El Radar
Por Jesús Aguilar
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La transparencia y la rendición de cuentas en México, y particularmente en San Luis Potosí, están bajo asedio. Lo que en décadas pasadas fue una de las grandes conquistas ciudadanas, hoy parece eclipsarse bajo la sombra de un sistema que, con tintes de los regímenes priístas totalitarios, vuelve con nuevos disfraces, aderezado con programas sociales que, en muchos casos, silencian la exigencia ciudadana.
El reciente informe de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) de San Luis Potosí es una prueba tangible de este retroceso. Según su presidente, Gerardo Navarro Avilés, más de 57 sujetos obligados han incumplido con sus responsabilidades de transparencia al no subir información pública, incluyendo municipios, entes estatales, sindicatos y partidos políticos.
Lo más preocupante es la justificación que algunos municipios han dado para incumplir: la desaparición de organismos autónomos a nivel federal. Esta interpretación distorsionada de la ley ha permitido que diversos sujetos obligados dejen de publicar información, en una clara afrenta a la rendición de cuentas.
Edgardo Buscaglia, especialista en temas de corrupción y transparencia, ha advertido en múltiples ocasiones sobre la tendencia regresiva en la rendición de cuentas en México. En entrevistas recientes ha señalado que “cuando los mecanismos de transparencia comienzan a debilitarse, se abre la puerta a un aumento exponencial en la corrupción y la impunidad”. Y es precisamente lo que parece estar ocurriendo en San Luis Potosí y el resto del país.
De acuerdo con María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la falta de acceso a la información es el primer síntoma de un Estado que busca operar sin ser observado. “La opacidad no es casualidad, sino una estrategia”, ha enfatizado en sus análisis sobre la situación del país.
A pesar de que la CEGAIP ha impuesto sanciones –44 multas en 2023– y de que su titular insiste en que seguirán aplicándose, el problema persiste. Las multas, aunque necesarias, parecen no ser suficientes para cambiar la inercia de opacidad que se ha instalado en distintos niveles de gobierno.
La pregunta que surge es si la ciudadanía permitirá este retroceso sin exigir cuentas. México no puede permitirse volver a los tiempos en los que la información gubernamental era un privilegio de unos cuantos. Es momento de que la sociedad civil, los medios de comunicación y los organismos ciudadanos redoblen esfuerzos para evitar que la transparencia en México sea solo un recuerdo del pasado.
No hay certidumbre ni presupuestal, ni de mantenimiento elemental de un organismo que ha sido disminuido conforme ha pasado el tiempo por la falta de vocación y principios democráticos de quienes no juzgan conveniente mantener un acícate formal, autónomo y con autoridad legal para pedirles cuentas.
