El Radar
Por Jesús Aguilar
X : @jesusaguilarslp
La noche del 7 de noviembre, la violencia tocó las puertas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una vez más. A unos metros de la zona universitaria, un joven pasante de Estomatología fue asesinado en un presunto intento de asalto. Se llamaba Jorge Dávila Ramírez, tenía 22 años y, de acuerdo con los primeros reportes, apenas regresaba a su vehículo después de una jornada académica.
Sin embargo, los documentos oficiales obtenidos por esta columna —emitidos por el C4 y la Guardia Municipal— revelan inconsistencias graves respecto a las versiones posteriores de la Fiscalía General del Estado.
El parte inicial, registrado a las 23:48 horas, describe con precisión los hechos:
“Al circular sobre la avenida Salvador Nava, en la lateral que hace intersección con Manuel Nava, nos hace señas un joven a bordo de un vehículo Pointer color azul de nombre Ismael Romero Almendárez… refiere que a su compañero de universidad lo hirieron con arma de fuego en Río Papaloapan esquina con Río Nazas.”
El reporte añade que, al llegar al lugar, los agentes encontraron “a un masculino tirado con un impacto en el pecho del lado derecho superior (clavícula), acompañado por una compañera de universidad la cual se niega a dar datos generales”. La víctima, todavía consciente, alcanzó a decir su nombre y lo que ocurrió:
“Se dirigía a su vehículo, le salen dos masculinos encapuchados y le disparan para quitarle su vehículo, un Cupra color gris, sin recordar más datos ni placas.”
El documento también registra con exactitud la secuencia de auxilio:
“Arribando a las 23:50 horas la unidad sin número de Protección Civil a cargo de Óscar Jiménez, trasladándolo al Hospital Central. A las 00:06 horas ingresa con herida por proyectil de arma de fuego en región torácica… el estado de salud es reportado como grave.”
Más tarde, a la 01:56 horas, el sistema 911 actualiza la tragedia:
“Informan del área de medicina legal del Hospital Central que la persona falleció a la 01:50 hrs.”
Pero las versiones cambiaron.
En los comunicados de la Fiscalía General del Estado, la narrativa modificó detalles sustanciales: el vehículo dejó de ser un Cupra y pasó a ser un Mini Cooper, la acompañante cobró protagonismo y los hechos se redujeron a un escueto intento de robo “por personas desconocidas”.
Ninguna referencia al testigo inicial, ni al reporte de los encapuchados, ni al vecino que dijo haber escuchado el disparo.
La diferencia entre el documento primario y la versión oficial posterior no es un tecnicismo: es una grieta en la verdad.
Un estudiante asesinado frente a su universidad no puede ser reducido a una nota de trámite. Menos aún cuando los primeros minutos del suceso —minutos documentados— ofrecen una narrativa más clara y humana que los boletines institucionales.
¿Por qué se alteraron los datos?
¿Por qué nadie ha ha exigido la verdad completa sobre el asesinato?
¿Por qué las autoridades guardan silencio ante la evidencia de versiones incompatibles?
San Luis Potosí vive un momento oscuro. El miedo volvió a picar en una familia como la tuya, como la mía, como las cientos que sufren robos implacables en sus casas, en sus negocios, en las oscuras calles, símbolo de que la impunidad amenaza con instalarse otra vez.
El nombre de Jorge Dávila Ramírez no puede quedar sepultado entre oficios, omisiones y comunicados ambiguos.
La justicia no se consigue escondiendo la verdad, sino revelándola. Y en este caso, las palabras del propio parte inicial bastan para exigirla.
RECADERO
*Esto empieza a ser un hecho absolutamente NO AISLADO, la fila de denuncias ante el ministerio público por asaltos, robos a domicilios y negocios crecen y el discurso de todo está bien, o al menos mejor que en otra partes comienza a ser absolutamente insuficiente.
Tan solo en los últimos 15 días, la Fiscalía General del Estado debería proveer estadísticas del incremento de esas denuncias de las que nadie habla.
* A pesar de la implementación de una Estrategia Nacional, la extorsión se mantiene por encima de los niveles registrados en 2019, al mostrar un incremento acumulado de casi 23 por ciento entre enero-octubre de 2019 y el mismo periodo de 2025.
*Que la diputada Patricia Aradillas haya pedido licencia a su cargo alimenta las versiones de que sería el relevo de Teresa Rivera Acevedo como alcaldesa concejal de Villa de Pozos, un fracaso monumental por donde lo vean. Ni debía de ser municipio, ni había dinero suficiente para quitarle recursos al estado para alimentar por sonda su invención, tampoco había perfiles adecuados para operarlo, mucho menos que esos tuvieran un equipo adecuado. LA NUEVA PUNTADA QUE DEBERÍAN EVITAR ES CONSUMAR UN ACTO INCONSTITUCIONAL YA QUE EL CONGRESO NO PUEDE DETERMINAR QUIEN SEA ALCALDE, ES FACULTAD DEL CABILDO Y SOLO DEL CABILDO…
*La respuesta del alcalde Galindo a la investigación de Astrolabio sobre el monopolio familiar que se sostiene en el manejo de la publicidad urbana exterior expuesta por María Ruiz es contundente, él no ha dado en sus dos periodos ninguna concesión y va a revisar y abrir el tema para que se logre equilibrio y transparencia.
