Fernanda Durán
A poco más de tres meses de que comenzó a correr el plazo constitucional para extinguir la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), el organismo iniciará su primer periodo vacacional de 2026 sin que hasta el momento exista una iniciativa pública sobre las leyes secundarias que definirán el nuevo sistema estatal de transparencia.
De acuerdo con el calendario oficial de actividades de la propia CEGAIP, el primer periodo vacacional comprende del 26 al 31 de julio, apenas unos días antes de que venza el plazo de 120 días establecido en el Decreto 0506 para armonizar la legislación en la materia y concretar la desaparición del organismo autónomo.
El calendario de la CEGAIP establece además que durante esos días inhábiles los trámites y términos de los asuntos y procedimientos se ajustarán al periodo vacacional, lo que implica la suspensión temporal del cómputo de plazos administrativos y procesales del organismo.
La situación ocurre apenas una semana después de que el Congreso del Estado aprobó una modificación al régimen transitorio —sin cumplir con el proceso legislativo correspondiente — para mantener en funciones a los comisionados durante este periodo extraordinario, luego de que la reforma original no previera qué ocurriría si concluían sus nombramientos antes de la entrada en vigor del nuevo sistema.
La modificación permitió además que la comisionada Ana Cristina García Nales permaneciera en funciones más allá del término originalmente previsto para su encargo, bajo el argumento de garantizar la continuidad institucional durante la transición.
Sin embargo, a la fecha el Congreso no ha presentado públicamente una iniciativa de leyes secundarias ni ha definido el diseño final del organismo que sustituirá a la CEGAIP, la permanencia de su personal, el presupuesto con el que operará ni el mecanismo mediante el cual se conservarán las funciones que actualmente ejerce el órgano garante.
Cuestionado sobre el hecho de que la prórroga coincida con el periodo vacacional del organismo, el diputado e integrante de la Comisión de Transparencia, Luis Felipe Castro Barrón, sostuvo que ello no afecta el proceso debido a que actualmente el trabajo se desarrolla desde el Congreso y las comisiones legislativas.
“En realidad quien está llevando el proceso es el Congreso junto con las comisiones para poder finiquitar ya lo que era la CEGAIP”.
El legislador aseguró que existen avances en la elaboración de las leyes secundarias y confió en que puedan estar listas a principios de agosto, aunque evitó detallar el contenido o el estado de esos trabajos.
“Sería muy aventurado de mi parte decirte cuáles son. Yo creo que lo más conveniente es esperar a que salga la comunicación oficial por parte de las comisiones integradoras”.
Cuestionado específicamente sobre las garantías para el derecho de acceso a la información durante la transición, Castro Barrón se refirió primero a la protección de los derechos laborales del personal y posteriormente aseguró, de manera general, que el nuevo modelo contempla la preservación del acceso a la información, la privacidad y la protección de datos personales de la ciudadanía.
“Se cuida todo absolutamente. El derecho a la información, el cuidado de los datos de las personas, el derecho a su privacidad”.
No obstante, incluso entre integrantes de la Comisión de Transparencia persisten dudas sobre el contenido de la futura legislación. La diputada Sara Rocha Medina reconoció que aún no existe una iniciativa completa para definir aspectos como el futuro de la Plataforma Estatal de Transparencia y la conservación de la información que actualmente alberga.
“Todavía no tenemos porque todavía no está la iniciativa completa, ni siquiera para poderla resolver”.
Aunque aseguró que las instituciones continúan cargando información a la plataforma estatal, admitió que el diseño definitivo del nuevo esquema permanece pendiente y confió en que pueda concretarse en el próximo periodo legislativo.
