El reciente incremento en la tarifa de los autobuses de transporte urbano ha sido calificado como ilegal por el presidente de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias. Según explicó, este ajuste, el más alto desde 2017, se realizó sin cumplir con los procedimientos legales establecidos, dejando a los usuarios del servicio en una posición desventajosa.
La responsabilidad de frenar estas acciones recae, en teoría, en los diputados locales. Sin embargo, González Covarrubias señaló que los legisladores han mostrado más interés en respaldar al Ejecutivo estatal y a los permisionarios del transporte público que en defender los derechos de los ciudadanos. “Es evidente que están en contra de la ciudadanía y a favor de los intereses económicos de los concesionarios”, afirmó.
Ante esta situación, las alternativas legales para los afectados incluyen la promoción de juicios de amparo. Este recurso permitiría proteger derechos constitucionales vulnerados por el polémico aumento. González Covarrubias destacó que será la ciudadanía organizada, junto con abogados, activistas y usuarios del transporte, quienes tendrán que asumir la lucha para revertir esta medida.
En épocas pasadas, las organizaciones estudiantiles lideraban estos movimientos de oposición, pero con su desaparición, el vacío ha quedado sin llenar. “Es momento de que los colectivos sociales y profesionales del derecho se unan para contrarrestar este tipo de atropellos”, concluyó el líder de Ciudadanos Observando.
