Ricardo Martínez representa jurídicamente a familias de 12 tepiteños. Y lo acusan de amenazar a víctimas de trata
Ricardo Martínez Chávez es abogado de las familias de los 12 desaparecidos el 26 de mayo en el bar Heaven de la Zona Rosa y también presta sus servicios de defensoría a Alejandro Iglesias Rebollo, dueño del
table danceCadillac y de la desaparecida discoteca Lobohombo, donde 22 personas murieron tras un incendio ocurrido durante la madrugada del 20 de octubre de 2000.
El Cadillac, lugar donde se ejercía la trata de personas, fue clausurado el pasado 28 de junio en un operativo conjunto con la Policía Federal. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó el domingo a 14 personas ante un juez penal por ese delito.
La PF intervino en el operativo a petición de la PGJDF. Está establecido en los convenios de colaboración con los estados y el DF que cuando se sospeche de la comisión de delitos del fuero federal, como la violación a las leyes migratorias, se faculta el trabajo conjunto.
Dio aviso contra revisión
Ricardo Martínez Chávez conoce las entrañas de la PGJDF. De 1997 a 2000 fue secretario particular del entonces subprocurador Hugo Vera. Al dejar la dependencia comenzó su trabajo defendiendo la operatividad de giros negros.
En 2009 Martínez Chávez acudió con la ex fiscal de Delitos Sexuales, Juana Camila Bautista, acompañado de una mujer de nacionalidad extranjera, rubia y muy alta. En ese momento la funcionaria realizaba una investigación conjunta con la Procuraduría General de la República contra el Solid Gold.
El abogado, abrazado de la rubia, recorrió los pasillos de la PGJDF y buscó a la fiscal para “explicarle” que mujeres como la que lo acompañaba tenían un contrato que firmaban desde su país de origen y le pedía que terminara con su investigación.
El pasado viernes 28, Ricardo Martínez Chávez ordenó que fueran evacuados el Royal y el Farenheit, propiedad de su defendido Alejandro Iglesias Rebollo. El abogado buscaba evitar que esos antros fueran investigados por autoridades locales y federales.
Tras la clausura del Cadillac, Martínez Chávez fue a la Fiscalía Central para la Atención del Delito de Trata de Personas donde amenazó a las 46 mujeres rescatadas y les advirtió que si hacían denuncias las boletinaría en todo el país para que no volvieran a encontrar trabajo.
No pueden ser repatriadas
Las mujeres de nacionalidad extranjera no pueden ser repatriadas, como lo indica la Ley General para Combatir la Trata de Personas, y todas son vigiladas en sus domicilios.
En tanto, Rosi Orozco, presidenta de la Organización No Gubernamental Unidos Contra la Trata, advirtió que la sociedad civil y las ONG no permitirán que giros negros como el Cadillac operen en la Ciudad de México y confió en que se logre la extinción de dominio de ese inmueble.
“Se configura el delito y 14 personas ya están consignadas por este lugar que es el giro negro Cadillac, esperamos sanciones severas contra aquellas personas que abusan de la vulnerabilidad de otros y las explotan sexualmente”, aseveró.
Al reclamo se sumaron Mariana Ruenes, de la organización Sin Trata; Verónica Martínez Sentíes, de Nosotras Hablamos; Gonzalo Espina, de Luces en el Firmamento, y Germán Villar, de Fundación Reintegra, advirtieron que no permitirán que Alejandro Iglesias Rebollo trafique con seres humanos.
Junto con Orozco respaldaron el trabajo del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; el procurador, Rodolfo Ríos y la fiscal, Juana Camila Bautista Rebollar.
“Estamos aquí la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales en apoyo a las acciones que lleva a cabo el jefe de Gobierno, el procurador, Rodolfo Ríos, y la fiscal, Juana Camila Bautista, quienes ordenan operativos en los llamados giros negros”, puntualizó Orozco.
Por su parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, advirtió que lo que no se puede medir no se puede combatir. Anunció que se comenzará a trabajar en la medición de parámetros que permitan conocer a fondo el delito de trata.
“En este país es imposible saber cuántas personas son víctima, cuántas personas son esclavas, cuántas personas están sufriendo y están privadas de su libertad, estamos por iniciar un trabajo para buscar medir este problema, solicitamos a la autoridad que haga pública y transparente esta información”, dijo el activista, mientras Orozco confió en que el DF se convertirá en ejemplo latinoamericano de una metrópoli sin trata de personas. Pidió al Instituto de Verificación Administrativa que revise usos de suelo del Solid Gold y Butchers, que operan, dijo, de manera irregular.
A prisión, tres arraigados
El juez 25 Penal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente concedió las órdenes de aprehensión contra tresde las personas arraigadas por la Procuraduría capitalina relacionadas con la desaparición de 12 jóvenes del bar Heaven.
Mañana vence la medida cautelar del arraigo contra Luis Alberto Rodríguez Ledesma
El Moschino; Gabriel Carrasco
El Diablo; Andrés Estuard Henonet González. De Brenda Angélica Casas no se informó. En las próximas horas serán consignados ante el juez por el delito de secuestro agravado.
El procurador del DF, Rodolfo Ríos Garza, informó que esta semana continuarán las reuniones con los familiares de los 12 tepiteños. “Tenemos la reunión y les daremos avances que llevamos”, dijo,
Respecto de las afirmaciones de Ernesto Espinosa Lobo, dueño del Heaven, que asegura que el día de la desaparición estaba fuera del país de visita en casa de sus abuela, Ríos Garza dijo que investigan esa versión.
“Investigamos la relación que puede tener con el evento sucedido”, precisó.
Los cuatro arraigados han negado estar relacionados con los hechos del 26 de mayo. Sólo
El Moschino habló ante autoridades.
PGR ofrece total apoyo
En tanto, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam ,ofreció utilizar todos los recursos de la dependencia para ubicar a los 12 jóvenes.
Leticia Ponce, madre de Jerzy Ortiz, uno de los desaparecidos, exigió, con un bloqueo en Paseo de la Reforma, ser recibidos por el titular de la PGR.
“El procurador habló al GDF y ofreció toda la ayuda, tenemos la confianza de que va a resolver esto”, dijo Ponce.
La comisión de familiares salió de la PGR a las 19:07 quitaron sus cartelones y se retiraron. En Reforma, con dirección al Bosque Chapultepec, hubo altercados verbales con automovilistas, ahí Jorge Zermeño, coordinador de asesores de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, dio la indicación de integrar una comisión para ser atendidos por Murillo Karam.
Con información de: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/07/02/906843#.UdLMcczusMc.twitter]]>
