Antonio González Vázquez
Garantizar la seguridad física y patrimonial de la población es algo que va más allá de la retórica. La encomienda constitucional tiene la connotación de obligatoriedad para las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Proporcionar tranquilidad y seguridad a la sociedad en su conjunto, es por tanto, una de las tareas más delicadas; no es conveniente simplificarla en el terreno de la oratoria.
La inseguridad es un fenómeno multifactorial que no tiene solución solamente en el fortalecimiento de las corporaciones policíacas: combatir a los grupos criminales de manera letal y descarnada no ha traído más que miles de muertes.
Desde hace tres años, el presidente Andrés Manuel López Obrador modificó la estrategia de guerra emprendida por Felipe Calderón Hinojosa y continuada por Enrique Peña Nieto.
Su noción de que es necesario combatir a la delincuencia obligaba a atender problemas ancestrales como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades vino acompañada de la creación de la Guardia Nacional.
Pero la estrategia de “abrazos sí, balazos no”, tampoco ha funcionado y la nación continúa hundida en la atrocidad y la zozobra que de ello deriva.
En San Luis Potosí se vive con miedo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ocho de cada diez potosinos percibe que el lugar donde vive es inseguro.
Desde el gobierno del panista Marcelo de los Santos Fraga, la entidad entró en una espiral delictiva y de violencia que no ha hecho otra cosa sino crecer.
Las administraciones de Fernando Toranzo Fernández y Juan Manuel Carreras López fueron superadas por la realidad criminal.
Se ajustaron a estrategias federales que no funcionaban y las implementadas desde lo local fueron notoriamente insuficientes. Fueron superados ampliamente por organizaciones que se apropiaron de la plaza.
En ese período, la única solución, era solicitar ayuda al Gobierno Federal, de modo que en los momentos álgidos, arribaban policías federales y militares para hacer presencia y luego se iban.
En la actualidad, hay presencia permanente de la Guardia Nacional, hay más elementos y comandancias, pero eso no ha significado gran cosa: la incidencia delictiva es sostenida y la gente aún vive con miedo.
Los delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión y el homicidio relacionado con la delincuencia organizada, así como otros crímenes del fuero común se cometen con asiduidad.
De enero a septiembre, el promedio mensual de apertura de carpetas de investigación supera las 30 mil. La sociedad está a merced de la delincuencia, mientras que las autoridades reaccionan lentamente.
El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona se comprometió al arranque de su gestión a que se reestablecerán la paz y la tranquilidad.
Eso mismo ofrecieron sus antecesores y fracasaron.
Los acontecimientos más recientes nos muestran que hacer realidad esa promesa resultará muy complicado.
En las primeras dos semanas de la nueva administración suman 16 homicidios, algunos de ellos, delitos agravados con el de secuestro o privación forzada de la libertad de personas. En tres casos, las víctimas eran policías.
Vivimos un presente sangriento que obliga al gobierno a presentar lo más pronto posible su estrategia de combate al delito. Se han anunciado algunos elementos de esa estrategia, pero es necesario presentarla de manera integral con objetivos y metas claras y viables.
Más patrullas, más agentes en las calles, elementos mejor capacitados, mejora en la coordinación con las instancias federales y municipales, la Guardia Civil y un equipo táctico de inteligencia.
Está bien, pero ¿cuál es el plan?
El Gobierno Federal informa con puntualidad sobre la inseguridad, hay reportes diarios de homicidios dolosos y robo de vehículos. Mes a mes se difunden datos estadísticos que hacen posible conocer la dimensión del problema.
Eso está bien y sería correcto que se haga un esfuerzo similar en San Luis Potosí, municipio por municipio.
Pero ¿cuál es el plan de acción una vez que se tiene la información?
Solo aquello que se mide puede ser evaluable y luego de ello, es posible afinar estrategias en cuanto a lo que no da resultados.
El gobernador reitera su compromiso de que se reestablecerán la paz y la tranquilidad, eso es lo que de inicio la gente desea escuchar, pero inmediatamente después su anhelo es que las palabras se concreten en hechos.
Y hechos es con lo que tendrá que hablar el gobierno estatal, al igual que los presidentes municipales.
No todo es responsabilidad y obligación de la Federación.
Aún es posible recordar al ex gobernador Marcelo de los Santos, quien tras alguna atrocidad ocurrida, simplemente decía “eso es de competencia federal”.
