Desiree Madrid
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) mantiene bajo su registro a 34 menores de edad que son hijos e hijas de mujeres asesinadas en casos tipificados como feminicidio, así lo informó su titular, Miguel Ángel García Amaro, al detallar que este grupo de niños, niñas y adolescentes aún reciben atención y acompañamiento por parte de la institución.
El funcionario explicó que estos casos forman parte de un padrón más amplio que incluye entre 65 y 70 víctimas indirectas de feminicidio en la entidad. Sin embargo, no todos continúan en la infancia, ya que varios han alcanzado la mayoría de edad con el paso de los años, aunque siguen recibiendo apoyo integral.
“De las víctimas de feminicidio directas, aproximadamente el 40 por ciento tenía hijos menores de edad al momento en que ocurrió el hecho victimizante”, señaló García Amaro.
Según dijo, el impacto de estos crímenes va más allá del hecho violento, pues deja “secuelas graves en la psique” de las personas cercanas, especialmente en la niñez.
En cuanto al caso más reciente que involucra a tres mujeres asesinadas en Peñasco, García Amaro comentó que la CEEAV intervino desde el día de los hechos al brindar acompañamiento jurídico y atención integral a las familias. Este proceso se lleva a cabo bajo el protocolo de investigación para feminicidio, aunque todavía no se confirma si el móvil fue de género u otro tipo.
El comisionado subrayó que la obligación institucional es investigar y dar seguimiento bajo este protocolo, sin importar si la línea de investigación final determina un feminicidio o no. Esto garantiza que desde el inicio se actúe con la mayor protección posible para las víctimas indirectas.
Sobre la atención que reciben las y los menores, García Amaro indicó que implica apoyo educativo, de salud y asistencia, incluyendo abastecimientos y seguimiento especializado.
“Estamos muy al pendiente de sus necesidades. Es una obligación que no caduca con el tiempo”, afirmó.
Aunque el registro de la CEEAV incluye casos de “larga data”, la atención no se suspende cuando las víctimas indirectas cumplen 18 años.
“No es un inconveniente ni una justificación para dejar de atenderles; el daño y las necesidades no desaparecen con la mayoría de edad”, concluyó.
