La Casa de los Saberes Gu’wa Kumá, el Centro de Justicia para las Mujeres de la Montaña y el Componente Estrategia Integral para el Bienestar de Mujeres y Niñas se encuentran en paro, dejando sin atención a decenas de víctimas de violencia en Guerrero. La suspensión de actividades surgió luego de que la Secretaría de la Mujer estatal dejara de pagar los salarios del personal durante siete meses, afectando directamente el seguimiento legal y el acompañamiento que reciben mujeres indígenas de la región.
Noemí Prisciliano Fernández, coordinadora de Gu’wa Kumá, explicó que el gobierno estatal solo cubrió los primeros cuatro meses de salario y lo hizo hasta junio pasado. Desde entonces no han recibido recursos. Señaló que esta falta de apoyo ha frenado por completo procesos legales, como juicios de alimentos y carpetas de investigación por violencia familiar, ya que las profesionistas no cuentan con recursos para trasladarse y dar seguimiento.
La situación resulta especialmente grave porque, según Noemí, las usuarias dependen de estos servicios para no quedar en total indefensión. La abogada lamentó que ni las profesionistas ni las embajadoras indígenas ni el chofer puedan trabajar sin recibir su paga, lo que deja a mujeres y familias de escasos recursos sin apoyo legal ni acompañamiento psicológico o institucional.
El problema se presenta en pleno “Año de la Mujer Indígena”, proclamado por el gobierno federal. Sin embargo, tanto la administración de Claudia Sheinbaum como el gobierno estatal de Evelyn Salgado han sido señalados por mantener en el abandono tanto a las víctimas como a quienes las atienden. Las trabajadoras denuncian que no existe un respaldo real hacia las comunidades indígenas, pese al discurso oficial de prioridad.
Gu’wa Kumá fue creado como parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de Inés Fernández Ortega, una mujer me’phaa que denunció tortura sexual a manos de militares en 2002. Como reparación, el Estado mexicano quedó obligado a sostener un centro comunitario atendido por mujeres indígenas profesionistas que hablen la lengua de las víctimas. Pese a ello, Noemí señala que el gobierno federal no ha querido asumir esta responsabilidad y la ha dejado en manos del gobierno estatal, que argumenta falta de presupuesto.
En julio pasado, representantes federales y estatales visitaron la Casa de los Saberes para escuchar las denuncias del personal. En una minuta oficial, prometieron cubrir salarios, atender necesidades del centro comunitario, mejorar el albergue de adolescentes indígenas y crear una partida presupuestaria especial para 2026. También acordaron reuniones periódicas para evaluar el avance en el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH.
No obstante, Noemí afirma que ninguno de esos compromisos se ha cumplido. Comentó que en una audiencia privada con jueces de la Corte Interamericana, expusieron nuevamente que el Estado mexicano continúa sin garantizar un fondo permanente para que el centro comunitario funcione, por lo que las mujeres de la Montaña siguen sin recibir atención adecuada ni protección.
Las profesionistas denuncian, además, que desde el inicio del paro ninguna autoridad de ningún nivel de gobierno se ha acercado para dialogar o buscar una solución. Para Noemí, esto demuestra que los discursos oficiales no se traducen en acciones reales a favor de las mujeres indígenas, ni para quienes trabajan en instituciones ni para quienes lo hacen desde organizaciones civiles.
