El proceso de reubicación de alumnos y maestros de la Escuela Secundaria Técnica Número 1 (ETI) ha generado incertidumbre y descontento entre la comunidad educativa. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) planteó cuatro opciones para trasladar a la plantilla y estudiantes tras la decisión de destinar las instalaciones de la ETI a la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Sin embargo, estas alternativas han sido calificadas como insuficientes debido a la saturación de las instituciones propuestas.
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la SEGE, mencionó que los alumnos y docentes podrían ser trasladados a las escuelas secundarias Ciriaco Cruz, Jaime Torres Bodet, Potosinos Ilustres o Moisés S. Jiménez. No obstante, estas instituciones ya enfrentan problemas de sobrepoblación estudiantil, con grupos que superan los 50 alumnos por salón.
Enrique Silva, docente de la ETI, señaló que el personal aún no ha recibido información clara sobre el proceso de reubicación y aseguró que no han dado su consentimiento para el traslado. “Nos dijeron que podríamos elegir una zona o escuela donde nos sintiéramos conformes, pero no se ha definido nada”, comentó Silva.
Durante una reunión entre docentes y el secretario de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez, se discutió la problemática, destacando que las opciones propuestas no resuelven las necesidades de espacio y que muchas escuelas operan con plantillas incompletas.
Por su parte, los padres de familia expresaron su preocupación, pues consideran que la reubicación afectará el prestigio de la institución y el desempeño académico de los estudiantes. Además, denunciaron irregularidades en la solicitud de información personal de los alumnos a través de medios no oficiales como WhatsApp.
Martha, madre de familia, comentó: “Muchos elegimos esta escuela por su prestigio. No solo se trata de cambiar de ubicación, sino de perder la calidad educativa que ofrece”.
La comunidad educativa de la ETI solicita a las autoridades revisar el plan de reubicación y garantizar un proceso transparente que respete los derechos laborales de los docentes y las condiciones óptimas para los estudiantes.
