En San Luis Potosí, decenas de centros de rehabilitación para personas con adicciones —conocidos comúnmente como anexos— operan en condiciones deplorables, sin personal médico, sin protocolos de atención y fuera de toda regulación sanitaria.
Así lo advirtió Javier Urbano Herrera, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), tras el arranque del proceso de reordenamiento de estos espacios por parte del Ayuntamiento capitalino.
El funcionario explicó que muchos de estos lugares son, en realidad, casas habitación adaptadas sin permisos, donde los pacientes son internados sin diagnósticos médicos, sin procedimientos de desintoxicación y sin condiciones mínimas de higiene en baños, regaderas o áreas comunes.
“Son lugares clandestinos donde las familias internan a sus seres queridos con la esperanza de ayudarlos, pero no hay ningún tipo de control sanitario ni atención profesional”, alertó Herrera.
Solo 60 centros están certificados
De acuerdo con la Coepris, únicamente 60 centros en todo el estado cuentan con registro y verificación sanitaria. No obstante, el número de anexos ilegales podría ser considerablemente mayor.
Durante el proceso de inspección, la dependencia ha detectado al menos 10 establecimientos irregulares y ha dado aviso formal al DIF Estatal, al Ministerio Público y a Protección Civil para su intervención.
Sin embargo, el cierre inmediato de estos sitios representa un reto. “Es difícil colocar sellos de clausura cuando hay personas internadas. Necesitamos actuar de manera coordinada con otras instancias”, explicó el titular de Coepris.
Llaman a denunciar
Herrera hizo un llamado a la ciudadanía para reportar estos espacios irregulares y advirtió que muchos de ellos continúan operando sin supervisión, aprovechándose de la urgencia de familias que buscan alternativas ante la falta de centros públicos o especializados en el tratamiento de adicciones.
