de Seguridad Pública nos dé el reporte final en el tema de las videocámaras; efectivamente saben de sobra el problema que traemos ahí de sobreprecios, todo se cobró al 50 por ciento”, afirmó.
En los últimos días de su mandato, Carreras López había mencionado que el costo del proyecto rondaba los 350 millones de pesos, cifra que se aproxima al monto total pagado.
Sin embargo, aseveró que ese costo era diez o 15 veces superior, hasta llegar a los dos mil millones de pesos.
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