Fernanda Durán
En el marco del proceso de transición por la extinción de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), el comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso planteó la necesidad de fortalecer el régimen de sanciones en materia de transparencia, al considerar que las actuales medidas resultan limitadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados.
Al abordar el tema, señaló que el debate sobre sanciones más estrictas no es nuevo, sino que ha sido impulsado durante años por organizaciones civiles especializadas en rendición de cuentas.
“No estoy descubriendo el hilo negro (…) a lo largo de estos 20 años han ponderado justamente que las sanciones (…) sean más fuertes para obligar a los sujetos obligados en el cumplimiento de estas obligaciones”.
Explicó que, en el marco legal vigente, las sanciones se limitan a medidas administrativas, como amonestaciones o multas económicas que pueden alcanzar hasta aproximadamente 175 mil pesos, dependiendo del nivel de incumplimiento.
Actualmente existe una tabla de sanciones que gradúa las penalidades conforme al nivel de cumplimiento, donde los casos con cero por ciento de transparencia reciben las sanciones más altas, mientras que los incumplimientos parciales derivan en medidas menores.
No obstante, advirtió que este esquema podría modificarse en el nuevo diseño institucional, pues ya se trabaja en una propuesta para endurecer las sanciones como parte de las adecuaciones legales que acompañarán la desaparición del organismo.
“Estamos trabajando justamente para hacer una propuesta de cara al proceso de transición en el que las sanciones de verdad puedan hacer que se cumplimenten estas obligaciones”.
Entre las opciones que se analizan, mencionó la posibilidad de incorporar sanciones de mayor alcance, como la inhabilitación de servidores públicos o la articulación de medidas más severas dentro de la normativa de cada poder, con el objetivo de generar consecuencias más efectivas ante el incumplimiento.
También refirió que a nivel nacional ya se discuten mecanismos más estrictos para ciertos sujetos obligados. En el caso de partidos políticos, señaló que se ha planteado la posibilidad de iniciar procedimientos que puedan impactar incluso en su registro, mientras que en sindicatos se ha considerado condicionar trámites como la toma de nota al cumplimiento de obligaciones de transparencia.
Sobre la posibilidad de vincular sanciones con el uso de recursos públicos, Navarro Alviso mencionó que se trata de una opción que podría analizarse, aunque implicaría retos legales, particularmente en el caso de los municipios por su autonomía. Aun así, el debate es pertinente.
“Si no lo estás transparentando, yo creo que lo más idóneo sería que el uso de ese recurso público estuviera condicionado en algunos aspectos”.
El comisionado subrayó que, desde 2015, la responsabilidad en materia de transparencia está individualizada, por lo que las sanciones recaen directamente en los titulares de las instituciones y no en los entes en su conjunto.
Actualmente, informó que existen alrededor de 20 sujetos obligados con niveles de cumplimiento cercanos a cero, entre ellos organismos operadores de agua, sindicatos y algunos municipios, lo que ha derivado en la aplicación de sanciones administrativas y en procesos de acompañamiento institucional para intentar revertir estas condiciones.
Finalmente, señaló que el endurecimiento de sanciones forma parte de las propuestas que se analizan en medio de la armonización legal que deberá realizarse tras la reforma, en la que se definirá el nuevo modelo de transparencia en la entidad y las herramientas para garantizar su cumplimiento.
