Fernanda Durán
Pese a que diversos centros comerciales de la capital potosina continúan cobrando por el uso de estacionamiento gracias a suspensiones judiciales, y a más de un año de la entrada en vigor de la reforma que estableció su gratuidad, un ciudadano ha solicitado formalmente al Congreso del Estado derogar dicha disposición.
La propuesta fue presentada por el licenciado Alejandro Máximo Garzón García, quien ingresó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 280 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado con el objetivo de permitir nuevamente que los establecimientos comerciales y de servicios puedan decidir libremente si cobran o no por el uso de sus estacionamientos, sin que se requiera una concesión como servicio público.
En su exposición de motivos, Garzón argumenta que la reforma aprobada en diciembre de 2023 transgrede derechos fundamentales como la libertad de comercio y el derecho a una retribución justa, protegidos por el artículo 5 de la Constitución Política de México.
Considera que imponer la gratuidad a las plazas comerciales —sin ofrecer compensaciones económicas— es una carga “desproporcionada e injustificada” que vulnera el derecho de los propietarios a administrar sus bienes conforme a su modelo de negocio.
La propuesta contempla que el cobro quede a discreción del titular del inmueble o concesionario, siempre y cuando se garantice un mínimo de quince minutos de tolerancia sin costo para los usuarios. Una disposición similar a la que se tenía antes de la reforma de gratuidad, que tampoco era cumplida por los comercios.
La propuesta busca revertir el decreto publicado el 18 de diciembre de 2023, promovido por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y avalado por el Congreso del Estado con el respaldo de las bancadas del PVEM y del PT.
La reforma fue ampliamente difundida en medios oficiales y redes sociales como una acción de beneficio popular, y utilizada como estandarte por sus impulsores en el periodo previo a las elecciones de 2024.
Desde su promulgación, la reforma ha estado sujeta a una intensa batalla legal. Entre enero y febrero de 2024, al menos 18 centros comerciales interpusieron juicios de amparo, según reportes oficiales del Congreso, de los cuales cinco obtuvieron suspensiones definitivas que les han permitido seguir cobrando: El Dorado, The Park, Citadella, la Terminal Terrestre Potosina y Citadina; otros —como Plaza Fiesta, Sam’s, Walmart Salvador Nava, Bodega Aurrera Reforma y Plaza Chapultepec— enfrentaron resoluciones desfavorables en primera instancia, aunque varios de estos casos continuaron su curso en tribunales federales.
La situación provocó incluso que el Congreso del Estado anunciara en 2024 una investigación interna sobre permisos provisionales expedidos por el Ayuntamiento de San Luis Potosí a favor de algunos estacionamientos.
Se detectaron licencias de operación otorgadas en diciembre de 2023, justo después de aprobada la reforma, lo que levantó sospechas sobre una posible estrategia legal para fortalecer el interés jurídico de los quejosos en los juicios de amparo.
En paralelo, el Ayuntamiento de San Luis Potosí reconoció haber sido notificado de al menos 11 juicios de amparo contra la gratuidad, aunque señaló que no había recibido quejas formales por parte de la ciudadanía respecto al cobro en centros comerciales.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos declaró entonces que la mayoría de las personas seguían pagando por costumbre, y que sin denuncias, la autoridad municipal no podía proceder a sancionar.
Con la nueva iniciativa ciudadana, el Congreso deberá ahora valorar si da trámite legislativo a la reforma que plantea regresar al esquema anterior, en el que los estacionamientos podían ser gratuitos o de cobro según lo determinara cada establecimiento y en caso de aprobarse, se cancelaría el mandato vigente que obliga a ofrecer estacionamiento gratuito a los clientes de centros comerciales y de servicios.
