Familiares y afectados rechazan propuesta de libertad a cambio de acuerdo, mientras algunos jóvenes siguen hospitalizados
Esta semana se llevará a cabo una nueva audiencia en torno al caso del antro Rich, en donde las víctimas tienen previsto rechazar una negociación con los imputados. Además, a finales de mes, funcionarios estatales y municipales que pudieron haber incurrido en omisiones deberán presentarse ante un juzgado federal.
Después de que la defensa de los imputados propusiera la suspensión condicional del proceso contra Ulises, Francisco y Nancy, por el accidente ocurrido en el antro Rich el 7 de junio, se realizará una audiencia esta semana en la que buscan negociar con las víctimas para recuperar su libertad.
Ramón Infante Guerrero, padre de Manuel Alejandro, uno de los dos jóvenes fallecidos en el accidente, afirmó que la negociación “no tiene cabida” y que sería prematuro hacerlo ya que aún hay jóvenes convalecientes por las heridas que sufrieron. Algunos están en terapia física o psicológica, y una de ellas sigue hospitalizada, por lo que “aún no se conocen definitivamente los daños”.
Derivado del amparo presentado por la defensa de los imputados para revertir la medida de prisión preventiva, el Juzgado Sexto Federal requirió la comparecencia de funcionarios estatales y municipales involucrados en el presunto acto de omisión. Estos deberán presentarse y testificar como parte de la investigación crítica. Aunque no se puede anticipar si se les fincarán responsabilidades, al menos serán llamados por la justicia federal.
Infante Guerrero también espera que el alcalde capitalino dé a conocer los resultados de la investigación realizada por la Contraloría Interna del Ayuntamiento en torno a este caso. Manifestó su preocupación de que la investigación no sea exhaustiva, ya que las contralorías están facultadas para investigar problemas administrativos, no casos con lesionados y pérdidas de vidas humanas.
Finalmente, Infante Guerrero criticó la aparente inacción de la Contraloría del Estado, que parece estar esperando que el caso quede en el olvido para evitar sancionar a funcionarios estatales que pudieron haber incurrido en omisiones en sus responsabilidades.
