Denunciaron ejidatarios de Tamuín expropiaciones ilegales para favorecer a cementeras y termoeléctricas, las cuales “están envenenando agua, aire y tierra. Son más de dos mil hectáreas las que se han arrebatado al ejido Las Palmas, pero ni se han instalado empresas ni han beneficiado al ejido, sólo han contaminado, usado de banco de materiales y mina de cal, y no han devuelto los territorios que se suponía devolverían, sólo 50 hectáreas han usado de todo lo expropiado, y no le han dado la utilidad pública que presumían”, denunció Ernesto Márquez, comisariado ejidal y representante de ejidatarios afectados y que tratan de ser escuchados por el gobierno estatal.
“Esto ya no es solamente un problema de la tenencia de la tierra”, advierte quien ha fungido como representante del ejido por ya más de 14 años, “sino de salud pública. Con la instalación de las termoeléctricas y la cementera, los habitantes de nuestra y otras comunidades han empezado a sufrir graves problemas de salud, causados por la contaminación del río Choy, y desde luego del Tampaón. Tenemos personas que tienen problemas respiratorios, gástricos y cáncer, por toda la contaminación, y la autoridad no hace nada”.
“Ya hemos sacado amparos, peritajes, y todos concuerdan en que las empresas que están aquí no tienen controles de contaminación, no tienen plantas tratadoras de aguas negras, no tienen prácticamente nada que salvaguarde la salud de los habitantes de alrededor. A la gente le salen tumores, les dan enfermedades que por nuestra condición económica se vuelven mortales, como la diabetes o la insuficiencia renal, y aún así la termoeléctrica de Peñoles y Del Golfo siguen funcionando como si no existiéramos”.
A lo que ya tiran, señala, “se agregan los escurrimientos, en cuanto llueve se hacen charcos enormes, esta zona es así, y esos charcos son tóxicos y se desbordan hacia la comunidad, no respetan una cerca y todo nos cae a nosotros. En los techos de lámina se ve la cubierta de ceniza que dejan por lo que queman, todo nos llega, ya sea por agua o por aire. Ahora nos dice uno de los peritos que el nivel de acidez se está subiendo, así que ya ni sembrar vamos a poder, están convirtiendo al ejido en un cementerio”.
Lo peor de todo esto es que ya hay mandatos legales, ya hay amparos, estudios de parte de la Profepa, todo para que se pare el trabajo de estas empresas, que ni siquiera públicas son. Producen electricidad para compañías, ni es para consumo de la gente. Si no van a detener las autoridades su trabajo, al menos deberían asegurarse de que dejen de contaminar todo, nos están matando. Ya incluso se probó que se está violando el decreto de expropiación con el uso que le han dado, con las cosas que no han cumplido y con la expropiación posterior que se hizo en tiempos de Fox y Silva Nieto, y aún así no hay respuesta de las autoridades”.
Irregularidades de las empresas
En un peritaje sellado y avalado por el ingeniero Enrique Esparza del Ángel, se enumeran las fallas tanto en protección ambiental como de seguridad en que incurre la cementera, propiedad de Cemex de México, la Termoeléctrica del Golfo y la de Peñoles. Entregado al juzgado quinto de distrito del noveno circuito, con sede en Ciudad Valles, advierte que existen descargas de aguas industriales a cielo abierto en tanto hacia el río Choy como hacia los terrenos y caminos colindantes de los terrenos de las empresas. Por parte de Cemex, se trata además de desechos industriales, aguas negras, en la misma condición, llegando a afectar incluso a los caminos de terracería de los alrededores.
Además, advierte de una falla grave de seguridad que estaría incluso desobedeciendo la ley federal de armas y explosivos, pues la cementera, al requerir de este tipo de materiales para arrancar la roca caliza de las montañas, la transporta a través de un camino ejidal pavimentado a medias. “El camino es utilizado las 24 horas del día por Cemex, Termoeléctrica del Golfo y Peñoles. Y actualmente se encuentra trabajando una compañía en dicho camino derribando arboles”, advierte el perito.
Además, están extrayendo el agua para su uso industrial de los territorios que aún pertenecen al ejido, causando sobreexplotación de los mantos freáticos.
Respecto a los explosivos, advierte que “sí, se encuentran piedras de todo los tamaños puesto que es la zona de explotación existiendo hasta de gran volumen y tamaño cortadas como se puede apreciar en la siguiente imagen, cabe señalar que entre mas pequeña es la piedra que se extrae es evidente que se utilizan grandes cantidades de explosivos y el riesgo para los habitantes del Ejido Las Palmas”.
Además, señala que en las partes limítrofes con el ejido, se encuentran rocas que fueron desprendidas mediante explosivos, incluso dentro de territorio ejidal, cuando se tiene permiso sólo para el terreno de la empresa, y muchos se encuentran a tan solo 100 metros de las casas de los ejidatarios.
“Existe el riesgo de ser alcanzados por alguna voladura de material pétreo inclusive por el mismo material explosivo, ya que no existe zona de amortiguamiento, ni medio con el cual avisen a los pobladores de que se llevará a cabo la explosión”.
De esta manera, al enumerar las causas de riesgo, el perito termina señalándolas de manera puntual: Por el uso en demasía de explosivos ya que rebasa el ruido permitido. A causa del polvo y ruido que genera el chorreadero del material rocoso que Cemex arroja para ser triturado. A causa de las lluvias ácidas que esparcen las termoeléctricas del Golfo y Peñoles. A causa del polvo que Cemex expulsa al medio ambiente, sin control. A causa del uso de material peligroso como combustible. A causa del uso de solventes y lodos contaminados como combustible. Por la quema de basura y desechos hospitalarios. A causa de la quema de coque, que utilizan como combustible en Cemex, termoeléctricas Peñoles y del Golfo, provocando en corto plazo atrofiamiento del sistema respiratorio. A causa de la quema de llantas, que Cemex México utiliza para calentamiento de los hornos. A causa de la contaminación del agua del río Choy ya que es la principal fuente de abastecimiento de los habitantes del ejido Las Palmas, ya que Cemex utiliza estos depósitos para sedimentar los desechos fecales y se vierten sin control ni tratamiento al río Choy.
“Existe riesgo de pérdida de vida a causa del exceso de estos impactos de contaminación, y en relación al título de concesión por 50 años, sí puede causar graves daños en la vida cotidiana de los pobladores ya que el agua se debe garantizar principalmente para los habitantes, y en sus actividades agropecuarias se verán afectados ya que no se garantiza que el agua en el río Choy sea permanente, ya que con el exceso de uso de explosivos en la sierra de Tanchipa, se pueden desviar los veneros que abastecen al río Choy”.
A esto se agregan aparte los daños al medio ambiente, pues siendo una concesión por 50 años, el impacto que tendrá en el ecosistema será muy alto, de mantenerse las condiciones actuales. Los objetivos de conservación y protección ambiental de la Reserva de la Biosfera “Sierra del Abra Tanchipa” no son ecológicamente compatibles con la actividad de estas empresas, ya que no se observa ningún procedimiento de conservación a la sierra de la biosfera de Tanchipa, ni por las empresas, ni dependencias gubernamentales, advierte el perito.
“No se está respetando el decreto ni los alcances, ya que a menos de cuatro kilómetros se encuentran estas tres industrias, ya que Cemex está dinamitando a menos de un kilometro de la Reserva de la Biosfera de Tanchipa. El impacto por las actividades es la causa de enfermedades, como el cáncer, afectación en el sistema inmunológico, daños en los ojos, en la piel, incluyendo daños en sus terrenos ya que con el tiempo tienden a ser áridos a causa de las lluvias ácidas”.
Los daños directos a la comunidad
“Las casa habitación de los habitantes del ejido Las Palmas se encuentran dentro del perímetro de afluencia de la grave contaminación que generan dichas industrias, ya que la casa más próxima a dichas actividades se encuentra a menos de 20 metros, y en todo el poblado se sienten los olores que provienen de dichas industrias, agregándole a esto los fuertes impactos de sonido de los explosivos y de las rocas que Cemex arroja por el chorreadero, y de las maniobras propias de cada empresa, daño que se genera en mayor cantidad en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, en relación a sus derechos agrarios, es inaceptable que dicho ejido se dotó por el gobierno a estos pobladores para mejorar su calidad de vida trabajando sus tierras, y revisando documentación oficial proporcionada por el representante del ejido Las Palmas, Ernesto Márquez Torres, se aprecia que dichos terrenos expropiados al ejido nunca estuvieron en posesión de los sujetos beneficiados”, finaliza el perito.
La comunidad está en riesgo de morir
“Somos más o menos mil 700 habitantes en el ejido, de esos mil, podría sonar exagerado, pero entre el 60 y el 70 por ciento, están afectados en su salud directamente por esta contaminación, ya con problemas en los pulmones, o problemas de circulación, o cáncer, o manchas en la piel, o diabetes. En todos se manifiesta diferente, pero todos ellos están siendo afectados. Justo ahora, hay cinco de nosotros ya en fase terminal, a una señora se le gangregaron las piernas por envenenamiento, se le reventaron de pus hace unos días. A otro con tumores se lo llevaron primero a Monterrey y ya lo regresaron, para que muera aquí. En total en los últimos 5 años deben haber muerto como 20, 25 personas, y el gobierno municipal no hace nada”.
“¿Por qué?” explica el comisariado: “porque la empresa cementera le ha estado casi regalando material al ayuntamiento, para que pavimenten toda la ciudad, así les han comprado el silencio. Orita vamos a los hospitales de aquí, y los que están enfermos por la contaminación, les dicen que es por otra cosa. Nos enteramos de la realidad cuando los llevamos a hospitales de fuera”.
Al ser cuestionado sobre si se atreverían a movilizar al ejido para protestar ante el gobierno estatal y federal, señaló que ya se ha intentado, “pero en cuanto lo hacemos, los abogados de las empresas le pagan a los 10 o 15 empleados que tienen que son ejidatarios, para que nos traten de demandar por algo, con eso congelan cualquier litigio que estemos llevando, en lo que se resuelve. Por lo mismo los abogados de nosotros nos han estado recomendando que mejor sigamos sólo por las vías legales, e incluso ya nos han tramitado amparos para evitar que nos puedan encarcelar, que también lo intentaron. Hemos sido los líderes del ejido por más de una década, ya nos las sabemos, ya sabemos lo que podrían intentar, por eso ahora también vamos a llevar las quejas a instancias internacionales, al Banco de Desarrollo Interamericano, que también podría sancionar e investigar, porque las leyes en Estados Unidos sí son muy duras con esto, y por ese lado se le podría presionar a estas empresas, si se les castiga allá, es posible que aquí haya un resultado”.
Fuente: Jornada
