El debate por las llamadas “pensiones doradas” escaló en San Luis Potosí tras el enfrentamiento público entre la Rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Congreso del Estado, en el contexto de la reforma nacional que busca limitar los altos montos de jubilación en organismos públicos.
El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, defendió el esquema de pensiones de la institución al asegurar que es “sano”, “funcional” y que cumple con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Además, sostuvo que el modelo ha sido modificado en al menos cuatro ocasiones y que, desde 2021, las pensiones cuentan con un tope, por lo que descartó irregularidades.
Sin embargo, su postura se dio en medio de críticas impulsadas desde el Poder Legislativo, particularmente por el diputado Héctor Serrano Cortés, quien ha cuestionado posibles excesos en las jubilaciones universitarias, especialmente en el caso de exrectores.
El posicionamiento del rector no estuvo exento de polémica, ya que desestimó los señalamientos al referirse al legislador, poniendo en duda su legitimidad para opinar sobre la universidad, lo que tensó aún más el intercambio entre ambas partes.
Este conflicto ocurre en un contexto nacional marcado por la reforma en materia de pensiones promovida por el gobierno federal, la cual busca establecer límites a las jubilaciones de servidores públicos y eliminar privilegios considerados desproporcionados.
De hecho, el Congreso de San Luis Potosí ya avanzó en esa línea al aprobar reformas que fijan un tope a las pensiones, estableciendo que ninguna podrá superar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, con el objetivo de garantizar equidad y sostenibilidad en el gasto público.
En este escenario, el punto de fricción radica en si las universidades públicas, bajo el principio de autonomía, deben o no ajustarse a estos nuevos criterios. Mientras el Legislativo sostiene que toda institución que reciba recursos públicos debe someterse a reglas de austeridad y transparencia, la Rectoría insiste en la legalidad y viabilidad de su sistema actual.
El caso de la UASLP se perfila así como un nuevo frente en la discusión nacional sobre el alcance de la austeridad republicana y los límites de la autonomía universitaria frente al uso de recursos públicos.
