Raúl Plascencia Villanueva, presentará esta semana una denuncia penal contra 21 ex funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), entre ellos el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, implicados en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, por ser los presuntos responsables de los delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. Entre los probables responsables señaló además al entonces director general de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino; al ex titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro, Israel Zaragoza Rico, y al ex director de Operaciones Especiales, Javier Garza. También están acusados de dichos delitos 5 agentes y 10 elementos de la AFI -que se dividieron en dos células al momento de detener a Florence Cassez- y dos agentes del Ministerio Público de la Federación. En la conferencia de prensa donde hizo público el informe, el presidente de la CNDH no mencionó a los funcionarios involucrados por su nombre, puesto que la ley de la CNDH le mandata proteger su identidad, y “porque no es nuestro objetivo que se estigmatice a las personas”. Pero cuando se le cuestionó sobre la responsabilidad directa de García Luna mencionó que le corresponderá al Ministerio Público determinar su grado de participación. El Informe Especial de la CNDH sobre las Irregularidades Cometidas por Servidores Públicos de la PGR en el caso de Cassez señala que dichas irregularidades se cometieron durante el operativo donde se detuvo a la presunta cómplice de una banda dedicada al secuestro, ocurrido el 9 de diciembre del 2005 y, posteriormente, durante la actuación de los agentes del Ministerio Público al no cumplir con el debido proceso. De esa manera, se señala en el reporte, se impidió que las víctimas de secuestro accedieran a la justicia y se les reparara el daño. El ombudsman nacional dijo que las irregularidades cometidas por estos funcionarios tuvieron como consecuencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara la libertad de Cassez el 23 de enero pasado “no por ser inocente sino por violaciones al debido proceso”. La investigación de la CNDH para elaborar este informe se centró en las violaciones a los derechos humanos que cometieron los servidores públicos de la AFI y la PGR en contra de las víctimas de secuestro, delito del que fue acusada la ciudadana francesa. El organismo aclaró que no analizó los derechos que fueron vulnerados a Cassez, puesto que la SCJN se pronunció al respecto. El problema, reiteró Plascencia Villanueva, es que la actuación irregular de dichos funcionarios derivó en la liberación de Cassez, lo que a su vez “propició que las víctimas vieran obstaculizado su derecho de acceso efectivo a la justicia y a recibir una adecuada reparación del daño”. En este caso, dijo, se vulneró el derecho de las víctimas de secuestro a recibir un trato digno y a tener acceso a la justicia. Sobre el montaje que se realizó durante el operativo en el que se detuvo a Cassez, el presidente de la CNDH manifestó su preocupación, pues “a la fecha no se han dado a conocer con precisión los datos y la forma en la que participó cada uno de los servidores públicos involucrados en la escenificación ajena a la realidad; esto es, tanto de quienes se encontraban presentes durante la misma como de aquellos que con sus acciones y omisiones lo toleraron o permitieron en el ámbito de sus atribuciones, dentro de la cadena de mando respectiva”. Destacó que estas irregularidades pueden ser constitutivas de delito, por lo que en esta semana presentará la denuncia penal en la PGR y una queja ante la Visitaduría General de esta dependencia, a fin de que se deslinden las responsabilidades correspondientes. El ombudsman nacional solicitó a la PGR que colabore en el trámite de la denuncia y la queja, que tome las medidas necesarias para reparar el daño a las víctimas, que instrumente programas de educación en derechosb humanos para sus empleados y que ordene las medidas cautelares necesarias para salvaguardar el derecho de las víctimas “hasta la total detención de los responsables”. “La impunidad es el peor mensaje que se pueda enviar a la sociedad porque genera decepción, frustración e incertidumbre e impide que quienes han cometido un delito sean castigados con todo rigor por la justicia mexicana. Lo menos que pueden hacer las autoridades en este caso es profundizar en las investigaciones para fincar responsabilidades contra los servidores públicos que pervirtieron el proceso”, manifestó el presidente de la CNDH. A detalle — El 9 de diciembre del 2005 a las 4:30 horas, cuatro agentes de la AFI acudieron al kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca, en la colonia San Miguel Topilejo del DF, y detuvieron a dos personas -una de ellas era Cassez-, derivado de una investigación sobre el secuestro de una persona. – Los agentes de la AFI trasladaron a las dos personas a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, pero una de ellas dijo que tenían que regresar al lugar conocido como Rancho Las Chinitas, pues de lo contrario el resto de la banda podría matar a las personas que estaban privadas de su libertad. – Los agentes de la AFI solicitaron apoyo para el rescate de las víctimas y a las 6:30 llegaron 15 elementos policiales. – A las 6:47 la televisión informó que el operativo apenas estaba iniciando y se mostró “en vivo” el ingreso de la policía al inmueble. – Las dos personas que ya habían sido detenidas dos horas antes fueron exhibidas en el noticiero de televisión como si apenas hubieran sido arrestados y se les entrevistó públicamente, así como a las víctimas, entre ellas, un menor de edad. – La transmisíón del operativo acabó a las 8:53 – A las 10:16 ambos detenidos fueron puestas a disposición de la SIEDO – A las 15:05 un agente del MP dijo que intentó llamar a la Embajada de Francia para avisar sobre la detención de Cassez sin tener éxito – A las 15:10 tomó la primera declaración de Cassez y solicitó su arraigo – A las 12:20 del 10 de diciembre de 2005, 32 horas después de su detención, el agente del MP avisó a la Embajada de Francia – A las 15:45 arribó a las instalaciones de la SIEDO el cónsul general de Francia en México – Ese mismo día, Cassez fue trasladada al Centro Nacional de Arraigos FUENTE: Informe especial de la CNDH]]>
